La 'mala praxis' de la Sanidad de Ayuso: hizo pagos a las gestoras privadas de los hospitales públicos "prescindiendo totalmente del procedimiento legal"
La Intervención de la Comunidad de Madrid considera "nulos de pleno derecho" por falta de expediente ocho millones de euros en pagos a los hospitales de concesión de obra pública.
El Gobierno de Ayuso asegura a 'Público' que ha "regularizado" las órdenes de encargo e instruido a hospitales y direcciones generales para que mejoren "la formalización de las actuaciones" y cumplan los trámites legales.
Los hospitales de gestión privatizada también pasan a Sanidad los gastos de aparcamientos, comidas del personal, dietas de acompañantes y hasta la televisión de las habitaciones.
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La gestión privatizada de los hospitales públicos madrileños es un modelo complejo que requiere un prolijo sistema de control y vigilancia sobre los pagos que la Consejería de Sanidad debe hacer a las sociedades concesionarias. Además de abonarles millones cada año por la atención médica que prestan a los pacientes del área sanitaria que tienen asignada, se les paga por cada modificación del contrato inicial que firmaron en su día. Una de sus cláusulas les permite pedir a la Administración el "reequilibrio económico" si se producen "circunstancias extraordinarias o imprevisibles" que "alteren significativamente la economía del contrato". Eso se ha traducido en cuantiosas compensaciones adicionales pagadas a lo largo de los 20 años en que lleva en funcionamiento el sistema.
Para que Sanidad desembolse ese dinero, las concesionarias y la propia consejería deben seguir antes un procedimiento que, sin embargo, suelen saltarse. Es lo que revelan los informes de control financiero elaborados por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y conseguidos por Público a través del Portal de Transparencia autonómico. En el último, que revisó los contratos de los siete hospitales bajo concesión de obra pública, los interventores analizaron las modificaciones de contrato y reequilibrios económicos tramitados desde 2022 hasta 2024. Y descubrieron que excepto dos, todos los modificados se efectuaron sin expediente administrativo alguno. En el caso de los reequilibrios económicos por "ajustes de los servicios no asistenciales e inversiones de reposición" derivados de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 en cinco de los siete hospitales, tampoco se abrieron los expedientes de modificación contractual preceptivos ni hubo fiscalización previa. Pese a ello, todas las obras fueron abonadas por Sanidad.
Los siete hospitales de concesión de obra pública son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez) y Henares (Coslada). En ellos, la gestión sanitaria corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), mientras que los servicios no asistenciales, desde el mantenimiento hasta la lavandería, están en manos de empresas privadas, al principio las constructoras que los levantaron y luego los fondos de inversión que los compraron.
El otro modelo de colaboración público-privada es la concesión administrativa, con el que se gestionan los hospitales Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Torrejón. Este último fue adjudicado al grupo Ribera Salud, mientras que los tres primeros pertenecen a Quirón. Este grupo también administra la Fundación Jiménez Díaz, mediante un concierto singular con el Sermas. En los cinco hospitales, tanto la atención sanitaria como los servicios no asistenciales son responsabilidad de las empresas privadas.
Además de esos modificados y reequilibrios, hay otros flujos de dinero entre la Administración y las gestoras privadas de los hospitales públicos. Al margen de los contratos de concesión, Sanidad pagó a las concesionarias de obra pública obras, mobiliario, sobrecostes de servicios e inversiones, así como otros "gastos diversos" por importe de 10,98 millones entre enero de 2021 y agosto de 2024. La Intervención considera las obras, con un gasto de 7,78 millones, "modificaciones de facto, en contra de las previsiones legales y de los pliegos" y las declara "nulas de pleno derecho". Como ocurre también con los modificados y reequilibrios anteriores, los pagos al margen del contrato prescindieron "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", subraya el informe.
"No son una forma de contratación admisible"
Los interventores sostienen que primero debería haberse analizado si las obras o la compra de mobiliario estaban incluidas en lo que se conoce como "riesgo y ventura" de las concesionarias –los que asume el empresario en la ejecución normal del contrato– y, por tanto, su coste debería haber sido asumido por ellas. Por el contrario, si se hubiera considerado que obras y mobiliario debían correr a cargo de la Administración, tendría que haberse tramitado un expediente para modificar el contrato.
Sin embargo, subraya la Intervención, el vacío documental es total entre la nota de encargo y la orden de encargo de las obras, los únicos trámites que ha encontrado y que "por sí solos no son una forma de contratación admisible".
Es más, el informe apunta a que una parte de las obras abonadas por Sanidad a las concesionarias estaban incluidas en las obligaciones del contrato o eran parte del riesgo y ventura de las empresas, por lo que éstas no tenían derecho a compensación adicional, sino que formaban parte del canon anual que se les paga.
