El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para quedar en libertad, alegando que se le castiga por su ideología pese a que el proceso catalán ha sido pacífico y que la declaración de independencia expresó una "voluntad política" sin valor jurídico.

En el recurso, Junqueras, que lleva más de cien días en prisión por los delitos de rebelión y sedición, pide al Constitucional que tramite su petición de excarcelación de forma "urgente", para "evitar daños irreparables", al considerar que se están vulnerando sus derechos como diputado, ya que le están aplicando una "incapacitación legal" sin precedentes.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, rechaza en el escrito que se pueda imputar al líder de ERC los delitos de rebelión o sedición porque el proceso catalán para la independencia ha sido siempre pacífico, al tiempo que recuerda que el Constitucional ha sentenciado que la libertad de expresión vale también para difundir ideas u opiniones que "contrarían, chocan o inquietan al Estado".

El abogado de Junqueras remarca que "la declaración de independencia que, como es público y notorio, no fue seguida de actos jurídicos que la materializasen"

En este contexto, remarca que en el ordenamiento constitucional español tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse, y también las decisiones y actos parlamentarios, de naturaleza política, "incluida una declaración de independencia que, como es público y notorio, no fue seguida de actos jurídicos que la materializasen".

Según Junqueras, la declaración de independencia que votó el Parlament el pasado 27 de octubre fue fruto de la "legítima libertad de expresión de unos diputados que conformaban una amplia mayoría parlamentaria y que expresaban una voluntad política cuya eficacia se incardinaba en procedimientos parlamentarios independientes, basados en el debate político, y sin otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad de expresión".

No hay voluntad de "ejecutar acto ilícito alguno"

El recurso de Junqueras rebate la tesis del juez del Supremo Pablo Llarena para mantenerle en prisión por riesgo de reincidencia, al asegurar que no es candidato a la presidencia de la Generalitat y que en el actual contexto político en Catalunya "no existen condiciones para esa supuesta reiteración" ni voluntad del líder de ERC ni de su partido "de ejecutar acto ilícito alguno".

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Según sostiene el escrito, la prisión provisional "castiga la ideología" de Junqueras, por lo que su abogado apela a su libertad ideológica: "Mi representado y el resto de encausados junto a él no han dejado ni van a dejar de ser independentistas, ni nadie puede exigirles lo contrario. Tener unas determinadas ideas políticas, y mucho menos defenderlas, no puede ser nunca perseguible penalmente".

"No se está enjuiciando exclusivamente la comisión de unos presuntos ilícitos penales, sino las ideas independentistas de mi representado. Aunque pueda generar incomprensión entre las personas que legítimamente defienden la unidad de España, es evidente que no constituye delito alguno pretender modificar el principio de unidad política que consagra el artículo 2 de la Constitución", apunta.

"La actuación y discurso (de Junqueras) son los de una persona pacifista y así es concebido ampliamente tanto en Catalunya como fuera de ella"

En este sentido, el recurso sostiene que, más allá de la "legítima discrepancia" que pueda existir sobre la ideología política de Junqueras, "su actuación y su discurso son los de una persona pacifista y así es concebido ampliamente tanto en Catalunya como fuera de ella".

El escrito, en el que el abogado denuncia que se han vulnerado derechos fundamentales en el proceso judicial, sostiene que la decisión del Supremo de mantener a Junqueras en prisión resulta una "indebida sanción a su ideología, a sus creencias y orientación política".

"Proscribir el debate de las ideas es, pues, simple y llanamente incompatible con la democracia", advierte el escrito, en el que Junqueras remarca que la Constitución "no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente del que se produce en sede parlamentaria, aún cuando se dé una discrepancia entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución".

Para desvirtuar el riesgo de reiteración delictiva, el escrito también remarca que ninguno de los exconsellers del Govern que ya han salido de prisión "ha dado muestra de reiteración delictiva alguna".

También denuncia que, al mantenerle en prisión, el juez "destruye" sus derechos políticos como parlamentario y los de la ciudadanía a los que representa, al tiempo que insiste que se le está perjudicando al situar la causa en el Supremo -donde no tiene posibilidad de segunda instancia-, pese a que nada de lo que se les atribuye ocurrió fuera de Cataluña.

El recurso de amparo al Tribunal Constitucional agota la vía interna para poder acceder a la jurisdicción internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.