El mapa de los agujeros negros del Estado de derecho en España

El informe Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia

2018-2021, de la Fundación Hay Derecho y la Cátedra de Buen Gobierno y transparencia de la Universidad de Murcia, que se ha presentado este viernes,

hace especial hincapié en la "politización de la justicia" y su impacto en la eficacia del sistema judicial, poniendo de manifiesto cómo el bloqueo del CGPJ ha provocado una merma del 14% de la plantilla de magistrados en el Tribunal Supremo y la resolución de 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas. 

El informe, presentado por la jurista Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, y Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, advierte del deterioro del Estado de derecho en España y su impacto en la ciudadanía. Se trata del primer informe que una organización española lleva a cabo siguiendo los pasos del que realiza anualmente la Comisión Europea, es decir, a partir de datos e información pública. Hay Derecho es una fundación independiente sin ánimo de lucro especializada en asuntos judiciales y en la defensa del Estado de Derecho.

El informe analiza el Estado de derecho entre 2018 y 2021, "un contexto político de especial complejidad debido a las consecuencias del 'procés', la pandemia de la covid, y las características de la XIV legislatura, marcada por la fragmentación y la polarización política. Circunstancias todas ellas excepcionales que están poniendo a prueba el Estado de

derecho", consta en el informe. 

Abuso del decreto ley

Sobre el poder legislativo, el informe destaca como "especialmente preocupante" el "abuso del decreto ley como forma ordinaria de legislar". Este instrumento legislativo recogido en la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad que permite aprobar textos legales con rapidez, sin apenas debate parlamentario y sin posibilidad de introducir enmiendas, ha sido utilizada una media de 2, 8 veces por mes en la actual legislatura, expone el informe.

Hay Derecho destaca, según su análisis de datos, que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez es el que más ha utilizado este tipo de norma, un punto por encima de la media de cualquier otra legislatura en los últimos 40 años. "Los decretos leyes, son una herramienta excepcional que sin embargo se ha convertido de uso ordinario de forma abusiva", ha advertido Elisa de la Nuez.

Degradación del Poder Judicial

El actual bloqueo que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo 4 de diciembre cumplirá cuatro años en funciones, tiene su base, según el informe de Hay Derecho, en la negativa del Partido Popular a acordar con el Gobierno la renovación en base al tradicional sistema de reparto de cuotas partidistas "que en este momento le perjudicaría".

"El PP ha justificado su negativa con la defensa de una vuelta al modelo primigenio de elección de los vocales de origen judicial por y entre los jueces, aunque ha estado muy cerca de aceptar la renovación sin alterar el actual sistema parlamentario de designación en alguna ocasión, poniendo de manifiesto la poca credibilidad del principal partido de la oposición en este punto, con constantes vaivenes en su postura", apunta la secretaria general de Hay Derecho.

Uno de los indicadores que muestra el informe sobre la salud del sistema judicial español es el tiempo de ejecución de las sentencias firmes. En comparación con otros países de la UE, España se sitúa a la cola, con entre seis y un año de tiempo medio. En Bélgica el plazo máximo es de dos meses. 

Problema de eficacia presupuestaria

Para su informe, la fundación ha recabado datos a partir del estudio de Sigma Dos sobre resolución de sentencias judiciales en la UE. En este sentido, "no deja de llamar la atención que siendo España uno de los países que más invierte en Justicia se obtengan estos pobres resultados. Es imprescindible utilizar adecuadamente los recursos para fortalecer la ejecución de las resoluciones judiciales, apostando por la digitalización del sistema", ha apuntado Elisa de la Nuez, que también ha destacado que España es uno de los países de la UE con menor número de jueces por habitante. "Un dato que, sin embargo, contrasta con el hecho de que, según datos de la Comisión Europea, España es uno de los países que más invierte en justicia". 

"España no es un país con pocos recursos jurídicos, más bien tenemos un problema de eficacia presupuestaria y de utilización de los mismos", ha destacado Elisa de la Nuez.

Las puertas giratorias en el ámbito de la judicatura constituyen uno de los problemas más acusados en cuanto a la independencia judicial, advierte Hay Derecho. "A pesar de que, tras la Ley Orgánica 4/2018, magistrados como Juan Carlos Campo [exministro de Justicia] estén absteniéndose de conocer asuntos

relativos a causas que guardan relación con algún partido político, las idas y venidas entre la política y la Justicia suponen un riesgo cierto para la independencia e imparcialidad de sus miembros, o, al menos, para su apariencia", ha remarcado Elisa de la Nuez. 

Indultos contra el criterio del fiscal

La fundación profundiza en el sistema español de concesión de indultos y advierte de que cuando no cuentan con el respaldo de la Fiscalía o del tribunal sentenciador se plantea un problema de "posible arbitrariedad", "particularmente cuando afectan a los políticos". "Aunque estos informes son preceptivos pero no vinculantes, es evidente que respetar su criterio supone una garantía en el ejercicio de una prerrogativa que, además de ser excepcional, supone una intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial, en la medida en que permite dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes".

Los casos Dolores Delgado, Stampa y Moix

El nombramiento de Dolores Delgado, en noviembre de 2019, como fiscal general del Estado, habiendo ocupado inmediatamente antes la cartera de Justicia, ha puesto en apuros la autonomía de la Fiscalía General, según Hay Derecho, que expone el problema que provoca que en el Ministerio Fiscal español "no exista un sistema objetivo de promoción, con unas reglas mínimas de evaluación, un baremo objetivo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos y una suficiente publicidad de las vacantes y de los requisitos para cubrirlas, por lo que es difícil respetar los principios constitucionales de

mérito y capacidad". 

La fundación pone como ejemplos de la aparente falta de autonomía de la Fiscalía los casos de los fiscales Ignacio Stampa y Manuel Moix. En el primer caso, "el retraso en el archivo de la investigación que pendía sobre él obstaculizó su acceso a la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Manuel Moix, su nombramiento como Promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General

del Estado le coloca a la cabeza del sistema disciplinario del Ministerio Público aun a pesar de contar con solo dos de los doce vocales del Consejo Fiscal a su favor". 

Derechos Humanos

"En un momento de crisis generalizada, Europa se está convirtiendo en un bastión para el Estado de derecho", ha dicho el profesor Germán Teruel. España no es, en absoluto, uno de los países del Consejo de Europa que más sentencias condenatorias acumula. En 2021, nuestro país ha sido condenado en 10 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la violación de al menos uno de los derechos reconocidos en la Convención. "En cambio, sí que se presenta como elemento preocupante el hecho de que desde la incorporación de España al Consejo de Europa en casi la mitad de los casos (63 de las 134 condenas) se ha constatado una violación del artículo 6, que recoge el derecho a un juicio justo".

La situación puede empeorar, a juicio del informe de Hay Derecho y la Universidad de Murcia, "ante la reciente jurisprudencia del TEDH relativa al procedimiento de elección de los altos cargos judiciales en Polonia (elegidos

por el Parlamento polaco), en la que el Tribunal reconoce la falta de legitimidad de los tribunales elegidos con influencia del Poder Ejecutivo y Legislativo". Germán Teruel ha advertido de que "los organismos de contrapeso como son los Consejos de Transparencia no cuentan con los medios y los recursos para ejercer su papel de control del poder".