La apertura del año judicial más tenso que se recuerda en mucho tiempo tras la amenaza del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional coloca al organismo al borde de una nueva crisis institucional.

Un problema añadido que se suma a la insólita situación en el CGPJ, que avanza hacia su cuarto año en funciones ante la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, sobre todo por la falta de voluntad de este último. Un último episodio que amaga con enquistar, más de lo que está ya, la situación institucional de la Justicia en España.

Hay Derecho, fundación independiente sin ánimo de lucro especializada en asuntos judiciales y en la defensa del Estado de Derecho, denuncia que el acto de apertura del año judicial previsto para este miércoles coincide con "la mayor injerencia política en el CGPJ de la última década".

Hay Derecho no sólo denuncia, sino que también propone un decálogo de medidas "para combatir la politización del Poder Judicial y mejorar su funcionamiento, situaciones que acaban teniendo un profundo impacto para los ciudadanos", según ha explicado Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.

Las medidas propuestas por Hay Derecho incluyen, en primer lugar, eliminar las puertas giratorias político-judiciales imponiendo un periodo mínimo de dos años antes de permitir que un juez o fiscal que haya ocupado un alto cargo político o haya sido cargo electo pueda reincorporarse a la carrera judicial o fiscal.

Reformar el régimen de elección de los vocales del CGPJ siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y el Grupo de Estados
Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo es la segunda propuesta de Hay Derecho.

Garantizar la incompatibilidad del ejercicio del cargo de vocal del CGPJ con cualquier otro desempeño profesional, así como continuar el proceso ya iniciado de supresión de los aforamientos políticos, son otras de las propuestas de Hay Derecho.

La fundación también propone eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de la Sala de lo Penal y de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia, así como reformar la Fiscalía General del Estado para fortalecer su autonomía e independencia.

Asegurar la responsabilidad de los implicados en casos de corrupción
institucional particularmente la política y la jurídica no penal y evitar la utilización partidista del Código Penal, teniendo en cuenta que debe
de ser siempre la última posibilidad ("ultima ratio") también forman parte del decálogo propuesto por Hay Derecho.

Otras medidas propuestas son reforzar la técnica legislativa, eliminando la inseguridad jurídica y revisar los tipos penales que resultan excesivamente limitativos del derecho fundamental a la libertad de expresión, así como incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia y garantizar la ejecución de las sentencias judiciales firmes en todo caso, de manera que los ciudadanos puedan confiar en que las resoluciones judiciales que les sean favorables serán cumplida. Hay Derecho también propone limitar los indultos.