Moreno mete en un decreto de la covid una reforma urbanística que permite edificar lo que no esté prohibido expresamente

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía ha colado una reforma de cierto calado de la legislación urbanística en uno de los decretos "extraordinarios y urgentes", que ha elaborado debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la covid.

Así, el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) se carga de un plumazo y sin debate político previo, la previsión que recogía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de que para poder edificar en suelo rural no urbanizable y en suelos de especial protección, los planes urbanísticos debían recoger expresamente los usos y actos posibles.

Esto se sustituye ahora por el método opuesto. Desde el 9 de junio pasado en que se aprobó el decreto-ley, solo están prohibidos en suelo no urbanizable los usos y actos que el planeamiento considere de manera expresa como tales. Y  para el suelo no urbanizable de especial protección, aquellos que sean incompatibles con el nivel de conservación del lugar en cuestión.

Esta decisión, según los urbanistas consultados por Público, implica un cambio de contexto relevante. Según las fuentes consultadas, de manera inevitable, se reducirán los controles ambientales por parte de la administración, porque al autorizarse la construcción sin la necesidad de que ese desarrollo quede recogido en un plan urbanístico, no se requerirá una evaluación ambiental estratégica.

Esta modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía está recogida en el decreto-ley 15/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 9 de junio pasado que está, como su título recoge, destinado a establecer medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural.

El decreto está firmado por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno y por su consejero de la presidencia, Elías Bendodo. Este decreto aún tiene que convalidarse en el Parlamento, pero no parece que Vox, el socio parlamentario de PP y Ciudadanos, vaya a poner problemas a estas alturas de la legislatura y menos después de que la derecha le entregase la presidencia de la llamada comisión de reconstrucción.

Esta resolución "extraordinaria y urgente" llega, además, en un momento en el que el Gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de Ley del Suelo, que prevé, cuando se apruebe, eliminar el régimen de suelo no urbanizable y sustituirlo por un régimen de suelo urbano y suelo rústico, en el que la planificación del urbanismo puede ser gestionada por actores privados y en la que, según asociaciones ecologistas y sindicatos, el urbanismo es a la carta y se hará, sobre todo, en función de los intereses de promotores y constructores, en definitiva: un regreso al ladrillazo que causó la crisis.

Planificación "obsoleta"

El Gobierno andaluz justifica la modificación legal en que la ley urbanística hoy vigente, que data del año 2007 y los planes de desarrollo a ella vinculados, supone "una planificación obsoleta que no se ajusta a las necesidades que demanda la realidad social y económica" y que ello "requiere una urgente solución".

En la exposición de motivos del decreto-ley, Moreno y Bendodo afirman que "mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable […] resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas".

Así, según el decreto-ley firmado por el presidente de la Junta, "la única solución inmediata aboca en prohibir sólo los usos y actos que así lo estén expresamente en el planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección".

Esta, remacha Moreno en el texto normativo, es una "solución derivada de los principios de legalidad y seguridad jurídica": "La propuesta contribuye al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural".