La Sección 5 de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado este jueves mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones catalanas para el 14 de febrero, después de recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat. Así, se ha confirmado la suspensión del decreto del Govern que aplazaba los comicios al próximo 30 de mayo.

En un auto, la sala establece que hay que mantener las medidas cautelarísimas que dictó el pasado martes, por las que suspendía el aplazamiento electoral a la espera de resolver en su sentencia, que dictará antes del próximo 8 de febrero, sobre los recursos presentados contra el decreto del Govern.

La parte dispositiva de la decisión acuerda "mantener la suspensión del Decreto 1/2021, de 15 de enero, acordada en Auto de fecha 19 de enero de 2021, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament del 14 de febrero de 2021".

La Sala ha acordado acortar los trámites de la demanda "por razones de urgencia" y, en lugar de los ocho días habituales, ha dado a las partes cuatro días para presentar más documentación y argumentos para la sentencia definitiva, que el tribunal prevé publicar, como máximo, el 8 de febrero. Este jueves los magistrados han comunicado solo la decisión, y prevén publicar la resolución íntegra con sus argumentos este viernes.

La Generalitat ha apurado el plazo establecido por el TSJC y, esta misma mañana, ha presentado sus alegaciones en defensa del decreto de aplazamiento de las elecciones del 14F y tres informes que justifican posponer los comicios hasta el 30 de mayo.

Uno de los informes está firmado por el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria, y alerta de que el "pico de presión" en las UCI se alcanzará "pocos días antes" del 14F.

Otro de los informes fue elaborado por el gabinete jurídico de la Generalitat, que alega que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, dispone de la "competencia para dejar sin efecto las elecciones" convocadas automáticamente para el 14 de febrero.

El tercero es obra de la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, que cuestiona la "legitimidad" del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de "grave impacto" de la pandemia sobre las "garantías democráticas".

Por su parte, la Fiscalía presentó ayer su informe al respecto, en el que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, defendía mantener en suspenso el aplazamiento electoral, porque, de lo contrario, sería "inviable" celebrar las elecciones el 14 de febrero, con lo que los recursos "perderían su finalidad".

Es el mismo argumento en el que el TSJC basó sus medidas cautelarísimas: evitar que su resolución final, en caso de acabar estimando los recursos, tuviera efectos "irreversibles" sobre la convocatoria electoral del 14F, que exige poner ya en marcha el proceso para llevar a cabo la votación.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha alertado de que el procedimiento electoral de las elecciones catalanas está "en riesgo". Para Budó, la decisión del TSJC sobre las elecciones pone "en riesgo no sólo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral al quedar alterados los procedimientos reglados".

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la decisión del tribunal. "Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud", ha afirmado.

Este mismo jueves, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un sondeo donde sitúa al PSC como ganador en las próximas elecciones autonómicas en Catalunya. El PSC sería el partido más votado, con una estimación de voto del 23.9% y entre 30 y 35 escaños, tras el cual se situaría ERC, con un 20,6% y entre 31 y 33 escaños.