El debate sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía para los encausados por el procés catalán implica, entre todas las controversias que despierta, un asunto de enorme trascendencia: ¿Deben estar incluidos en un proceso legislativo de perdón colectivo los policías y guardias civiles que intentaron impedir, a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017? 

En estos momentos, son 45 los agentes procesados por el juez de instrucción Francisco Miralles, al frente del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, por la violencia "innecesaria" y "gratuita" que desplegaron en las cargas policiales que dejaron hace seis años casi 900 heridos en Catalunya, según los datos aportados por el Departament de Salut de la Generalitat. 

Mientras estos agentes esperan desde el pasado mes de enero la fecha del juicio, acusados de delitos de lesiones, el debate sobre la amnistía en la calle les pone en el centro de la polémica. 

¿Deben ser amnistiados estos policías igual que las 1.432 personas encausadas en diversos procedimientos relacionados por el procés? Existen decenas de causas penales contra alcaldes, ediles y ciudadanos que participaron en diversos incidentes el 1-O, como cortes de carretera, por ejemplo.  

La respuesta no es fácil, los juristas están divididos al respecto, incluso los partidarios de la ley de amnistía. Por ejemplo, José Antonio Martín-Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, considera que sí tendrían que estar incluidos los policías, al acotar el proceso de amnistía un mismo periodo temporal y unos mismos actos concretos. 

La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona está convencida, según un reciente comunicado, de que no deberían estar amparados por la ley de amnistía porque los agentes podrían enfrentarse a acusaciones de tortura, según el auto del juez Miralles, que deja abierta la puerta a que los heridos más graves en las cargas policiales del 1-O puedan acusarles de delitos contra la integridad moral. Este tipo de delitos no es amnistiable, según Naciones Unidas. 

Martín-Pallín, sin embargo, no comparte este argumento; según él, la actuación de los antidisturbios "no es equiparable a un delito de lesa humanidad". 

El Parlamento decidirá a quién incluye en la ley

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías aún es prematuro posicionarse sobre esta cuestión. "No hay reglas para la amnistía. El Parlamento tiene que seleccionar cuál es el objetivo de la amnistía y, coherentemente con ello, decidir a quién incluye y a quién no". 

Urías cree que "no todas las leyes de amnistía tienen que perdonar a los dos bandos implicados en una situación". "Si obedece a un conflicto civil, puede amnistiar a ambas partes reconociendo que ambas han cometido excesos jurídicos. Si se hace para reparar una injusticia judicial y no hay indicios de maltrato judicial contra la Policía, no sería lógico incluir a los agentes", dice este jurista. 

No es clemencia, es política

La amnistía, defiende Martín-Pallín citando al jurista Enrique Linde Paniagua, es un instrumento político que "no entra en el ámbito de la clemencia" --para lo que estaría la figura del indulto--y que sirve para alcanzar la "tranquilidad  pública". En este sentido, considera conveniente que se beneficien de la amnistía todos los que están relacionados con el conflicto catalán, para lograr una paz social en un problema histórico enquistado, incluidos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero para complicar más las cosas, estos agentes no quieren estar dentro de esa hipotética ley que exigen los independentistas. Todos los sindicatos y asociaciones policiales y de la Guardia Civil coinciden en el "no" a la amnistía.

Negativa de los policías 

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) argumentan que "recibimos una violencia ambiental extrema, cumplimos con nuestro deber usando la fuerza proporcional y, por eso, no entendemos este calvario judicial", explican a este diario fuentes del SUP.

Este sindicato policial, con más de 20.000 afiliados, insiste: "Pretenden ponernos en el mismo plano con los que cometieron el delito; tenemos 45 procesados por un solo juez, pero confiamos en la absolución de nuestros compañeros. "Nosotros no olvidamos y la amnistía supone el olvido". 

En la misma línea se expresa José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP): "El 1-O fuimos las víctimas físicas del asunto, los que sufrimos las agresiones. Además a fecha de hoy no hay ningún policía condenado, a diferencia de los que instaron el 1-O. Querer equiparar las dos cosas es querer usarnos como justificación para esa ley de amnistía", dice el portavoz de la UFP, con 8.000 afiliados de la Policía. 

Desde el punto de vista de los partidos, aún no hay consenso sobre la inclusión de los agentes del 1-O. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que está al frente de las negociaciones con Junts, quiere a los policías dentro de la amnistía, como una manera de cerrar para siempre el conflicto. 

"La amnistía se aplica ante conflictos de carácter político y situaciones absolutamente excepcionales", ha dicho recientemente Díaz, para quien en este contexto "hay multiplicidad de supuestos, hay personas que han puesto urnas; hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos", ha dicho Yolanda Díaz, lo que le ha provocado un aluvión de críticas de los sectores policiales.