Pablo Iglesias solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que prorrogue la causa sobre el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham seis meses más "para investigar cómo llegó al investigado Villarejo la información de la tarjeta"  y "el recorrido que la misma hubiera podido tener respecto de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO)". 

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 decidió la semana pasada no prorrogar la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem', después de recibir de la Policía Judicial el informe sobre la tarjeta sustraída, que, según los agentes de la Policía Científica es "inaccesible" su contenido, al presentar daños irreparables. Sin la continuación de la instrucción, la causa está abocada al archivo.

Iglesias pide que continúe la investigación para aclarar cómo se produjo el robo y cuál fue el recorrido de la tarjeta del móvil hasta llegar al medio digital Okdiario que publicó parte del contenido, entre otras cosas, un chat de miembros de Podemos incluido en la tarjeta telefónica. En el registro policial al domicilio del comisario Villarejo, se encontraron varios archivos contenidos en la tarjeta de Bousselham, que fueron publicados por el medio dirigido por Eduardo Inda. 

El juez debe tomar aún declaración a Dina Bouselham, a su expareja y al ex DAO Eugenio Pino, aunque en su reciente auto, García-Castellón prevé que de estas declaraciones no se derivará la necesidad de practicar nuevas diligencias. Algo con lo que no está de acuerdo Iglesias, que tilda de "sorprendente". Porque la declaración de Pino debería aclarar lo que manifestó Villarejo sobre que él entregó una copia de la tarjeta en un pendrive en la DAO. Dice Iglesias que Pino tendrá que explicar cómo se registró ese material en la Dirección Adjunta Operativa.

Según el recurso del ex vicepresidente segundo del Gobierno, al que ha tenido acceso Público, "más allá de las hipótesis sostenidas por el magistrado instructor, dicho sea con todos los respetos, sin base indiciaria en la presente pieza está huérfana de investigación en la presente pieza la supuesta facilitación de la información de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa o la posibilidad de existencia de investigación policial regular o irregular respecto de la información contenida en la misma". 

Iglesias considera que la declaración del ex DAO permitiría continuar la instrucción para investigar la posible existencia de "una organización criminal, a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición de funcionario policial de uno de
ellos, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial".

Continúa Iglesias explicando en su recurso que "es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del señor Villarejo como coincidente con las publicaciones que está realizando Okdiario"  y que tuvieron "el claro objetivo de desprestigiar su imagen, en momentos electorales clave, de forma directa". 

Para el exlíder de Podemos, en el informe de la Unidad Interna de la Policía de 19 de marzo de 2019 se constata que "existió un contacto previo entre quién disponía de la información (Villarejo) y el Sr. Inda".

Recuerda el recurso que el auto del Tribunal Supremo  de 16 de Septiembre de 2020, en el que se devolvía la condición de perjudicado en la causa a Iglesias, indicaba que "(…)De lo actuado hasta el momento, se desprende –y así lo expresan las resoluciones impugnadas– la posibilidad de que las publicaciones en los diarios digitales de capturas de pantalla inicialmente archivadas en el teléfono de la Sra. Bousselham, con mensajes del Sr. Iglesias y otros miembros del partido del que este es secretario general, tuviesen como fuente a la organización del investigado Sr. Villarejo".

"Esa posibilidad –continúa el recurso--que, de haberse materializado,
encajaría en la tipicidad del delito de descubrimiento y revelación de secretos de los arts. 197 y siguientes del Código Penal– resulta abonada por la incautación de copias de tales archivos en el domicilio de dicho investigado y por la aparente concordancia de la conducta con la presunta operativa habitual de su grupo de empresas, consistente en la obtención, por encargo de sus clientes, de información comprometedora para terceras personas, empresas u organizaciones, con quienes aquellos tienen intereses contrapuestos, así como, en su caso, en la utilización de la información obtenida para menoscabar a dichas personas, empresas o grupos".

Los daños en la tarjeta

Se queja Iglesias de que durante los dos años de instrucción de esta pieza "se ha continuado investigando respecto de la meritada tarjeta, y no las hipótesis más lógicas", cuando el informe de Asuntos Internos determinó que los daños de la tarjeta correspondían con los causados por el intento de recuperación de datos, algo que confirmó la empresa de Gales a la que fue derivada la mencionada tarjeta.

"Por lo tanto, en las presentes diligencias, ya había quedado acreditado que
los daños que presenta la tarjeta se causaron por un exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información. Este extremo fue confirmado por el Sr. Evans en la declaración que se incorpora en la contestación a la Orden Europea de Investigación, que afirmó que cuando llegó la micro tarjeta SD a su empresa "estaba físicamente intacta", expone el recurso. 

Sin embargo, en contra de las evidencias plasmadas en el informe policial sobre la tarjeta en agosto de 2020, el magistrado García-Castellón manifestó en un auto de octubre de 2020 que la "única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños
se causaran mientras estaban en poder del Sr. Iglesias". El juez quiso imputar al exlíder de Podemos por un presunto delito informático, pero al no haber podido acceder la Policía Científica a la tarjeta el plan del juez se ha venido abajo.