"Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 disminuya su intensidad en el resto de la Comunidad Valenciana". Carlos Mazón salió a comparecer este martes sobre las 13.00 horas del mediodía, para tranquilizar a la población ante la que sería la peor DANA del siglo. El president de la Generalitat compartió sus declaraciones en X –antes, Twitter–, pero su propio equipo borró el mensaje más tarde, según la oposición, porque "tenía que esconder la prueba del delito".

La AEMET llevaba desde el fin de semana alertando de los posibles riesgos y recordó a primera hora de la mañana que existía un "peligro extremo". Cuando Mazón dio la voz de alarma, miles de personas pedían auxilio subidas a sus coches y luchaban por mantenerse con vida ante el avance de las riadas. 

La DANA ha dejado, al menos, 155 muertos y decenas de desaparecidos en la región. El Ejecutivo valenciano, gobernado en solitario por el PP, decidió eliminar en noviembre del año pasado la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo creado por Ximo Puig para atender catástrofes que tenía un presupuesto –en 2023– de nueve millones de euros. "Este es el primer paso de la reestructuración del sector público anunciada por el Govern", celebraron los populares, que llegaron a calificar de "chiringuito" el servicio.

"Mazón no puede rehuir sus responsabilidades como president de la Generalitat, como persona con todas las competencias para las gestiones relativas a una emergencia en el País Valencià. Tiene que dar la cara, porque hablamos de una crisis sin precedentes; un número inasumible de personas muertas no sólo por culpa de la DANA, sino también de la mala gestión. El Govern tenía la información desde el martes por la mañana y no actuó en consecuencia. El PP no puede echar balones fuera", aclara a Público Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso. La formación se ha comprometido a "pedir explicaciones y total transparencia" para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

La Diputación de València, también en manos del PP, recomendó a sus trabajadores marchar a casa sobre las 14.00 de la tarde del mismo martes, alegando que existía un "riesgo muy alto para la población", según ha podido confirmar Público. La Generalitat, sin embargo, mandó las alertas seis horas después. "Si alguien llegó tarde para responder a la situación de emergencia provocada por la DANA fue Carlos Mazón. Muchísimos alcaldes tomaron medidas preventivas en sus municipios para asegurar la integridad de los ciudadanos, sin instrucciones de la Generalitat", reprochan desde el PSPV. 

El líder del PP; Alberto Núñez Feijóo, ha embarrado este jueves el debate político al señalar al Gobierno central, del que dependen la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe", ha justificado el líder de los populares. Los dos organismos llevaban avisando desde primera hora de la mañana de las posibles consecuencias de la gota fría, de hecho, investigadores de la propia AEMET tienen publicaciones del viernes pasado que hablan de su "alto impacto". Fernando Prieto, del Observatorio de la Sostenibilidad, insiste: "La Generalitat actuó tarde, tenía que haber desalojado municipios y zonas inundables con antelación".

La gestión tras las inundaciones

Los socialistas han recalcado que el Govern disponía de "información detallada" del fenómeno desde primera hora de la mañana, pero Mazón "no tomó decisiones hasta pasadas las 20.00", cuando la situación "ya era crítica" en muchos municipios. La oposición también destaca la necesidad de abordar la fase posinundaciones. "No sólo no actuaron antes, sino que tampoco están actuando después", denuncian los afectados. En muchas localidades de la zona cero siguen sin agua ni electricidad, sin supermercados abiertos, con carreteras cortadas y gente desamparada, vecinos que se quedaron "atrapados" en sus garajes y cuerpos que esperan a que se derrita el barro para ser localizados. 

"Lo que necesitamos es coordinación. Esta mañana la entrada al pueblo era un caos, las ambulancias y la Policía no podían pasar. Hay fincas que todavía no tienen suministros, la cobertura viene y va, estamos dándonos lo poco que tenemos los unos a los otros", cuenta a Público una vecina de Paiporta. La Generalitat ha anunciado un paquete de ayudas directas de más de 6.000 euros para la limpieza y rehabilitación de las zonas afectadas. Mazón, además, se ha desmarcado de la postura de Feijóo y ha agradecido la disposición de Pedro Sánchez, con quien ha comparecido conjuntamente 48 horas después de la catástrofe. "Muchas gracias por tu cercanía y tu respuesta tan rápida, presidente", ha reconocido el popular. 

Las miradas puestas en Mazón

Este martes a las 13.00, la vicepresidenta Teresa Ribera se hacía eco de las "preocupantes alertas" de la AEMET y de Protección Civil. Mazón, a esa misma hora, decía que la situación tenía visos de amainar. Beatriu Cardona, portavoz de la Intersindical Valenciana, denuncia al teléfono la "negligente" actuación del Govern: "Los políticos que nos gobiernan son negacionistas del cambio climático, no nos cuidan y tampoco les preocupan nuestras vidas, sino el capital. Vamos a pedir responsabilidades sociales, políticas e incluso penales, porque lo que ha pasado no tiene precedentes. Si Mazón tuviera un mínimo de decencia, debería dimitir", reivindica.

La Intersindical Valenciana critica, además, la "mala fe" de los negocios que mantuvieron su horario de apertura habitual. "Tenemos casos de gente a la que han llamado para acudir al trabajo incluso después de recibir la alerta", desliza Cardona. La portavoz también reconoce que cientos de trabajadores han pasado horas retenidos en los polígonos, subidos a un capó o encima de un tejado, esperando la llegada de los servicios de Emergencias. "No sabemos dónde acudir, dónde llamar, no sabemos nada. La Generalitat tiene que asumir responsabilidades, porque lanzó las alertas tarde, cuando los barrancos ya habían subido y todo estaba inundado. Lo mismo ocurre con las empresas que obligaron al personal a trabajar, con una alerta roja de la AEMET", señala Rebeca –nombre ficticio–, vecina de Catarroja que tiene a un familiar todavía desaparecido.