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El marido de Ana Rosa Quintana declara que contrató a Villarejo para extorsionar a un exjuez

El empresario Juan Muñoz Tamara ha pactado con la Fiscalía y su petición de condena se ha reducido de ocho años a once meses de prisión. Por otro lado, el tribunal rechaza la recusación del magistrado Echarri efectuada por Villarejo.

El empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, en el juicio en su contra en la Audiencia Nacional
El empresario Fernando Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, en la sesión de este lunes del juicio que se celebra en su contra en la Audiencia Nacional. Audiencia Nacional

El empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, ha declarado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que tanto él como su hermano Fernando contrataron los servicios del comisario José Manuel Villarejo para obtener información patrimonial y "de todo tipo" sobre su socio Mateo Martín Navarro y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía. Muñoz ha pactado con la Fiscalía y su petición de condena se ha reducido considerablemente: de ocho años a once meses de prisión.

Los hermanos Muñoz Tamara están imputados en la pieza 'Pintor' de la macrocausa 'Tándem'. Podemos, partido personado en el juicio, mantiene su petición de 17 años de prisión para cada uno de ellos por los supuestos delitos de descubrimiento, revelación de secretos y revelación de datos reservados registrados en ficheros informáticos. Los hermanos pretendían con el encargo, en 2017, a Villarejo, del que conocían su condición de policía en activo, obtener información con la que poder chantajear a su exsocio, Mateo Martín, para que cambiara su postura sobre su supuesta insolvencia ante la deuda que Hacienda reclamaba a la empresa en común.

Los hermanos sospechaban que la estrategia de su exsocio se debía a la recomendación del abogado de este, el exjuex Uquía. Por eso, pidieron a Villarejo también información sensible sobre el letrado y forzar así a Mateo Martín a asumir el pago de la deuda tributaria. 

En marzo de 2017 en la sede del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, el comisario expuso a los empresarios que tenía una grabación del CNI de varios años antes sobre Francisco Javier Urquía, juez inhabilitado, consumiendo estupefacientes. La investigación judicial ha concluido que ese vídeo fue grabado por el hijo Villarejo en el año 2006 y que contaron con la colaboración del famoso traficante de armas Monzer Al Kassar, que cumple prisión en EEUU. Tanto Juan como Fernando Muñoz, que también ha declarado, han admitido que el hijo de Villarejo estuvo presente en alguna reunión pero "no participó".

Este lunes, Fernando Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana, ha explicado que el vídeo mostraba, en efecto, al exjuez consumiendo cocaína en el baño de un local. En otro vídeo "aparecen unas señoras con el señor Urquía. Era una reunión donde se consume droga y esas señoras debían ser prostitutas", ha dicho el empresario.

Juan Muñoz ha negado conocer que las reuniones que se sucedieron en el despacho de Villarejo fueran grabadas por el comisario. "No podíamos ni imaginar que esas reuniones se estuvieran grabando. Los he escuchado [los audios] y recogen el contenido de las reuniones", ha admitido.

Tanto Juan como Fernando Muñoz Tamara han reconocido que pagaron a Villarejo 20.000 euros en efectivo por aquel trabajo, que ha quedado, sin embargo, sin la preceptiva acción investigadora en el juicio, gracias al acuerdo de conformidad de los hermanos con la Fiscalía. Según la investigación de Público, desarrollada en varios reportajesel plan de los hermanos al contratar a Villarejo giraba en torno a un "tema gordo penal" tributario instruido en los juzgados de Sevilla desde 2007, a raíz del cual tanto los Muñoz Támara como su socio Mateo Martín Navarro fueron acusados de cinco delitos fiscales por urdir presuntamente un sistema de facturas falsas para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA. 

En dicho sistema, Martín Navarro era el emisor de las facturas en su papel de subcontratista y Tarol SA -la constructora del grupo de los Muñoz Támara (luego rellamada Tarje SL)-, la receptora en su rol de contratista. 

Según el relato contenido en los oficios de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, basado en la literalidad de los audios y documentos incautados en los registros, las supuestas acciones de "extorsión" fueron de dos tipos: sobre Martín Navarro, para minar su credibilidad al intentar reabrir un proceso de Algeciras en el que estuvo imputado por falsificación; y amenazando al abogado de este, De Urquía, con difundir dos vídeos sobre su supuesta vida licenciosa, uno de 2005 de la videoteca de Villarejo y otro grabado sobre la marcha, "más vergonzoso".

El tribunal rechaza la recusación

Por otro lado, el tribunal ha rechazado este lunes el incidente de recusación formulado por el comisario jubilado Villarejo para apartar del tribunal que lo juzga al magistrado Fermín Javier Echarri, al considerar que las razones que alega son extemporáneas y no guardan relación con las tres piezas de 'Tándem' que se están juzgando. El fiscal ha rechazado la recusación por ser extemporánea, "dado que tenía que conocer previamente la composición del tribunal".

Villarejo, por su parte, ha insistido en que Echarri debe ser apartado y que su recusación no es extemporánea ya que recordó que se había reunido con el magistrado en el marco de su trabajo como agente de inteligencia tras ver una noticia en prensa. El comisario Villarejo solicitó apartar a Echarri en un escrito donde aludía a sus presuntas maniobras en la causa del magnate millonario libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab años atrás, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid.

Villarejo asegura que tiempo atrás mantuvo una reunión con el propio Echarri para tratar de mejorar la situación del magnate libanés, al que le une una amistad con el rey emérito. Según el comisario, el juez Echarri se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, "lo que finalmente no sucedió", relata en su escrito de recusación el policía.

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