El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), aprueba este martes en su reunión semanal el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas del Estado. El presidente de la Junta, así, lleva su guerra fiscal con el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) hasta el Tribunal Constitucional.

Moreno, que ejecuta desde que entró en el Gobierno andaluz una política fiscal regresiva que favorece más a quien más tiene y más ingresa, anunció hace unos meses en Madrid la supresión en Andalucía del impuesto de Patrimonio –un gravamen estatal cuya gestión está cedida a las CCAA– que solo pagan quienes acumulan más de 700.000 euros en propiedades, exceptuada la vivienda habitual.

Aquel anuncio de Moreno supuso un regalo fiscal a los más ricos de la Comunidad (apenas 16.786 personas habían pagado el impuesto en 2020) e igualó a Andalucía con Madrid como los dos únicos territorios en el Estado que bonifican este gravamen al 100%. Además, levantó una amplia polvareda política, que desembocó en la creación por parte del Gobierno de España de un impuesto temporal a las grandes fortunas, que estará en vigor durante dos años y luego se revisará.

Este se configuró como un impuesto complementario al del Patrimonio, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, y que grava a quienes acumulan bienes por un valor superior a los 3.000.000 de euros. Es a este escasísimo y privilegiado grupo de personas a quienes ahora se aprestan a defender Moreno y su Gobierno con el recurso al Tribunal Constitucional.

Recurso vestido de blanco y verde

Moreno y sus consejeros han vestido esta jugada política de blanco y verde y la han envuelto en la bandera de Andalucía. Moreno ha afirmado, según recoge Europa Press, que presenta el recurso "para que no se vuelva a pisotear el Estatuto de Autonomía y este Gobierno andaluz, que es legítimo".

Carolina España, consejera de Hacienda de Moreno, considera que el impuesto a las grandes fortunas supone una "invasión de competencias total" de las autonomías y es una "chapuza técnica". "Este impuesto ataca la autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas", dijo este lunes. El Gobierno andaluz ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del impuesto aprobado en Madrid.