El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha acordado, por segunda vez, el archivo de la causa contra la gerente de Podemos Rocío Esther Val, por los presuntos sobresueldos en la formación morada. En concreto, acusaba a Val de administración desleal.

Escalonilla ha tenido en consideración la declaración como testigo del anterior gerente del partido, Pablo Manuel Fernández, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera. Fernández había sido llamado como testigo del abogado José Munuel Calvente, impulsor de la denuncia que abrió esta investigación y la del contrato de Podemos con la consultora Neurona, pero el exgerente le desmintió en todas las acusaciones. El juez también ha examinado los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos, que autorizaban dichos complementos salariales para Val y el tesorero, Daniel de Frutos.

Los complementos en cuestión son de 210 euros y de 400 euros al mes para la gerente y el tesorero, respectivamente. En la denuncia de los abogados despedidos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, consta que esos complementos no figuraban en las tablas salariales del partido morado. Pero el juez argumenta que los órganos de Podemos aprobaron dichas cantidades.

"Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa", indica el juez en su auto de archivo.

Es la segunda vez que el juez archiva esta investigación. En un auto del 11 de marzo indicó que la gerente del partido tenía facultades para incluir complementos en las nóminas de los trabajadores y que los órganos del partido aprobaron esas cantidades, por lo que descartaba cualquier delito. Sin embargo, Escalonilla reabrió la causa al admitir un recurso de Vox. Ahora la vuelve a cerrar.