La legislatura ha entrado en su fase final y el horizonte copado por las citas con las urnas agitan las discrepancias entre las diferentes fuerzas del arco parlamentario. Teniendo en cuenta este escenario, entre los diputados circula una consigna: lo que no llegue "antes de mayo", difícilmente vea salida después. Es decir, las leyes que no se aprueben antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo corren riesgo de que no vean luz verde tras estos comicios, con el parón veraniego y la convocatoria de las generales prevista para finales de año.

En el marco de este clima, acentuado por la pugna entre los dos partidos del Gobierno de coalición a cuenta de la reforma de la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, Unidas Podemos urgió esta semana al PSOE a "desbloquear" la tramitación de otras siete leyes avaladas por la mayoría del Congreso y que "acumulan más de 500 prórrogas del trámite de enmiendas", durmiendo algunas de ellas en el sueño de los justos desde hace más de dos años.

Los morados sustentan la urgencia en que "no se entendería" que no se produjeran avances en estas materias antes del final de la legislatura, teniendo en cuenta que una amplia mayoría del Congreso apoyó hace tiempo su toma en consideración. Por ello, piden pisar el acelerador en las leyes de bebés robados, secretos oficiales, de morosidad, de seguridad del paciente, de libertad de expresión, de salud mental, y de la ELA.

Ante esta reivindicación del grupo confederal, desde el grupo mayoritario de la Cámara Baja y el principal partido del Gobierno, el PSOE, justifican el "bloqueo" de estas iniciativas en la amplia producción legislativa a lo largo de estos tres años de legislatura, un periodo marcado a su vez por situaciones anómalas, como la pandemia de la covid-19 o la guerra en Ucrania, así como a la crisis energética y económica derivada del conflicto.

Cabe destacar que, aunque el Gobierno de coalición no tiene mayoría absoluta por sí solo en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos han conseguido impulsar en la Cámara Baja más de 180 leyes, entre las que destacan los tres presupuestos generales del Estado. "¿Qué hubieran dejado fuera de lo que hemos sacado?", cuestionan fuentes socialistas.

Medidas insuficientes

Asimismo, el PSOE se escuda en que algunas de las leyes aprobadas incluyen algunos aspectos recogidos en otras normas. Es el caso de la Ley de creación y crecimiento de empresas, la cual incorpora medidas para reducir la morosidad, como impulsar la transparencia con respecto a los periodos de pago de las operaciones comerciales.

También, la ley de Memoria Democrática reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los "niños robados" durante la dictadura, pero las víctimas reclaman extender el plazo de aplicación debido a la ingente cantidad de robos que se produjeron en las etapas posteriores de la dictadura e incluso después de la transición. Además, entre las familias persiste la duda sobre el acceso a la justicia después de que la ley memorialista se aprobara sin derogar la Ley de Amnistía.

La ley de bebés robados es una cuenta pendiente desde 2018, cuando se llevó por primera vez al Congreso de la mano de las asociaciones. En 2020, hasta once fuerzas políticas defendieron en el Congreso la necesidad de materializarla, pero sigue inmersa en el trámite de enmiendas desde el 17 de septiembre de aquel año, a pesar de que en octubre de 2022, el PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y la Izquierda Confederal apoyaron en el Senado una moción para la creación "de una ponencia de estudio sobre el fenómeno de la sustracción
de recién nacidos".

Iniciativas sanitarias

Ni rastro hay de la Ley de salud mental de Unidas Podemos admitida a trámite en septiembre de 2021 y que acumula 52 ampliaciones del plazo de enmiendas. Una vez este asunto se coló en el debate público y político a raíz de las secuelas por la pandemia, el Ministerio de Sanidad actualizó la Estrategia de Salud Mental en diciembre de 2021. Aunque dicho plan cuenta con un presupuesto de 100 millones euros e incluye un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día, Unidas Podemos incide en la ambición y obligatoriedad que conlleva la aprobación de una norma en este sentido.

Su ley pone el foco en la prevención del suicidio en un Estado que cuenta con unas pésimas cifras, casi 11 suicidios al día solo en 2021, según el INE. La iniciativa legislativa reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales, además de acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos.

En el terreno sanitario destacan otras dos normas completamente paralizadas, como son la ley para equilibrar las ratios de enfermeros y enfermeras de España con el fin de garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, con 79 ampliaciones del plazo de enmiendas (desde el 17 de febrero de 2021), y la ley para garantizar el derecho a una vida digna de las
personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) impulsada por Ciudadanos, en la fase de enmiendas desde el 5 de abril de 2022.

Larga espera para conocer los secretos oficiales

La ley de secretos oficiales se lleva la palma de una prolongada espera parlamentaria. Pese a que el PNV presentó en 2020 su propuesta para modificar la norma franquista vigente, la cuarta iniciativa en seis años, en la que pide levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en el caso de las materias reservadas, el Gobierno aprobó en agosto un anteproyecto de ley en este sentido.

Lo hizo en el marco de las negociaciones para destensar sus relaciones con ERC y otros socios a raíz del estallido del caso Pegasus. La Ley de Información Clasificada incorpora cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información, pero fija un mínimo de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado, lo que no ha convencido a los aliados del Gobierno en el Congreso. El hecho de que solo se haya aprobado en primera vuelta dificulta además que la norma reciba luz verde definitiva en este último tramo de legislatura.

Por último, la ley de libertad de expresión, planteada a instancias del grupo morado en el marco de las protestas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, está guardada en un cajón desde el 13 de septiembre de 2021. La norma contempla la derogación de los delitos de injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, del delito contra los sentimientos religiosos y el que hace referencia al enaltecimiento del terrorismo, pero las reticencias del PSOE a eliminarlos del Código Penal postergan esta reivindicación de los colectivos sociales a pesar de las críticas internacionales.