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Por lo que se refiere a los sobrecostes de servicios e inversiones –1,82 millones de euros–, fueron abonados por Sanidad "con cantidades mensuales o periódicamente para compensar a las concesionarias [...] fuera del canon", sin modificado y sin expediente, por lo que "se desvirtúa la información económico-financiera y la transparencia del contrato", concluye la Intervención.
Que una actuación administrativa sea declarada nula de pleno derecho significa que es "inválida de forma radical, automática y absoluta desde su mismo origen" debido a un vicio muy grave. Y no puede subsanarse. Según los expertos consultados por este periódico, la única manera de corregir ese "vicio" es someter la actuación y el gasto a la decisión del Consejo de Gobierno, para que los convalide, tal y como explica la Intervención en su informe y establece el decreto sobre control interno y contable de la Comunidad de Madrid. Eso hizo, añaden los interventores, el Consejo de Gobierno al menos en dos ocasiones en diciembre de 2022 y julio de 2024, aprobando los reequilibrios económicos de 2016 a 2021.
Una práctica antigua
En cualquier caso, aprobar –y pagar– modificaciones de los contratos a las concesionarias de obra pública parece ser una práctica antigua y habitual de la Comunidad de Madrid, al menos a tenor de los informes de la Intervención. En uno de 2020, de seguimiento de los contratos firmados por el Hospital Puerta de Hierro y también proporcionado a Público por Transparencia, ya desvelan los interventores que ni la sociedad gestora, propiedad desde 2020 del gigante de infraestructuras canadiense Brookfield, ni el Sermas abrieron expediente alguno por obras y modificaciones de 2018 y 2019: no se hicieron los preceptivos informes jurídicos, ni la fiscalización previa, ni hubo acuerdo del órgano de contratación... En sus alegaciones, el hospital justifica no haber tramitado el expediente de modificación contractual por dos motivos: la urgencia de poner en servicio las nuevas unidades objeto de las obras y la imposibilidad de actualizar el modelo económico y financiero del contrato porque aún estaban en trámite modificaciones anteriores.
"Hay una mala praxis administrativa", admiten los expertos consultados por Público, y un "reproche técnico-político" por parte de la Intervención. Pero lo habitual, añaden, es que, en efecto, se paguen a las concesionarias los modificados del contrato y se convaliden las actuaciones y los gastos mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno. No hay, por tanto, consecuencias prácticas, advierten.
Preguntada al respecto por este periódico, la Consejería de Sanidad se limitó a responder que había "regularizado las órdenes de encargo" e instruido a todos los hospitales y direcciones generales para que mejoren "la formalización de las actuaciones siguiendo el procedimiento legal".
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Aparcamientos, comidas, televisión...
El informe de 2023 llama también la atención sobre otros pagos que las concesionarias de obra pública pasan a Sanidad. Por ejemplo, los de compras de mobiliario que tienen como destinos centros de salud mental, centros de especialidades y centros adscritos –como el Hospital Virgen de la Torre al Infanta Leonor de Vallecas– que quedan fuera del ámbito del contrato. Pero sobre todo menciona otros 692.353 euros en gastos, buena parte de los cuales la Intervención considera "no asumibles con cargo al presupuesto de los hospitales": aparcamientos, comidas del personal con jornada partida y dietas de acompañantes de enfermos que suman 272.513 euros, o 34.133 euros en "tarjetas identificativas".
Finalmente, a estos siete hospitales Sanidad les abonó 5,37 millones de euros por sobrecostes ocasionados por la pandemia del covid entre 2021 y 2023. Se los reclamaron las concesionarias por aumento de camas y de puestos de cuidados intensivos o por la campaña de vacunación. Pero también pidieron que se les pagasen las dietas de acompañantes, los gastos de aparcamiento, las pérdidas de ingresos que sufrieron las tiendas y máquinas expendedoras de los hospitales por el confinamiento y hasta la televisión gratuita de las habitaciones.
El Sermas rechazó todas estas reclamaciones, excepto la relativa a la televisión de los pacientes, porque consideró que esos gastos extraordinarios formaban parte del riesgo y ventura asumidos por la concesionaria. Por citar un ejemplo, el Infanta Leonor pidió 24.294 euros por 646 días de televisión gratuita en sus habitaciones.
"Hace 20 años los pliegos de este tipo de contratos tenían cierta tendencia a favorecer a la concesionaria, incluían un sesgo a su favor", admiten los expertos consultados. Las primeras adjudicaciones de obra pública en Madrid datan de 2005. Pero, coinciden, desde entonces ha mejorado mucho la profesionalización de los técnicos y ahora se redactan mejor los pliegos de los concursos, "con mucho más cuidado para proteger el interés de las administraciones".
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