'Operación Caranjuez': otra cloaca policial al servicio de la brigada política de Rajoy contra Podemos

Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, aportó al DAO Eugenio Pino datos sobre el magnate venezolano Roberto Rincón, que años después sería detenido en España acusado de blanquear aquí parte de la fortuna que presuntamente amasó su familia mediante contratos amañados con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. También transmitió detalles sobre el Grupo Derwick y la constructora KCT, concesionarias de la petrolera señaladas por participar en su ruina, y sobre empresas españolas que fueron contratadas.

Pero a Pino y sus hombres no les interesaba aquello. Tras cuatro horas de reunión en la sede de la DAO, a finales de 2015, el DAO pidió a Ochoa Alvarado que parara, que descansara un poco. Le acompañaban el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano; José Manuel García Catalán, por entonces comisario jefe de la UDEF; el abogado José Aliste, y otros dos policías. "Entonces Pino me pregunta en aquel momento si tengo algo sobre Podemos", declaró Ochoa Alvarado ante la juez Cristina Márquez, titular del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, el pasado 30 de septiembre. 

"Yo le llevé más de 300 folios; eran puntos de cuenta [órdenes de pago firmadas por Chávez] autorizando contratos a eléctricas, asesorías, embajadores, aprobaciones internas hacia empresas españolas, francesas...", apuntó a la jueza el expolítico venezolano, que aseguró que no se levantó acta de aquella reunión en la DAO ni se le requirió más información sobre casos de corrupción de la petrolera venezolana que pudieran tener relación con España. En cambio, el número dos de la Policía le solicitó  información sobre Podemos para tratar de identificar presuntos pagos de Venezuela; un asunto sobre el que no había una investigación judicial abierta. 

La cloaca policial que investiga el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid en la  'operación Caranjuez' contra una docena de personas, entre los que figuran policías, abogados y hasta un agente israelí, por presuntamente extorsionar a exdirigentes venezolanos presuntamente relacionados con el blanqueo de capitales, se nutría de una cadena de favores que culminaba en la cúspide con el abogado español José Aliste Martín (se ha invertido el orden de los apellidos) y con el venezolano Martín Alberto Rodil, "un importante lobista de Estados Unidos", según la UDEF, que se presenta como colaborador de la DEA (la Agencia Antidroga de Estados Unidos). En medio, policías como Daniel Renuncio, David Berruguete y José Manuel Betanzos, investigados por su presunta participación en la trama.

El abogado Aliste tenía acceso directo a Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2016, y eso le servía a su red para poder vender a sus clientes servicios de seguridad, acceso a organismos públicos, concesión de la nacionalidad, permisos de residencia y la agilización de trámites como el DNI. Y también, protección frente procedimientos judiciales, órdenes de detención, etc. A cambio, según se desprende de la instrucción, la cúpula policial miraba por sus propios intereses y en aquel momento, en 2015, desplegaba una guerra sucia contra Podemos para intentar parar el auge de la formación morada.

A cambio de información sobre Podemos, Eugenio Pino ofreció a Javier Ochoa Alvarado protección, incluso le dijo que le había incluido en un fichero de colaboradores. Además en una ocasión Pino llamó a algún responsable del BBVA para solicitar que se desbloqueara una cuenta del venezolano, algo que finalmente no ocurrió, según consta en la declaración de Ochoa Alvarado.

Vía directa en la DAO

El abogado Aliste, de unos 70 años, en su declaración ante la jueza no explicó claramente de qué conocía a Eugenio Pino ni cuál fue la vía de acceso al poderoso DAO. Según ha podido saber Público, se limitó a decir que debido a su larga trayectoria tenía contactos y más bien apuntó a Bonifacio Díez Sevillano como su puerta de acceso a la DAO. Aliste reconoció que fue él quien organizó dos encuentros de Javier Ochoa Alvarado con la cúpula policial, con tres semanas de diferencia entre ambos; unas citas que en el momento de producirse no beneficiaban en nada al exviceministro venezolano, ya que no había orden de detención ni procedimiento abierto en su contra; al revés, acabó perjudicándole. En la actualidad está imputado en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

Ochoa Alvarado ha explicado en sede judicial que contactó con Martín Alberto Rodil en Estados Unidos y que le emplazó a contratar a unos abogados de allí para preparar una posible causa penal en su contra, pero él declinó el ofrecimiento. Ya en España Rodil le ofreció la rama española de su organización y le puso en contacto con el abogado Aliste. "Me preguntó que clase de información tenía y me dijo que me iba a atender el DAO", ha dicho Ochoa Alvarado. 

El Pollo Carvajal y el Informe Pisa

El exviceministro venezolano contestó a Eugenio Pino que no sabía nada de Podemos pero que podía hablar con las agencias de inteligencia con las que estaba en contacto. Se refería al exmilitar Hugo Carvajal, apodado el Pollo Carvajal, y a Carlos Aguilera, exdirector de los servicios secretos venezolanos, según él mismo ha declarado. Aguilera es otro de los presuntos extorsionados por la red corrupta. Según él, el investigado Alberto Galán Ferrer, exmilitar israelí, con doble nacionalidad, vinculado a los servicios secretos, según la UDEF, le dijo que le iba a presentar a "personas de la inteligencia española" "interesadas en temas de política española relacionados con Venezuela y  personas de enlace con Podemos". 

Según ha podido saber este diario, Ochoa Alvarado ha declarado que fue el Pollo Carvajal quien le facilitó datos "que pudieran estar relacionados con Podemos" y él los entregó en la DAO. Aliste dijo que para confirmar dichos datos se organizó el viaje a Nueva York con dos agentes policiales, que fueron presuntamente José Ángel Fuentes Gago y García Catalán. Según consta en un informe de la UDEF aportado a la causa, Martín Rodil propició un encuentro con los policías españoles y el exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea para ofrecerle su protección a cambio de su ayuda para rastrear presuntos fondos pagados por el gobierno venezolano a una fundación relacionada con Podemos. 

El falso Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) no ha salido a relucir en la instrucción, de momento, pero su difusión coincide temporalmente con lo declarado por Ochoa Alvarado. "Dos meses después de mi segunda reunión [en la que entregó la información sobre Podemos], vi esa información publicada en la prensa española". El Informe Pisa salió a la luz poco después de que Podemos ganara 72 escaños, en 2016, y aseguraba falsamente que el Gobierno de Irán había financiado a la formación morada. Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional le han dado veracidad, aunque ahora el juez García Castellón lo ha vuelto a desempolvar en su particular 'cruzada' contra Podemos.

El exjuez Garzón y la petrolera PDVSA

Javier Ochoa Alvarado también comprobó que la misma documentación que aportó en su primera reunión con Eugenio Pino sobre el presunto entramado corrupto de la petrolera estatal venezolana se volvía en su contra. Según ha relatado a la jueza, el despacho de abogados Illocad, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, representa a PDVSA en la querella que después presentó en su contra. "Es el mismo despacho que defiende a Eugenio Pino. Yo esto ya lo he llevado a la Fiscalía", ha dicho Ochoa Alvarado, que ha pedido que el exDAO testifique en la causa Caranjuez.

El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela ha relatado en el juzgado que la trama corrupta le metió miedo con una orden de detención de Interpol y que por protegerle de ella le pidieron 1,4 millones de euros. "Pagué 400.000 euros para quitármelo de encima (al israelí Alberto Galán). Me dijeron que por mi fisionomía parecía canario y que me iban a proveer de un DNI de un hombre canario". También ha relatado que cuando se negó a pagar el resto del dinero, "me amenazaron con que se iba a paralizar la nacionalidad, que iba a tener problemas".