Una jueza pide juzgar a un diputado ceutí por delito de odio al llamar "cobarde fascista" a un miembro de Vox en un pleno

El auge de la ultraderecha en Ceuta es un polvorín con reflejo directo en su Asamblea, que registra continuas trifulcas entre los cuatro diputados de Vox --otros dos se pasaron al bloque de los no adscritos-- y los del resto de partidos locales. Son frecuentes los plenos suspendidos en el último año por el elevado tono de crispación propiciado por los mensajes contra la población musulmana, prácticamente la mitad de los ceutíes. Este lunes, sin ir más lejos, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha suspendido el pleno por los insultos y calificaciones de "promarroquíes" dirigidos a los diputados Fatima Hamed, líder de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), y Mohamed Alí, portavoz de la coalición progresista Caballas. 

Pero hubo un pleno inolvidable, el del miércoles 29 de enero de 2020, en el que los insultos y la tensión fueron de tal calibre que en un momento dado se temió que los diputados llegaran a las manos. El motivo: un chat interno de los miembros del partido ultra donde se vertían comentarios racistas; un asunto que investiga actualmente la Justicia.  Los mensajes investigados contenían odio contra los musulmanes, repudiando la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" y la "islamización" de la localidad y arremetiendo contra los "moros". "Que haya españoles que digan que tenemos que tragar moros por cojones ya es indicativo de lo enferma que está Ceuta y España", se podía leer en el chat.

Precisamente, derivada de ese pleno en la Asamblea de Ceuta se acaba de producir una noticia un tanto insólita. La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de la ciudad autónoma propone juzgar por delito de odio a Mohamed Alí, líder de Caballas, porque en ese pleno le espetó a Juan Sergio Redondo, miembro de Vox: "Sal a la calle y dile a la gente que quieres matarlos, que los quieres echar, ... cobarde y fascista, a ti lo que hay que hacerte es otra cosa...", consta en el auto de la jueza María de la Luz Lozano, al que ha tenido acceso Público. 

La magistrada rechaza el delito de amenazas que denunció Vox contra Alí y dos personas que se encontraban entre el público en el pleno y que profirieron descalificaciones contra los diputados ultras. Pero lejos de archivar la denuncia, considera que el delito que presuntamente se pudo cometer es el de odio y propone el enjuiciamiento de las tres personas denunciadas. 

En su auto, la jueza Lozano recoge las expresiones de las dos personas del público denunciadas, como por ejemplo: "Voy a coger una pistola y os voy a matar a todos vosotros";  "Que os maten a todos. Eres un hijo de puta"; "Te voy a coger en la calle y te voy a reventar con un bufido". 

Así razona la magistrada el sobreseimiento del delito de amenazas: "De las diligencias de investigación practicadas no resulta debidamente justificada la perpetración de este tipo delictivo, por cuanto las expresiones vertidas por los investigados, proferidas además en un contexto de confrontación política (...) fueron fruto del acaloramiento del momento, y no se desprende que realmente las expresiones encerraran unas amenazas serias y firmes de perpetrar un mal contra los miembros de Vox Ceuta, ni un propósito deliberado de llevar las mismas al terreno de los hechos". 

Sin embargo, defiende que las expresiones vertidas en ese pleno contra Vox son constitutivas de delito de odio: "Concurren indicios de que las

expresiones vertidas por los investigados se debían a una situación previa de

animadversión por el mero hecho de representar los denunciantes a un partido político determinado, en este caso Vox". Y se olvida la jueza del contexto de ese pleno: el chat racista del partido de ultraderecha.

Según el artículo 510  del Código Penal, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o

creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

La jueza Lozano indica que los tres denunciados "tenían por finalidad, dado además el carácter público del pleno, fomentar la hostilidad contra Vox Ceuta", un partido "además con alto número de votos en esta Ciudad Autónoma, por lo que representan a una parte importante de la sociedad ceutí-, y por el mero hecho de ser integrantes del mismo". Dice la magistrada que "una cosa es la legítima crítica política y otra muy diferente la animadversión". 

Considera también que  "el fascismo fue algo muy grave en la historia de la Humanidad como para que se utilice tal palabra con semejante ligereza, precursor del nazismo y con las terribles consecuencias históricas que todos conocemos". Desde la coalición Caballas explican a este diario que no entienden la decisión de la jueza: "Parece que se está queriendo proteger a Vox", indican.

Condena en Valladolid

Hace mención la magistrada a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 19 de enero de 2021, que apreció un delito de odio respecto de Vox, "cuyos miembros fueron increpados con expresiones prácticamente idénticas a las que se valoran en esta instrucción: "Fascistas de mierda, qué hacéis aquí, sois unos putos maricones, hijos de puta, defendéis la puta mierda de la corrupción", consta en el auto. Un hombre fue condenado a dos  años de prisión por increpar en la calle a un grupo de militantes de Vox en Valladolid en marzo de 2019.