La patronal se enroca y amenaza la buena racha del diálogo social

Hace un año, en octubre de 2021, Gobierno y agentes sociales rubricaban un acuerdo para prorrogar los ERTE de la pandemia por sexta vez. En su origen se trataba de una medida para hacer frente a las consecuencias que la pandemia había tenido para trabajadores y empresas, pero fue evolucionando y adaptándose hasta convertirse en el mejor pilar del empleo durante dos años y en el puente legislativo hacia la reforma laboral.

Ese fue el mejor momento de un diálogo social que ha alumbrado más de una docena de acuerdos en los casi tres años de pandemia, guerra e inflación que se han sucedido durante la legislatura. Nunca hubo más incertidumbre, y tampoco nunca se respondió con mayor consenso. Sin embargo, en los últimos meses, esta dinámica de acuerdos se ha revertido para dar lugar a una etapa de bloqueos, parálisis y dificultad para avanzar en las negociaciones.

Gobierno y sindicatos coinciden en que la CEOE ha realizado un giro que amenaza con poner fin a la racha de acuerdos que el diálogo social ha logrado. Hace tiempo que la patronal no coincide con ninguna de las propuestas que el Ejecutivo pone sobre la mesa, y en los últimos meses ha abierto varios frentes en distintas materias.

El más enquistado es el que tiene que ver con la actualización de los convenios colectivos. Se trata de una negociación bipartita en la que solo participan los agentes sociales (representantes de las empresas y representantes de los trabajadores), y en la que los sindicatos piden una subida de salarios que permita a los trabajadores hacer frente a la fuerte inflación que se sufre.

Sin embargo, denuncian las organizaciones sindicales, las patronales se niegan a negociar, y bloquean los salarios en un momento en el que la cesta de la compra se ha convertido en un problema real para muchas familias. Como respuesta a este bloqueo, CCOO y UGT han establecido un calendario de movilizaciones para presionar a la patronal con el objetivo de que vuelva a las mesas de negociación y se avenga a pactar la revisión de los convenios.

Hace solo 10 días, ambos sindicatos encabezaron protestas frente a las puertas de las asociaciones empresariales en toda España, y han convocado una manifestación para el próximo 3 de noviembre en Madrid. El de los convenios no es el único frente de la patronal relativo los sueldos; los de Antonio Garamendi también se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional el próximo año, una medida que el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado con la puesta en marcha del grupo de expertos encargado de hacer una propuesta de incremento.

Ni salarios ni fin de los falsos becarios

El siguiente paso, anunciado por la ministra del ramo, Yolanda Díaz, es el de convocar la mesa de diálogo social con patronales y sindicatos para estudiar esta propuesta y determinar la subida definitiva (una competencia que le corresponde al Gobierno, previa consulta con los agentes sociales).

Sin embargo, en la CEOE son contrarios a incrementar el salario mínimo, y el propio Garamendi ha alertado en varias ocasiones de que las subidas pueden provocar una "contracción" del empleo (algo que no ha sucedido en ninguna de las ocasiones en las que el Ejecutivo lo ha hecho). En esta ocasión, según apuntan algunas voces del diálogo social, es probable incluso que el empresariado no se siente en la mesa de diálogo, ya que la competencia es del Gobierno y el acuerdo con los agentes sociales no es una condición imprescindible.

Otro foro en el que la patronal parece haberse enrocado es en la negociación que aborda el desarrollo de un estatuto del becario (una norma para regular las prácticas extracurriculares de los estudiantes). El Ministerio de Trabajo tiene el objetivo principal de acabar con los falsos becarios y establecer una serie de derechos y obligaciones para que los estudiantes puedan desarrollar su formación en las empresas sin perder dinero (financiando los costes de desplazamiento al lugar de trabajo e impidiendo que asuman las tareas productivas de un trabajador asalariado, entre otras medidas).

Se trata de una medida que no solo quiere regular este tipo de prácticas y acabar con el trabajo gratis que en muchas ocasiones realizan los estudiantes, sino que también pretende darle un impulso al contrato de formación establecido en la reforma laboral, el modelo que recoge las relaciones formativas en las empresas. 

Según fuentes del diálogo social, la patronal rechaza cualquier propuesta que amenace el modelo de prácticas actual. Este lunes, Díaz ha advertido a Garamendi de que está decidida a terminar con la situación actual de los llamados falsos becarios, con o sin el concurso de la patronal: "Soy clara, llevo desde antes del verano para sacar un acuerdo, no me levanto de las mesas (de diálogo), pero obviamente esta norma es de vital importancia para nuestro país y la precariedad también se va a acabar con los mal llamados falsos becarios y becarias, les vamos a dar dignidad".

Desde Trabajo advierten de que si la patronal no vira su posición en los próximos días, el acuerdo se sacará con los sindicatos como único agente social, como ya ha sucedido con otras normas, como los reglamentos sobre los planes de igualdad y de igualdad retributiva aprobados en julio de 2020.

Este mismo lunes, Gobierno y agentes sociales mantuvieron su última reunión para abordar este asunto. UGT y Comisiones Obreras dieron su visto bueno a la última propuesta de Trabajo, a falta de que sus ejecutivas validen de manera definitiva el texto; sin embargo, la patronal no se ha pronunciado sobre la misma, y ni siquiera se sabe si la someterá a la validación de su ejecutiva, puesto que al encontrarse la organización en medio de un proceso electoral, quizá no tenga la competencia para dar su aprobado. 

Garamendi busca su reelección como presidente de la CEOE

Los conflictos no solo han tenido lugar con el Ministerio de Trabajo; hace unos días Garamendi criticó a Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a Hacienda, por incluir en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 una subida de alrededor del 8,5% de las bases máximas de cotización. La patronal acusó al Ejecutivo de hacer esto "a espaldas" del diálogo social, pero en el Gobierno aclararon que lo habitual es que las bases suban con la inflación, como las pensiones.

Algunas voces del diálogo social apuntan a que el giro del empresariado tiene que ver con el proceso de elecciones en el que se encuentra inmersa la CEOE para elegir al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Este proceso terminará en junio, y Garamendi estaría buscando, según estas voces, un distanciamiento del Ejecutivo y de los sindicatos para no granjearse el rechazo de ninguno de los sectores que conforman la organización, en especial los que han sido críticos con algunas reformas impulsadas desde el Gobierno en materia laboral.

Sin embargo, otras voces apuntan a que Garamendi tendría prácticamente garantizada su victoria por una amplísima mayoría: "No hay otro candidato, de momento, y los sectores más críticos también parece que están con él", aseguran. En todo caso, se advierte desde el diálogo social, los acuerdos pendientes no pueden esperar a que la patronal resuelva sus procesos internos.