La Fiscalía niega irregularidades en el 'caso Pujol': "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad"
El Ministerio Público pide entre ocho y 29 años de prisión para el 'clan' y niega la prescripción de los delitos fiscales.
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El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha negado que existan "supuestas maniobras irregulares" en el juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol, en respuesta a las tesis de algunas de las defensas que denuncian un origen político de esta causa. "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad", ha apuntado Bermejo.
Así lo ha manifestado el representante del Ministerio Público este miércoles en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN). La Fiscalía y la Abogacía del Estado han contestado a las cuestiones previas que los acusados han planteado los dos días anteriores.
Bermejo ha expuesto que "lo que no se puede hacer" es introducir cuestiones "de índole político" en una cuestión "procesal, jurídica y sustantiva".
Del mismo modo, ha negado una "investigación prospectiva" por parte del magistrado instructor José de la Mata, al haber "indicios concretos" de la comisión de delitos por los que la Fiscalía pide entre ocho y 29 años, además de multas millonarias, para los siete hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Solei.
En concreto, ha citado los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la base de datos de la Agencia Tributaria y el comunicado que el padre de la familia emitió en 2014, en el que admitía tener dinero en el extranjero.
Por ello, la Fiscalía ha expresado que las defensas estaban "incurriendo en un error" al partir de ese "presupuesto" político porque "convierten las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar al pueblo".
"En definitiva, las pruebas propuestas para practicar la penalidad no han sido ninguna manipuladas, con ninguna finalidad espuria y han sido obtenidas con pleno respeto a los derechos de los acusados", ha declarado el fiscal.
Después de menos de dos horas de sesión, el magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado que el juicio continuará el próximo 10 de diciembre. Asimismo, ha explicado que los acusados declararán al final del juicio, tras la práctica de las pruebas.
Las acusaciones niegan la prescripción de los delitos
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han negado la supuesta prescripción de los delitos fiscales que algunas de las defensas alegaron en sus cuestiones previas.
El fiscal ha señalado que la fecha de prescripción es la del delito más grave. Por ello, ha señalado el delito de blanqueo "como el más grave en pena", que es posterior a la fecha de las facturas, por lo que "ahí es donde debe empezar el plazo de la prescripción".
"Aquí se empieza a blanquear casi en el año 92, y no se para de blanquear con movimientos bancarios hasta inclusive el año 2011. Lo veremos en el conjunto de cuentas bancarias que tienen en diferentes países los señores Pujol", ha expuesto Bermejo.
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Cabe recordar que el Ministerio Público acusa a la familia de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. También señala a una decena de empresarios como presuntos colaboradores.
La Fiscalía pide la pena más alta, de 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación. Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa, tal y como queda reflejado en el escrito de acusación.
En el caso del expresident, Anticorrupción solicita nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus otros seis hijos, pide penas de entre ocho y 17 años de prisión.
Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.
Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los ocho millones.
El 'patriarca' seguirá encausado
El juicio comenzó el pasado lunes a puerta cerrada con la declaración del expresident Pujol sobre su estado de salud. Tras su deliberación, el tribunal decidió que el expresidente de la Generalitat y cabeza del clan, Jordi Pujol, sea juzgado y le permitió seguir las sesiones desde casa.
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"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia" y que pueda "conectarse" desde "su domicilio", ha indicado el magistrado presidente José Ricardo de Prada a Pujol en el arranque de la vista oral.
De Prada ha señalado que si se produce "cualquier modificación de su estado de salud" y cuando vaya a tener una "intervención activa" en el juicio, el tribunal decidirá si "está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar".
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