BARCELONA.- El juez de guardia ha dejado en libertad a las dos jóvenes detenidas ayer tras volver a ocupar el llamado "Banco Expropiado" de Gràcia, aunque con la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia, tras considerarlas como investigadas por dos supuestos delitos de usurpación de bienes inmuebles, daños y desobediencia.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), las dos detenidas han quedado en libertad tras ser puestas a disposición del juez de guardia, el de instrucción número 24 de Barcelona, ante el que se han negado a prestar declaración.

Las detenidas, junto a los otros tres okupas arrestados ayer por introducirse en el "Banc Expropiat", permanecerán como investigadas en la causa abierta por los supuestos delitos de daños, desobediencia y usurpación, después de que los cinco activistas volvieran a entrar en el local desalojado.

Los cinco okupas volvieron a entrar este sábado en el llamado "Banc Expropiat", cuyo desalojo el pasado 23 de mayo desencadenó numerosos disturbios en el barrio barcelonés de Gràcia, y permanecieron varias horas en su interior hasta que los Mossos d'Esquadra entraron en la finca y los detuvieron.

Las dos okupas que este domingo han pasado a disposición de la justicia fueron las últimas en ser detenidas, dado que los agentes tardaron horas en liberarlas de unos bidones con cemento a los que se habían anclado para dificultar su desalojo.

Los otros tres okupas, detenidos hacia las 18.00 horas de ayer una vez los Mossos consiguieron entrar en el Banc Expropiat, fueron puestos en libertad tras pasar por comisaría, con la obligación de comparecer ante el juez instructor siempre que los cite como investigados. 

Los cinco okupas, de entre 27 y 34 años y nacionalidades española e italiana, lograron entrar al mediodía en el local desalojado tras abrir un agujero en una de las planchas metálicas que protegían el edificio, con la ayuda de una sierra radial.

El ayuntamiento de Barcelona de Xavier Trias (CDC) pagaba 65.000 euros en el alquiler del edificio, que había sido ocupado en el año 2011, y también corría con los gastos del IBI y de la luz. La Fiscalía ha abierto diligencias por una supuesta malversación de fondos públicos.