Opacidad de los asesores: el Ministerio de Justicia se retira de una lucha perdida pero el Gobierno toma el relevo

La reciente sentencia de Tribunal Supremo, favorable a Civio, que obliga al Tribunal del Cuentas a identificar a todo su personal eventual ya está teniendo consecuencias en otros ámbitos de la administración.

Tan solo dos días después de conocerse el fallo, que antepone el interés público sobre el privado para que todos los ciudadanos puedan conocer el nombre y cargo de personas que trabajan en la administración, el Ministerio de Justicia se retiró de la causa judicial que había emprendido para tratar de seguir ocultando esa misma información. En 48 horas, el ministerio autorizó a la Abogacía del Estado, defensora de la Administración, a notificar su retirada voluntaria -desistimiento- de dos recursos contencioso-administrativos que había interpuesto para no tener que hacer pública la identidad de su personal eventual. Ambos contra resoluciones favorables a Civio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

¿Por qué esta decisión? Justicia ha optado por la retirada a tiempo porque la sentencia del Tribunal Supremo es contundente: los organismos públicos, incluidos los ministerios, están obligados a identificar a su personal eventual, personas nombradas a dedo, del mismo modo que a cualquier funcionario público.

Despilfarro de tiempo y recursos

La nueva doctrina del Supremo debería echar abajo cualquier tentativa de la administración para seguir manteniendo a sus eventuales en la sombra. Sin embargo, no ha sido así. Presidencia del Gobierno ha decidido ignorar esta sentencia del órgano superior del poder judicial español y llevar ahora a los tribunales su negativa a publicar la identidad y retribuciones de sus asesores. Un procedimiento iniciado por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que, a priori, tendría perdido y que solo supondría dos cosas: un derroche de recursos y de tiempo para la ya saturada administración de Justicia y para el Consejo de Transparencia, y retrasar el acceso a una información a la que los ciudadanos, como sabemos, tenemos derecho.

Presidencia incurre así en una actitud que hace tiempo que denunciamos: la excesiva litigiosidad contra resoluciones del Consejo de Transparencia con la intención de ocultar información a los ciudadanos. En Civio creemos que este tipo de litigios solo deberían ser aceptables en casos excepcionales en los que se pueda justificar que un derecho superior de la ciudadanía esté en juego -no es el caso-, y tras comunicarlo de forma transparente y razonada, algo que por el momento nunca ha ocurrido. La reacción de Presidencia a favor de la opacidad institucional no lleva a ninguna parte. De momento, desde Civio ya nos hemos personado en el caso de mano de nuestro patrono y abogado, Javier de la Cueva, y te seguiremos informando en detalle.

(Esta información, originalmente publicada en el sitio web Civio, está replicada bajo licencia de la Fundación Civio)