El Ministerio de Justicia ha terminado de redactar el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que regulará el acceso de los periodistas a las informaciones relativas a los procesos judiciales con el objetivo de, según explica, velar por la intimidad y la presunción de inocencia de las personas durante los juicios. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles en el pleno del Congreso que el anteproyecto está concluido y previsiblemente llegará al Consejo de Ministros el próximo martes. Ha hecho este anuncio al ser interpelado por el grupo parlamentario ultraderechista Vox en relación a las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión.

La nueva norma, como ya había adelantado el ministro, prevé otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales en tanto que los actuales jueces instructores pasarán a ser jueces de garantías.

LeCrim limitará la difusión de imágenes de los juicios

Este miércoles Campo ha avanzado que la LeCrim garantizará el acceso de los medios a informaciones "con un claro interés social", pero también establecerá limitaciones, como las dirigidas a la protección de las víctimas menores de edad.

También protegerá la integridad, el honor y la intimidad de los investigados, testigos, peritos o demás personas que intervengan en el proceso, y prevé limitar la difusión de sus imágenes, cuando no revistan interés informativo o no se trate de un hecho socialmente relevante.

Es una norma que "demuestra la sensibilidad del Gobierno con los derechos fundamentales", y sobre todo con el derecho a la información, porque supondrá una regulación "completa y detallada de la información judicial", al distinguir su alcance en cada fase procesal, sin olvidar los derechos de las víctimas o del acusado.

Según Campo, es una ley "importante", pero también compleja, con la que espera que se abra un debate porque el Gobierno tiene "la primera palabra, pero no la última". Ahora de lo que se trata, en su opinión, es de "afinar" para concluir una "buena norma" porque "aquí no hay color político que valga, es un proyecto de país y a largo plazo".

Una norma "desfasada"

La nueva ley responde a una demanda histórica del país de la superación del "modelo decimonónico con el que hoy contamos", una norma de 138 años, que en palabras del ministro "está totalmente desfasada y no encaja con la realidad social, ni la jurídica".

"Nadie discute de la necesidad de que España cuente con un proceso penal plenamente constitucional, europeo, armonizado y eficaz contra la delincuencia moderna", ha comentado.

Para el ministro, es urgente que el proceso penal se actualice a partir del consenso social, porque el modelo por el que ha optado el Gobierno "es el resultante de combinar los resultados de los trabajos realizados durante los Gobiernos del PSOE y el PP, incorporando las exigencias del derecho procesal penal europeo". Se trata de una ley "de consenso", ha incidido el ministro, que considera que permite fortalecer el Estado de Derecho y las garantías de todos los españoles.