El golf como bandera del desarrollo económico. Es una de las llamativas propuestas de la patronal valenciana para "mejorar la competitividad" y "favorecer la recuperación" en este escenario poscovid. Así lo plantea la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en su documento de medidas fiscales, que sugiere una reducción del IVA al 10% en campos de golf "como estímulo a la actividad turística, con la consecuente generación de empleo".

Y es que, lejos de aprender de los fiascos del pasado, el urbanismo de golf resurge —o al menos se resiste a desaparecer— en una serie de municipios donde ciertos gobernantes aún anhelan hacer realidad antiguos proyectos que la crisis de 2008 convirtió en espejismo. La borrachera de golf y ladrillo durante las mayorías absolutas del tocho ya supuso impactos medioambientales y desorden territorial visible a día de hoy en el litoral valenciano. La vieja receta, sin embargo, sigue abriéndose paso en esta nueva normalidad.

Reactivar en medio de la crisis sanitaria

En La Vila Joiosa, los palos y los hoyos se han colado en plena pandemia tras hacer público el concejal de Urbanismo de la capital de la Marina Baixa que el consistorio tramita informe favorable a la solicitud de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para un campo de golf. La empresa Los Almendros de Alicante SA se acoge a esta figura para poder desarrollar nueve hoyos en unos terrenos no urbanizables en el paraje de L'Almisserà, una actuación que permitiría, en término de la Vila, aumentar la superficie del green que la misma firma ya materializó en la adyacente localidad de Finestrat.

Aunque la aprobación final recae sobre la Generalitat, el movimiento dado por Pedro Alemany, del partido Gent per la Vila (escisión del PP), vuelve a situar en una nueva posición de salida un proyecto que se remonta veinte años en el tiempo y que ha derivado en una auténtica montaña rusa de vicisitudes. Los planes iniciales hablaban de más de 1.600 viviendas vinculadas al campo de golf, una operación descartada posteriormente.

Durante este tiempo, Los Almendros de Alicante se ha topado con pronunciamientos judiciales que le retiraban la condición de agente urbanizador que obtuvo por subrogación, informes desestimatorios y la oposición de los movimientos ecologistas, que denuncian afección sobre zonas de especial protección.

Desde 2015, la promotora ha tomado otro itinerario y batalla por la DIC, con un consistorio siempre abierto a convenir. En junio de 2017, la mercantil obtuvo una primera respuesta negativa por parte del gobierno local, conformado entonces por PSPV-PSOE, Gent per la Vila y Esquerra Unida, que argumentaba que la simple extensión de un campo de golf no podía ser considerado de interés comunitario. Sin embargo, el mismo ayuntamiento se mostraba dispuesto a estudiar una nueva propuesta que incluyera elementos encaminados a "cualquier posibilidad de inversión que suponga beneficios para el municipio".

Unos meses después, ya en 2018, la mercantil parecía atender la demanda y reformulaba la idea incorporando, como complemento al campo del deporte elitista, la construcción de un hotel de cuatro estrellas y dos campos de fútbol
"a fin de constituir un complejo turístico/deportivo de relevancia no solo para el municipio, sino a nivel provincial y autonómico". Pero aquello tampoco ha acabado llegando a puerto.

Puerta abierta a futuros proyectos turísticos

El nuevo gobierno constituido en 2019 (ahora, junto con PSPV y Gent, está Compromís) se compromete, efectivamente, a tramitar favorablemente la actuación relacionada con el campo de golf, pero sin incluir los campos de fútbol y el hotel. En un comunicado reciente, el concejal de Urbanismo, férreo defensor del proyecto, explica que el convenio de 2018 produjo "dudas respecto a su viabilidad desde un punto de vista jurídico y técnico".

Alemany defiende ahora la actuación solitaria del campo de golf, al cual se añade únicamente un vial y una rotonda para justificar el cambio de criterio ante la Generalitat. Argumenta que habrá ingresos directos al Ayuntamiento, que existe informe técnico favorable, que la actuación es "ambientalmente asumible" y, lo más llamativo, que "no cierra la posibilidad de una futura ampliación" con "nuevos servicios".

En cuanto a la deuda, el concejal comunica que la empresa se habría comprometido a desistir de la reclamación de intereses y gastos al Ayuntamiento (cantidad que este edil sitúa en más de un millón de euros) y que la cantidad inicial de 1,2 millones de euros abonada en su día por la empresa se le fue devuelta en enero. El lío amenaza con seguir su curso, ya que desde la oposición se critican las formas y se pide la revocación de la decisión. Ciudadanos solicita retornar al acuerdo adoptado en 2018, que incluye el hotel y los campos de fútbol.

"Al final, es un ejemplo más de la apuesta única y exclusiva del Ayuntamiento por ese modelo de masificación turística que destruye el territorio", sostiene Derek Thornell, miembro de la Assemblea Municipalista de la Vila Joiosa (AMVJ). Para este colectivo, el proyecto cuenta con muchas implicaciones medioambientales y con un importante problema asociado al agua. "Ya lo estamos viendo: en los últimos años se han ido derivando los usos del agua mucho más hacia el turismo, dejando de lado la agricultura", expresa Thornell.

