La larga sombra de la corrupción que sobrevuela sobre el pujolismo

Once años y cuatro meses después de la célebre confesión de Jordi Pujol en la que reconocía que, desde hacía décadas, la familia tenía una fortuna oculta en Andorra sin regularizar, el caso contra él y sus siete hijos –además de varios empresarios– llega finalmente a juicio. La Audiencia Nacional iniciará este lunes un maratoniano proceso que se alargará hasta abril y donde están citados a comparecer más de 250 testigos.

El tribunal tendrá que valorar unas acusaciones que les atribuyen la comisión de diversos delitos, como asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, entre otros. Pero, además, aunque sea de manera indirecta, la cita será también un juicio al pujolismo. Aunque, finalmente, casi con total seguridad quien presidió la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003 no tendrá que afrontarlo, a consecuencia de su estado de salud.

Con 95 años y parcialmente recuperado del ostracismo social –y político– que experimentó tras la confesión del 26 de julio de 2014, en los últimos tiempos han abundado las producciones que abordaban las luces y sombras del también fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En la Audiencia Nacional, sin embargo, básicamente se abordarán varios de los capítulos que constituyen las sombras de quien durante muchos lustros fue el factótum del catalanismo conservador.

"Sistema integral de poder"  

En el monumental volumen Llums i taquígrafs. Atles de la corrupció, el frau i la impunitat als Països Catalans (Pol·len Edicions), una obra colectiva coordinada por el exdiputado de la CUP David Fernàndez y el periodista Àlex Romaguera, se define el pujolismo como "un sistema integral de poder y, sobre todo, una forma de ejercerlo, entenderlo y distribuirlo entre los afines". Y se señala la responsabilidad del expresidente, una persona que en los años 80 del siglo pasado fue clave en la "construcción del nuevo poder autonómico" que "se convirtió pronto en una especie de colocadora. Y mientras eso ocurría, Pujol miraba hacia otro lado, consentía las aventuras del sector de negocios de CDC y se hacía el sueco con los negocios de su hijo".

La misma obra subraya que "un 20% de los consellers" de los gobiernos de Pujol "llegaron a estar investigados judicialmente" por casos de presunta corrupción, cuya sombra sobrevoló durante años y años sobre el pujolismo y los partidos que lo gestionaban, las antiguas Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), durante décadas integrantes de Convergència i Unió (CiU). Repasamos los principales casos de corrupción que, de un modo u otro, impactaron en el pujolismo.

Del 'caso Palau' al 'caso Treball'

Seguramente el ejemplo más célebre de corrupción que impacta a la antigua CDC es el caso Palau o caso 3%. En abril de 2020, el Tribunal Supremo ratificó la condena que dos años antes la Audiencia Provincial de Barcelona había impuesto a Fèlix Millet y Jordi Montull, antiguos factótums del Palau de la Música, y a Convergència, pues consideró probado que entre 1999 –aún con Pujol al frente del partido y del Govern– y 2009 la formación había recibido 6,6 millones de la constructora Ferrovial a través de la institución cultural a cambio de la concesión de obras públicas.

Si se pone el foco en los años de gobierno pujolista, en 1994 fue condenado a siete años de prisión Jordi Planasdemunt, antiguo conseller de Economía. Había sido imputado por un delito de estafa por haber organizado una red de pagarés falsos por valor de 4.000 millones de pesetas a través de la empresa BFP-Gestió i Assessorament Financer. Planasdemunt pasó tres años entre rejas y murió en 1998, un año después de ser excarcelado.

Hubo más condenas por acciones cometidas durante sus 23 años de Govern, aunque las sentencias llegaran posteriormente a 2003 y afectaran a la antigua UDC, el partido que durante décadas dirigió con mano de hierro Josep Antoni Duran i Lleida. El caso Pallerols –llamado así por el empresario andorrano Fidel Pallerols– escondía una trama de financiación ilegal del partido de Duran a través del desvío de subvenciones de la UE articuladas desde el Departament de Treball, encabezado por Ignasi Farreres. En 2013, los principales imputados –el empresario Pallerols y tres militantes de Unió– aceptaron penas que no implicaban ingreso en prisión y la sentencia reconoció la financiación ilegal del partido, que se vio obligado a devolver casi 400.000 euros.

El caso Turisme también retrató la financiación ilegal de la antigua Unió, en este caso a través de los contratos adjudicados por el Consorci de Turisme de Catalunya, que fue dirigido por Joan Cogul, militante del partido democristiano. Varios empresarios y la viuda de Cogul –él se suicidó durante el proceso judicial– fueron condenados.

Finalmente, el caso Treball culminó los escándalos de financiación ilegal de UDC, en este caso mediante la adjudicación de informes falsos –o plagiados– a empresas propiedad de militantes de la formación, que después aportaban los fondos al partido. El conseller de Treball de la época, Ignasi Farreres –fallecido en 2020– fue absuelto, pero en cambio el ex secretario general del Departament, Josep Maria Servitje –también militante destacado del partido– fue condenado a cuatro años y medio de prisión. En 2012, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy indultó a Servitje, que finalmente solo tuvo que pagar una multa de 3.600 euros.

Otros ejemplos de corrupción que golpearon al pujolismo son el caso FGC, en el que altos dirigentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat contrataron con dinero público un fondo dinerario que les garantizaba indemnizaciones millonarias y que supuso condenas de prisión para dos antiguos presidentes de la compañía.

Sospechas, el 'caso Pretoria' y las ITV de Oriol Pujol

Además, hubo numerosos casos que extendieron la sombra de la corrupción sobre el pujolismo, a menudo por causas vinculadas a una supuesta financiación ilegal de Convergència, aunque por diversas razones acabaran archivados. Así, por ejemplo, encontramos el caso Casinos, que investigaba el supuesto desvío de decenas de millones de las antiguas pesetas a CDC por parte de la concesionaria de los casinos catalanes –Casino-Inverama, de la familia Suqué-Mateu–; el caso Subirà, que seguía el presunto otorgamiento de préstamos y avales con fondos públicos a compañías vinculadas a consellers o altos cargos de los gobiernos de Pujol; o el caso Cullell, que provocó la dimisión del conseller Josep Maria Cullell por una causa de presunto tráfico de influencias, entre otros.

Dos hombres clave de buena parte de los gobiernos pujolistas fueron condenados por corrupción muchos años después y por una causa no vinculada a su paso por el Ejecutivo. Fueron Macià Alavedra, que fue conseller de varias carteras entre 1982 y 1997, y Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia entre 1980 y 1990. Ambos fueron condenados a casi dos años de prisión en el marco del caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet. Se les atribuyeron los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Para cerrar el repaso no puede obviarse la condena a dos años y medio de prisión a su hijo Oriol, que había llegado a ser secretario general de CDC entre 2012 y 2014. Fue sentenciado por cobrar comisiones ilegales para favorecer a determinados empresarios en el concurso para obtener estaciones de ITV.