El Gobierno de Murcia va a modificar la censura parental impuesta por Vox en la región: solo se aplicará si los padres lo piden expresamente. Además, los centros escolares no tendrán que pedir permiso a las familias para que los alumnos asistan a charlas si las imparten funcionarios públicos. Sin embargo, a partir de ahora dejará de ser una simple instrucción y se blindará por decreto. 

El Gobierno formado por PP y Ciudadanos anunció los cambios este martes mientras un millar de murcianos se manifestaban contra la censura parental a las puertas de la sede del Ejecutivo. Pero las modificaciones no han hecho que los movimientos paren sus protestas.

La plataforma que organizó la concentración de este martes, Pacto por la Regeneración de Murcia, cree que la respuesta del Gobierno es "insuficiente" y seguirán movilizándose en contra de esta medida. La próxima cita es el 11 de febrero y se esperan movilizaciones en varias ciudades. 

La consejera de Educación de Murcia, Esperanza Moreno, defendió el cambio este miércoles alegando que así dan solidez a la instrucción que ya se está aplicando y que ha llevado a los centros escolares a un verdadero desbarajuste: Los profesores han tenido que pedir autorizaciones para que los alumnos asistan hasta a cuentacuentos o charlas de médicos sobre higiene personal. 

Con las rebajas previstas los talleres impartidos por funcionarios como policías, médicos o jueces no pasarían por la censura parental. La consejera explicó que toman esta decisión porque a los funcionarios "se les presupone una neutralidad ideológica" que considera que no tienen educadores de asociaciones u otros colectivos. 

Además, se comenzaría a aplicar el 'silencio positivo' de forma que el menor asistirá a la charla si no entrega la autorización. 

Pero estas modificaciones tampoco cambian la firmeza del ministerio de Educación de parar este veto. La ministra Isabel Celaá aseguró este miércoles que el Gobierno actuará si se fija por decreto. El ministerio ya envió un requerimiento para que fuera retirada la instrucción que regulaba el veto al considerarlo "inconstitucional". 

Esta instrucción también fue recurrida judicialmente por el sindicato de educación STERM y por la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Juan González, mayoritaria en la región.

Según explican desde la Consejería de Educación de Murcia, el nuevo decreto se aprobará en Consejo de Gobierno cuanto antes y sin necesidad de pasar por la Asamblea Regional. En el Consejo tiene mayoría el PP.

Aunque el proceso no es sencillo y puede demorarse entre dos y tres meses: primero se abrirá un plazo de exposición pública en el Portal de la Transparencia, después se someterá a los informes preceptivos y, por último, ya se aprobaría en el Consejo de Gobierno.