En España para intervenir el teléfono a alguien hace falta autorización judicial. Pinchar el teléfono sin autorización judicial es un delito gravísimo. Bueno, pues resulta que a varios líderes políticos y sociales independentistas les han pinchado los teléfonos con un sistema informático israelí que solo pueden comprar los Estados.

¿Es la primera vez que esto pasa? Pues no. En 2017 Público dio una exclusiva en la que el periodista Carlos Enrique Bayo informaba de que la mal llamada brigada patriótica de Interior había adquirido ilegalmente material de espionaje israelí. Blanco y en botella. A la brigada patriótica dirigida por el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, la conozco yo muy bien. Fueron los que encargaron varios informes falsos para dañar a Podemos, entre ellos el famoso informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Y en ser espiado también tengo experiencia. A la coordinadora de mi equipo en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, le robaron el móvil y el contenido apareció en el ordenador de Villarejo. Blanco y en botella.

Hoy el espionaje contra los independentistas ha adquirido dimensión internacional y deja a nuestra democracia en una situación comprometida. Si solo un Estado puede comprar este material, si efectivamente parece que podrían ser miembros de la policía patriótica que montó el PP los que podrían estar detrás del espionaje, el presidente del Gobierno solo tiene una opción: implementar una investigación interna y ejecutar una depuración inmediata de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o del CNI que hayan participado en actividades ilegales de espionaje. Y además de eso, el Presidente debe ordenar la máxima colaboración de sus ministerios con funciones de seguridad con las autoridades judiciales, españoles y europeas, que van a investigar este watergate.

Sin embargo, parece que el PSOE no está por la labor ni de dar explicaciones, ni de investigar, ni de nada de nada. Y eso que el espionaje por lo visto llega a 2020, con Pedro Sánchez de presidente. La portavoz de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez ha dicho algo alucinante. Ha dicho: "En España no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley". Me voy a dar a la bebida y a los empujones como MAR. Pero Isabel, Isabel, lo que dices sería como decir que en España no se cometen asesinatos machistas, o como decir que en España no hay un solo ciudadano en paro. El negacionismo ha llegado a La Moncloa. ¿Espionaje? Donde está que no lo veo. De locos.

Vamos a ver. Es evidente que en España ha habido espionaje ilegal. A partir de ahí un presidente democrático no puede pedirle a su portavoz que haga un agujero y meta la cabeza en él como un avestruz. Un presidente que crea en el Estado de derecho tiene que dar la cara, mandar a sus ministros a dar explicaciones, investigar y depurar unas cloacas que son la mayor amenaza contra nuestra democracia. Este watergate es una nueva humillación a la democracia española. Solo un negacionista o un lunático puede hoy afirmar que la nuestra es una democracia plena.

Esto el PSOE lo sabe perfectamente pero, como casi siempre, prefieren mirar para otro lado porque en el fondo llevan las cloacas tatuadas en su ADN. Pero igual que se les pudo forzar a subir el SMI, a hacer un gobierno de coalición y a pactar con la izquierda independentista, ahora toca meter toda la presión para forzarles a que cumplan con su deber y defiendan la democracia española.

Habrá quien diga. Pues si Podemos y los independentistas piensan así del PSOE que se salgan los unos del gobierno y los otros lo dejen de apoyar. Ya. Eso es lo que querría la brigada patriótica. La pregunta va en la dirección contraria. Si al PSOE no le gusta gobernar con Podemos o pactar con la izquierda independentista que pacten un gobierno con el moderado y centrista Feijóo. A ver cuántos votos tiene Pedro Sánchez el año que viene si lo hace.