Público
Público

Las madres de Altsasu agotan la vía judicial española y miran ya hacia Estrasburgo

Este sábado se cumplen cuatro años de las detenciones realizadas por la Guardia Civil tras la pelea de bar registrada un mes antes en ese municipio navarro. El Tribunal Constitucional inadmitió la demanda contra las condenas, por lo que las familias de los jóvenes afectados preparan las acciones que emprenderán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una de las manifestaciones realizadas en solidaridad con los jóvenes de Altsasu. EFE
Imagen de archivo de una de las movilizaciones por el caso Altsasu. – EFE

Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea no estarán este sábado en Altsasu. Estos dos jóvenes son, a día de hoy, los últimos presos por la pelea registrada en octubre de 2016 en un bar de ese municipio navarro y en la que se vieron involucrados dos guardias civiles fuera de servicio. Un mes después de aquel suceso, Cob y Goikoetxea fueron detenidos, luego recuperaron temporalmente la libertad y, una vez dictada la condena, volvieron a ser encarcelados. Están ahora en la prisión alavesa de Zaballa, a la espera de una progresión de grado que les permita regresar a su pueblo.

Este sábado se cumplirán cuatro años de una de las mañanas que Altsasu difícilmente borrará de su memoria colectiva. A primera hora, la Guardia Civil montó un amplio operativo que acabó con las detenciones de ocho jóvenes. Desde hacía casi un mes, varios medios publicaban informaciones en las que incluso aparecían mencionados con nombres y apellidos. 

"Fue un día terrible. A mi hija, por ejemplo, la detuvieron en la puerta del geriátrico donde estaba haciendo prácticas. Hasta las 12.20 no supimos dónde estaba", cuenta a Público Edurne Goikoetxea, una de las madres de Altsasu. Cuatro días antes, había leído en el diario El Mundo que su hija aparecía en el auto de la Audiencia Nacional sobre la pelea en el bar Koxka. "Ahí me enteré que Ainara estaba encauzada. Le llamé para contárselo, y no se lo podía creer", relata desde su casa en Altsasu.

Su hija y otra joven que ni siquiera había estado en Altsasu el día de la trifulca salieron aquella noche de la Audiencia Nacional. Los otros detenidos –a los que posteriormente se sumaría Adur Martínez de Alda– fueron enviados a prisión.

En junio de 2018, la Audiencia Nacional condenó a ocho acusados a penas de entre dos y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque no apreció el tan mentado delito de "terrorismo" que promovía la Fiscalía. En octubre de 2019 el Supremo rebajó las condenas, que oscilaron finalmente entre un año y seis meses y nueve años y seis meses de prisión. 

Los abogados recurrieron al Tribunal Constitucional, donde la demanda no fue admitida. Así las cosas, se abre ahora la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): según ha podido confirmar Público, las familias llevarán el caso a Estrasburgo. La demanda deberá ser formulada antes del mes de enero. 

Mientras tanto, Cob y Goikoetxea siguen a la espera de ser clasificados en tercer grado, lo que les permitiría regresar a casa bajo medidas de vigilancia. Los otros cinco jóvenes sobre los que pesaban penas de cárcel –la única chica condenada, Ainara Urkijo, no tuvo que entrar en prisión– se encuentran fuera de la cárcel con pulsera telemática.

353.000 euros

"Los gastos acumulados en cuatro años en pagar abogados y abogadas, indemnizaciones astronómicas y viajes semanales a la cárcel, ascienden a 353.000 euros", denunciaba esta misma semana el grupo de madres y padres de los jóvenes condenados desde Twitter.

Este sábado, coincidiendo con el cuarto aniversario de las detenciones, realizarán un acto adaptado a las restricciones por la pandemia: la jornada, que servirá además como denuncia de lo ocurrido, se centrará en la inauguración de una escultura itinerante que recordará este caso y que prevé llegar a otras localidades. El camino del caso Altsasu aún no ha terminado.

Más noticias de Política y Sociedad