La jueza cita a declarar a la mujer que denuncia al diputado socialista de Madrid Javier Guardiola por agresión sexual

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa Freire, ha citado a declarar el próximo 6 de octubre a la mujer que presentó una denuncia contra el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por presunta agresión sexual. 

La jueza toma la decisión una vez que desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se le insta a que motive si hay indicios de delito en la denuncia, en cuyo caso correspondería la instrucción al tribunal superior debido a la condición de aforado de Guardiola. 

En un auto al que ha tenido acceso este diario, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM declara que no procede en estos momentos pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la denuncia hasta que la jueza instructora realice una mínima investigación de los hechos denunciados, ya que ni siquiera ha escuchado a la denunciante, sino que había recogido sus afirmaciones vertidas en el atestado policial para inhibirse a favor del TSJM, competente para investigar a los aforados de Madrid. 

El TSJM rechaza la inhibición y ordena la investigación mínima para saber si existen "indicios razonables mínimos" de la presunta comisión de los hechos denunciados. 

La mujer, del entorno del PSOE de Madrid, denunció el pasado mes de abril que en septiembre de 2021 fue víctima de una agresión sexual por parte de Guardiola, cuando este era secretario general de las Juventudes Socialistas. Los hechos ocurrieron tras acompañar supuestamente el dirigente socialista a la mujer al hospital. 

Guardiola, que ejerce de portavoz de la Comisión de Juventud en la Asamblea de Madrid, ha negado los hechos. Desde el inicio (el caso se conoció antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo), ha afirmado públicamente y a miembros de su propio partido, que la denuncia es falsa y que la mujer miente.

Desde el PSOE, su secretario general en Madrid, Juan Lobato, afirma a este diario desconocer las últimas actuaciones judiciales más allá de lo leído en los medios de comunicación y manifiesta no haber tenido acceso a documentos judiciales sobre la denuncia. Lobato sí reconoce haber conocido la acusación de la víctima hace meses, antes de las elecciones locales.

El PSOE afirma que actuará si se abre procedimiento judicial

"Lo que entendemos que ha ocurrido en estos días, es que la jueza que recibe la denuncia no ha hecho nada y ha pasado el tema al TSJM y que éste le ha dicho que primero investigue si hay indicios y, si es así, lo vuelva a remitir al TSJM". En conversación telefónica Lobato afirma a Público que habló con Guardiola "en su momento, hace unos meses cuando empezó esto y me dijo que todo era mentira. Le pedí que si le llegaba algún tipo de notificación informara. Hasta el momento no se ha hecho nada. No se le ha tomado declaración, ni le ha llegado nada", afirme el dirigente socialista.

Sobre el tema de la veracidad o no de los delitos, Lobato comenta que el abogado de Guardiola ha afirmado a los medios de comunicación que se trata de una denuncia falsa, "pero hay que tener en cuenta que el 95% de los denunciados por delitos sexuales afirman siempre que se trata de denuncias falsas".

"Si se abre procesamiento actuaremos, claro. Sobre todo en temas como estos, en los que tenemos una sensibilidad inmensa y siempre aplicamos código ético con más intensidad y contundencia", añade.

El máximo representante del PSOE en Madrid aclara que en estos casos quién toma la decisión sobre una posible suspensión de un cargo electo es el partido a nivel federal. La comisión federal de ética y garantías, "que es quien puede abrir un procedimiento disciplinario y quién fija el código ético y puede fijar posturas".

Si bien el código ético del partido estipula que la suspensión o destitución de un cargo se realiza cuando se abra contra él (o ella) un juicio oral, Lobato aclara que existen cláusulas que consideran algunas actuaciones como "particularmente graves". Este sería el caso de delitos sexuales. 

"En un caso de prevaricación administrativa, por ejemplo, no se echa a nadie hasta que no se inicie ese juicio oral. Pero si el caso es más grave o evidente, la comisión federal de ética y garantía podría actuar antes incluso que se inicie ese juicio. Pero quien decide, interpreta los códigos y acuerda los tiempos es dicha comisión", añade Lobato.