El año 2021 apunta a ser fundamental en el devenir del Gobierno de coalición y de las dos fuerzas políticas que lo conforman. Tras una primera parte de la legislatura centrada completamente en la gestión de la pandemia, no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo se ha volcado en impulsar su agenda legislativa, basada principalmente en el acuerdo de coalición que el PSOE y Unidas Podemos firmaron en diciembre de 2019.

Antes, se habían aprobado algunas medidas importantes, como el Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de los despidos a causa de bajas por enfermedad; sin embargo, es en este año cuando el Gobierno va a tratar de dar impulso a una agenda legislativa de corte social que en el seno de la coalición creen más necesaria que nunca impulsar, fundamentalmente por dos motivos.

El primero es que se empieza a dejar atrás la pandemia del coronavirus de la mano del buen ritmo del proceso de vacunación y de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción; el segundo tiene que ver con el toque de atención que supusieron las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid celebradas en mayo, unas elecciones en las que la derecha logró una hegemonía política en un contexto de participación histórica, y un resultado en el que para Unidas Podemos influyó la tibieza de su socio en el Ejecutivo para aprobar medidas sociales de calado.

En este contexto, el Gobierno se ha propuesto avanzar en esa agenda social y la coalición ya ha engrasado los mecanismos para impulsar las distintas negociaciones que se mantienen abiertas (en esta línea, la pasada semana hubo una reunión al máximo nivel entre el líder el Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, un encuentro en el que se abordaron esos temas).

La segunda mitad del año ha arrancado con acuerdos importantes: la bajada del IVA de la luz al 10% en un momento el que el precio de la electricidad ha alcanzado máximos históricos, y la aprobación de las dos leyes más importantes que el Ministerio de Igualdad lleva trabajando desde el comienzo de la legislatura, la ley trans (contenida en la ley LGTBI) y la denominada ley del solo sí es sí (que previsiblemente llegará la próxima semana al Consejo de Ministros).

En estos dos asuntos se ha impuesto la posición defendida por Unidas Podemos y se ha revelado la intención del PSOE de alejar esa imagen de tibieza para apostar por medidas sociales de calado. Sin embargo, aún quedan tres asuntos que van a marcar el futuro de la coalición y del Ejecutivo: la derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación de una ley de vivienda a nivel estatal.

La ley de vivienda: la más urgente y la más enquistada

Dos de estas medidas están recogidas de forma directa en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones: la derogación de la reforma laboral y la ley de vivienda. La vicepresidenta de Trabajo se ha impuesto tener una nueva legislación en materia laboral a finales de año y ha insistido en que, aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que incluya a todos los agentes sociales (patronal y sindicatos), legislará de todas formas si finalmente no hay consenso.

La ley de vivienda es, quizá, el tema más urgente y a la vez más enquistado en el seno del Gobierno de coalición. La norma lleva ya más de cuatro meses de retraso respecto al primer plazo límite establecido, y el objetivo tanto del Ministerio de Transportes como del Ministerio de Derechos Sociales es alcanzar un acuerdo antes de agosto.

Sin embargo, las partes están aún muy lejos, y, aunque se han producido avances muy importantes en materias como la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional o el impuesto a la vivienda vacía, las diferencias respecto a la regulación de los alquileres lastra cualquier posibilidad de lograr un consenso. Mientras Unidas Podemos aboga por un mecanismo que permita intervenir el mercado para congelar y bajar los precios en aquellas zonas declaradas de mercado tensionado, el PSOE rechaza de facto cualquier medida de intervención del mercado y apuesta abiertamente por tratar de bajar los precios incentivando fiscalmente a los propietarios.

La subida del salario mínimo interprofesional para este año no forma parte del acuerdo de coalición, pero la vicepresidenta de Trabajo está decidida a pedir este incremento, después de que el año pasado se congelara. Ni la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ni el presidente del Gobierno están en este momento por la labor de subir el SMI, pero las negociaciones están abiertas y Yolanda Díaz fía sus posibilidades a la promesa del PSOE de acometer el incremento cuando se recuperase la economía, después del golpe de la pandemia.

Este viernes, al lado del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, la vicepresidenta de Trabajo presentó el mayor descenso mensual del paro de la historia, después de que en el mes de mayo se hubiera registrado la mayor caída del desempleo de la serie histórica.

De la resolución de estas tres negociaciones dependerá en gran medida la posición de Unidas Podemos en el Gobierno en un año crucial para el futuro de la coalición.