La pelea ha sido larga. Muy larga. Tanto que acabó convirtiéndose en una parte de sus vidas, de sus historias personales. Hoy, los guardias civiles que sufrieron persecución y expulsiones por formar un sindicato democrático en los años 80 acaban de recibir la confirmación oficial del Estado: nada de esto tendría que haber ocurrido. Fue, sencillamente, una injusticia.

"El Servicio de Información me llevó detenido bajo la acusación de sedición. Me tuvieron toda una noche entre torturas e insultos", dice al otro lado del teléfono el Cabo Manuel Rosa. Sus recuerdos del infierno se remontan al 20 de noviembre de 1986, cuando fue detenido bajo la acusación de estar detrás de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC). 

Rosa permaneció casi 10 años en prisión. La represión también se cebó contra José Morata Gargallo, José Piñero González y Manuel Linde Falero –ya fallecido–, perseguidos por su vinculación con el grupo de guardias civiles que pretendían defender sus derechos bajo el amparo de la democracia.

El Gobierno de Felipe González, involucrado entonces en la guerra sucia contra ETA que encarnó el GAL –y en la que estuvieron involucrados varios cargos de la Guardia Civil– lanzó la denominada 'Operación Columna' para tratar de cortar definitivamente aquellos intentos de democratización interna en el cuerpo armado. 

En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional dictaminó en 1990 que los afectados tenían derecho a crear asociaciones profesionales, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en 2006 por este caso.

El calvario de los agentes expulsados no acabó con esas resoluciones. "Después de 40 años, en la Guardia Civil siguen queriéndome comer vivo", afirmó el Cabo Manuel Rosa a Público. 

Una enmienda clave

El diputado Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha tenido un papel fundamental para tratar de acabar con esa larga persecución, cuyas secuelas siguen marcando la vida de los afectados. 

Santiago consiguió que la Ley del Derecho de Defensa incluyera una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Sumar (en el que está integrado Izquierda Unida) mediante la cual se establece la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por este caso. 

Mediante esta iniciativa, el grupo político buscaba resolver "esta deuda histórica con los guardias civiles promotores del derecho de asociación profesional" en ese cuerpo.  

De esta manera, la entrada en vigor de esta nueva ley en noviembre pasado ha traído la rehabilitación de los agentes expulsados. Esta semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó la rehabilitación de los involucrados en este caso, lo que implica la recuperación de los derechos que perdieron a  raíz de la persecución sufrida. 

"Justicia y memoria"

Esta medida supone la eliminación de cualquier sanción, incluida la expulsión, al tiempo que se les reconocen los grados que deberían haber obtenido en sus respectivas carreras como guardias civiles y se determina que cobrarán la pensión que efectivamente les corresponde.

"La amnistía de estos agentes era una reclamación histórica", afirma Santiago a Público. El diputado destacó que esta medida, fruto de una "lucha de largos años" por parte de los afectados y respaldada por Izquierda Unida, "es justicia política y memoria democrática".