Aunque habrá que esperar, desde el colectivo tienen la sensación de que, veinte años después, podría llegar el momento del campo de golf. La AMVJ alude a la buena mano de la empresa con las instituciones que deben decidir. Y es que Los Almendros de Alicante no es una firma desconocida en esta zona. En su recorrido, tal y como explica el periodista Francesc Arabí en su libro Ciudadano Zaplana, se han dado cita un buen número de amigos y parientes del expresident de la Generalitat, actualmente imputado en el caso Erial. Vinculado directamente a esta sociedad también está Andrés M. Torrubia Arenas, presidente de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana.

No dar nunca por muerto

En la vecina comarca de la Marina Alta, lo del desarrollo de un campo de golf que se presenta con el envoltorio del impulso económico viene de antiguo y, de hecho, ha marcado la vida política de la localidad de Pego desde mediados de la década de los 2000. Aprobado aceleradamente, a interés del agente urbanizador, sobre la bocina de la polémica Ley autonómica Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Pego Golf ha transitado por un viacrucis similar al de tantas otras iniciativas de estas características: crisis del ladrillo, actuación no materializada por parte de la mercantil e incumplimiento de los plazos del acuerdo urbanístico.

Sin embargo, y a pesar del largo letargo, los defensores del plan, asociado a 1.300 viviendas y hotel, se niegan a darlo por muerto. De hecho, en 2018, con los plazos agotados, el pleno del Ayuntamiento desestimaba la moción presentada por Compromís para iniciar el expediente de caducidad del proyecto. Era el primer intento de los valencianistas por liquidar una aspiración que los socialistas, que ostentan la alcaldía, defienden bajo el paraguas del empleo.

A pesar de ello, en octubre de 2019, el Ayuntamiento inició el procedimiento para declarar esa caducidad, aunque finalmente ese procedimiento ha sido dado por expirado recientemente. "Están alargando procesos artificialmente, agotan los plazos para incumplirlos y dar tiempo. Y no nos comunican nada. Ya hemos solicitado que se vuelva a iniciar ese procedimiento", expone Àngel Oltra, concejal de Compromís en Pego.

El campo de golf es sin duda una causa determinante del distanciamiento entre el actual alcalde Enrique Moll y la coalición valencianista, en la oposición. En Pego, a pesar de que la aritmética era favorable a un pacto entre PSPV y Compromís, esta línea roja hizo imposible el acuerdo tras las pasadas elecciones municipales de 2019. El PSPV gobierna actualmente en minoría con el apoyo de Ciudadanos y la lista local Ciutadans per Pego. "Vivimos en una de las tres comarcas más turísticas del País Valenciano y somos la segunda más pobre. Ese no es el modelo que queremos para nuestro pueblo", razona Oltra.

Para el concejal, la huella de Pego Golf sobre este municipio de tradición agrícola puede revelarse devastadora, atendiendo a la sobreexplotación de los recursos hídricos y la disminución del suelo disponible para cultivar. "No es una necesidad la construcción en este pueblo. Pego tiene, sin contar el PAI en cuestión, tres millones de metros cuadrados urbanizables, el doble de este proyecto, y no se construye. Ellos dicen que el campo de golf hará que se construya, pero tenemos un campo de golf a muy pocos kilómetros (Olivanova) y no aportaríamos nada nuevo, más allá de la especulación", recalca Oltra. Para el edil, el desenlace natural pasa por tumbar el plan y revertir los terrenos a rústico.

Un modelo decadente

"Es como el náufrago que tiene todo el cuerpo dentro del agua menos la cabeza; hay momentos en que solo tiene la nariz fuera pero nunca acaba de hundirse del todo". Con esta ilustrativa imagen, el concejal de Compromís en Torreblanca, Miquel Giner, traza la también errática experiencia en esta localidad de la Plana Alta, ya en tierras castellonenses.

Hay muchas similitudes con el caso de Pego, y aquí el proyecto de Doña Blanca Golf también ha hecho imposible un acuerdo de legislatura entre socialistas y valencianistas. Josefa Tena, alcaldesa del municipio, del puño y la rosa, maniobra desde la pasada legislatura para reactivar esta antigua actuación impulsada por el PP en 2005 que contemplaba, en su inicio, más de 4.000 viviendas, hoteles de lujo y un campo de golf de 600.000 metros cuadrados. A día de hoy, una Agrupación de Interés Urbanístico, capitaneada por la Sareb, dispone de los terrenos para un megaproyecto que no parece tener interés para ninguna empresa, al no contar con garantías para su viabilidad.

"La alcaldesa dice que servirá para crear empleo. Es indudable que si el PAI dura tres años llevará trabajo al pueblo. Ahora bien, una vez esté construido el PAI, ¿quién pagará la luz de todas las farolas? ¿Quién pagará el mantenimiento de esas calles? Solo se está mirando a corto plazo", expresa Giner sobre una iniciativa que chirría en el actual contexto de emergencia climática.

A poca distancia de Torreblanca se pueden encontrar más respuestas sobre la conveniencia de apostarlo todo por un campo del deporte elitista. En Borriol, el campo de golf que presidió el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, acabó en subasta en 2016, tras sumar varias deudas hipotecarias, teniendo que salir a su rescate la familia del golfista Sergio García. Un poco más al norte, el campo de golf del pequeño municipio de Sant Jordi se ha revelado, después de 25 años en funcionamiento, como una instalación deficitaria en la que el Ayuntamiento ha invertido cada año decenas de miles de euros para su mantenimiento.