El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, aprobó hace una semana una modificación presupuestaria para poder atender a los menores extranjeros que tutela al menos hasta marzo de 2020. La decisión supone el sacrificio de 4,6 millones de euros –del presupuesto de la Consejería de Igualdad–que salen de programas destinados al pago de la renta mínima de inserción social, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), es decir, las políticas feministas, y de la atención de personas con discapacidad. El Gobierno asegura que la rebaja no afectará al cumplimiento de los objetivos políticos marcados.

El Ejecutivo andaluz lleva varios meses reclamando al Gobierno de España que financie adecuadamente la atención de estos chavales. La última vez fue a mediados de diciembre pasado, cuando el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), y el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), manifestaron que la Junta de Andalucía necesitaba 26 millones de euros –que recibió durante la crisis migratoria de 2018– para estas políticas.

Entonces, Marín y Bendodo avisaron de que si ese dinero no llegaba, "la única posibilidad que tendría el Gobierno de Andalucía de poder cubrir ese montante es sacarlo de autofinanciada". Los centros donde se atiende a estos jóvenes "tienen que estar abiertos". "Tenemos que tener todo lo necesario" para prestarles asistencia, y no sólo "alimentación o atención médica", sino también procurar su "formación e inserción", y, además, a los profesionales encargados de todo ello "hay que pagarles", dijo entonces Marín.

El documento que el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), elevó al Consejo de Gobierno el 3 de febrero pasado recoge "que los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente" y añade "que no altera los objetivos e indicadores de los programas afectados". Es decir, traducido: que las políticas afectadas por la modificación presupuestaria tendrán a lo largo de este año 4,6 millones de euros menos que los proyectados inicialmente, pero que ello no afectará al objetivo político final.

En el documento se puede leer que se retira medio millón de euros del IAM, distribuidos de la siguiente manera: 100.000 euros de información, divulgación y publicidad, otros 100.000 de estudios y trabajos técnicos y 300.000 más en actuaciones en materia de género. Además, se traslada 1 millón de euros de la partida "de personas con discapacidad", otro millón de la "renta mínima de inserción social" y 1,5 millones más de lo que se denomina "actividades de interés social". El resto, hasta los 4,6 millones de euros, salen de facturas telefónicas –483.000 euros– y del pago de combustible –191.875 euros–.

1.072 plazas

En el texto que acompaña a la modificación presupuestaria se recoge que "resulta imprescindible asegurar la continuidad de las 1.072 plazas actualmente operativas y plenamente ocupadas en los dispositivos específicos de atención a Menas [Menores extranjeros no acompañados]".

El Gobierno hace –en el mismo texto de la modificación presupuestaria– un relato pormenorizado de la situación de la atención a los menores en Andalucía desde hace tres años: "La crisis migratoria que se inició a finales de 2017 y que se intensificó durante todo el año 2018, llevó al límite todas las estructuras de los servicios públicos. El número de ingresos en el sistema de protección se incrementó de manera exponencial, alcanzando unas cifras desconocidas, llegándose a triplicar los datos de 2005/2007, periodo que hasta entonces era referente en cuanto a magnitud de crisis migratoria. […] Este ritmo conllevó la necesidad de recurrir a fuentes de financiación externas para poder abastecer de recursos la atención de estos menores".

Así, en 2018 la Junta de Andalucía recibió del Gobierno de España una subvención de 26,3 millones de euros que se destinó "a financiar los dispositivos de emergencia durante el primer cuatrimestre de 2019 y los nuevos recursos específicos de atención a Menas". Esta cifra, esos 26,3 millones, es la que viene reclamando que se pague también para este año 2020 el Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Las plazas en los centros, sin embargo, se han reducido de 1.369 a 1.072 a lo largo del año pasado. Así lo explica el Gobierno andaluz: "[Se ha trabajado] para poder mantener en funcionamiento un número de plazas ajustado a las necesidades de cada momento y para cubrir todo el año 2019".

El 30%, menores de edad

En su último informe migratorio que se ocupa del año 2019, un clásico ya, la asociación APDHA "ha determinado que fueron 8.066 los niños y niñas (acompañados de sus familias o solos) los que llegaron a las costas españolas. Ello significa un aumento con respecto a 2018 (7.053) del 12,58%, pero sobre todo, un importante incremento porcentual con respecto a las llegadas totales, ya que casi un 30% de las personas llegadas a España por vía marítima han sido menores de edad".

La APDHA alertó en ese estudio de que el Gobierno de España ha reducido casi a la mitad el número de personas migrantes que llegan por la Frontera Sur "con el refuerzo de políticas que vulneran gravemente los derechos humanos, y que se fundamentan en la subcontratación de la represión por parte de Marruecos y el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex".

La organización criticó que para reducir los flujos, España "haya subvencionado las prácticas de violencia, maltrato y muerte en Marruecos contra la población subsahariana, que se ve sometida a la prohibición de residir en las ciudades del norte de país, y que son objeto de continuas redadas de deportación tanto en campamentos como en viviendas particulares".

El descenso de llegadas –remacha la APDHA– de 64.120 personas en 2018 a 33.261 en 2019, responde al apoyo de la UE a Marruecos con 140 millones para el control migratorio, la financiación para la compra de centenares de vehículos todo terreno (384), y a la instalación en el lado marroquí de la frontera de una triple hilera de concertinas.