MADRID.- El exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP Alberto López Viejo, para quien Anticorrupción solicita 46 años de prisión por sus actividades con la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005), se ha negado este miércoles a responder a las preguntas que quería realizarle la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás en relación con los ingresos que tanto él como su esposa Teresa Gabarra realizaron en un banco en Suiza.

Ha alegado que no quería ni podía hacerlo porque se carece de autorización para ello por parte de las autoridades del país helvético.

"No puedo ni debo contestar nada relacionado con este asunto en la medida que ustedes saben que no tienen autorización", ha señalado es exmandatario del Gobierno de Esperanza Aguirre ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por este caso. La afirmación ha sido contestada de forma tajante por el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, que le ha recordado que tiene derecho a no responder preguntas, si bien las valoraciones jurídicas son cosa del tribunal.

López Viejo, que ha comenzado su declaración destacando que ha contado con la "maravillosa fortuna, suerte y apoyo" del PP para introducirle en las listas al Ayuntamiento de Madrid en 1995, ha asegurado que desconoce el motivo por el que se pidió a las empresas del 'cabecilla' de la red, Francisco Correa, que se fraccionasen las facturas de los actos organizados, entre ellos el acto homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2004, el primer evento que organizó la red. Afirma que por lo que ha "leído" del procedimiento la orden partió de la Consejería de Presidencia.

El ex consejero de la Comunidad de Madrid ha subrayado que entre sus cometidos no estaba el de contratación ni el de relación con medios y ha hecho hincapié que él colaboraba en los actos porque se lo pedían.

"Cuando me incorporo a la vicepresidencia las empresas de Correa ya trabajaban para la Comunidad de Madrid", ha apuntado a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás.

López Viejo, viceconsejero de Presidencia desde mayo de 2004 con Ignacio González a la cabeza del departamento, ha destacado que él ha participado en muchos actos importantes sin contar con los servicios de las empresas de Correa como la Ciudad de la Justicia de Madrid para la que se destinaron "casi seis millones de euros".

La fiscal le ha mostrado un documento relacionado con el acto homenaje por los atentados del 11-M en el que figura López Viejo como cliente de una de las empresas de Correa, que administraba Isabel Jordán. "No he tenido capacidad de contratación de esta acto del 11-M, ni en el 99 por ciento de los actos que se me imputan en el escrito de acusación", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que desconoce por qué aparece como solicitante del servicio, pues, según ha apostillado, el colaboró "activamente" en la organización de dicho homenaje y de la manifestación, así como "por desgracia" en otros asuntos relacionados como el reconocimiento de los cadáveres.

La fiscal ha insistido en preguntarle por qué la Comunidad de Madrid ordenó a las empresas de Correa trocear en 14 facturas el importe de este acto. "Lo desconozco", ha enfatizado.

De hecho, se ha remitido a lo que "obra en la causa" para decir que cree que la orden fue dada por la Consejería de Presidencia y se ha desvinculado del fraccionamiento alegando que ya no ocupaba la viceconsejería cuando la Comunidad de Madrid indica el fraccionamiento.

"No me van a pillar ni una"

En un momento en el que la fiscal le ha inquirido por su "participación", el exmandatario 'popular' madrileño le ha corregido apuntando que había "colaborado". "Si me permite la broma (...) He sido consejero de deportes y he sido buen nadador, en esta no me va a pillar ni una. Estoy siendo bastante leal y directo en la contestaciones", ha añadido.

Por otro lado, López Viejo ha explicado que colaboró "activamente" en la campaña electoral de 2003 en la que Esperanza Aguirre se presentaba como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha apuntado que esta labor se inició en septiembre de 2002.

No obstante, la fiscal Nicolás le ha preguntado si alguna vez ha tenido alguna competencia de relación con medios de comunicación y mejora de la imagen de la presidenta Esperanza Aguirre, a lo que ha dicho que él "en ningún caso" ostentó ninguna responsabilidad en esta materia.

Sin embargo, después ha explicado que por petición de un superior, que le traslada que existía una preocupación por la imagen de Aguirre -debido a que el inicio de la legislatura era "muy complicado y muy complejo" por el conocido 'Tamayazo' o los atentados del 11-M, ha precisado-, pensó en la manera en la que todos los departamentos de la administración regional podían colaborar para hacer que "esa comunicación llegase mejor".

Especial atención a la imagen de Aguirre

Por tanto, se formó un equipo encargado de supervisar los aspectos técnicos en los actos de la presidenta, según ha dicho, porque "la imagen de la presidenta tenía que ser mejorada". De hecho, ha presumido de ser él el que ideó e introdujo por primera vez en España -copiado de un candidato norteamericano, ha reconocido- el poner un atril con un mensaje político delante de Aguirre.

Viejo ha asegurado que su relación con las empresas del señor Correa ha sido "mínima" y que solamente coincidía con los trabajadores de estas sociedades los días que se celebraban los actos. Es más, ha dicho que el también acusado Pedro Rodríguez Pendás, su exasesor, era el que contactaba con ellos e informaba de la agenda de Aguirre a las empresas de la trama contratadas.