La ley de bebés robados vuelve al Congreso para investigar las desapariciones forzadas de menores desde el franquismo

Los robos de bebés desde el inicio del franquismo en España vuelven al Congreso. La Cámara debatirá este martes si acepta la Proposición de Ley de Bebés Robados para comenzar a trabajar en una legislación que permita poner luz sobre las numerosas denuncias por robo de bebés desde la Guerra Civil, por parte de las autoridades franquistas, hasta mediados de la década de los 90. La Proposición ya superó este trámite el pasado 20 de noviembre de 2018, pero decayó tras el adelantamiento electoral y la aprobación de la que sería la primera ley estatal de robo de bebés será retomada ahora. 

"En esta ley se va a reconocer el robo de bebés como un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Ya no se podrá alegar la prescripción como impedimento para investigar. Una democracia de bien no puede permitir que a día de hoy miles de familias no sepan qué ocurrió con sus niñas y niños, y que miles de ciudadanas y ciudadanos aún no conozcan su verdadera identidad", explica a Público Soledad Luque, presidenta de presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, que se integra dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y han sido los promotores de la iniciativa que cuenta con el apoyo de otras 16 organizaciones de víctimas de bebés robados.  

La Proposición de Ley llega a la Cámara con la firma de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y las CUP, por lo que previsiblemente el Congreso aceptará su toma en consideración para comenzar un proceso de debate y enmiendas que dé con el texto final. 

El Estado asume la búsqueda activa de los bebés

La Proposición, a la que ha tenido acceso Público, denuncia que en España "durante décadas, y hasta etapas muy próximas" se han sustraído "un número inmenso de niños" de "cárceles, clínicas y maternidades" sin que sus familias biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así, el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España.

El texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial

"Con esta ley aprobada, el Estado asumiría la responsabilidad de la búsqueda activa de los bebés robados y de su identidad ya que ofrece herramientas para ello y posibilitaría abrir juicios donde investigar exhaustivamente los casos. También reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, tanto las de la dictadura y las que se produjeron después. En definitiva, esta Ley reconoce y garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas, ya que se basa en estos cuatro pilares que propugnan los organismos de Naciones Unidas en cualquier lucha por la defensa de los Derechos Humanos", prosigue Soledad Luque. 

La Iglesia tendrá que abrir archivos

La presidenta de Todos los niños robados son también mis niños explica, además, que esta ley obligará tanto a las Administraciones públicas como a la Iglesia católica a abrir todos sus archivos que pudieran ser útiles para resolver casos de robo de bebés. "El artículo 2 de la Proposición que hemos presentado determina que la Iglesia Católica quedará obligada por las disposiciones contenidas en esta Ley como sujeto privado. Y esas obligaciones quedan marcadas en el Artículo 5 de Derecho a la verdad, donde se especifica que las víctimas tendrán derecho al acceso a la documentación tanto de archivos público como privados", explica Luque. 

La Proposición de Ley también prevé la creación de una Base de Datos Estatal de Afectados; de un "Banco único de ADN" con pruebas gratuitas y, también, de una Comisión Estatal por el Derecho a la identidad, que se encargará, entre otras cosas, de aprobar y ejecutar un "plan integral nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de asistencia integral a las víctimas".

Propuestas para "mejorar" la propia ley

La Proposición de Ley que se debatirá este martes en el Congreso cuenta con el respaldo de hasta 17 asociaciones de víctimas de robo de bebés. Otras organizaciones, como el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM), que preside Neus Roig y colabora con otras organizaciones de víctimas del robo de bebés,  ya ha avanzado que apoya la iniciativa aunque ya ha avanzado una serie de modificaciones con ánimo de "mejorar" el texto inicial.

En este sentido, desde el Observatorio se ha señalado a Público  que, en su opinión, la propuesta inicial debe incluir una serie de correcciones para garantizar "la asistencia, atención psicológica y ayuda a las víctimas"; la "dignificación y conservación de la memoria histórica democrática"; la modificación de la Ley de Protección de Datos vigente (LOPD) para no aplicar el tiempo reglamentario de 50 años para  poder acceder a los archivos en los casos en los que se busquen familiares biológicos; y entre otras cosas, la modificación de la Ley de Amnistía "para que en ningún caso impida la investigación de la desaparición forzada de menores en España". Desde Todos los niños robados son también mis niños consideran que esta serie de aportaciones, no obstante, ya están recogidos en el actual texto.

Investigar desde el 17 de julio de 1936

En definitiva, el Congreso dará casi con total seguridad este martes el primer paso para la aprobación de la primera ley de víctimas de robo de bebés a nivel estatal de toda la democracia. La Proposición fija como fecha para comenzar a investigar este robo de bebés desde el 17 de julio de 1936, con el robo de bebés a mujeres republicanas, y deja abierta la fecha de cierre a la posterior discusión parlamentaria. Los impulsores de la iniciativa, no obstante, detallan a este medio que "obviamente" esa fecha de cierre se ubicará en los años de la democracia ya que se tienen conocimientos de casos de robo de bebés hasta bien entrados los 90. En este sentido, Soledad Luque señala que los impulsores de la iniciativa manejan "como posible fecha de cierre el año 1999".