El plan que dispara el precio del agua en Aragón incluye depuradoras en pueblos deshabitados

ZARAGOZA .- El Plan de Depuración de Aragón, cuyo desarrollo ha disparado el precio del agua de boca en la comunidad y amenaza con aumentar en más de 14 millones al año la factura de la capital, incluye la construcción de depuradoras en pueblos deshabitados, en otros que ni siquiera tienen agua corriente y en algunos que carecen de red de saneamiento.

Así ocurre, como mínimo, en una docena de localidades de la comarca pirenaica del Sobrarbe, donde el plan que el Gobierno de Aragón lleva una década impulsando prevé instalar sistemas de depuración presupuestados en más de 100.000 euros en cuatro pueblos que llevan medio siglo abandonados como Buisán, Ceresuela, Señés y Yeba, y reserva una inversión similar para Griébal, cedido por el Ministerio de Medio Ambiente a un grupo de Boy Scouts tras expropiarlo para construir el pantano de Mediano.

El plan de depuración, que incluye y presupuesta la construcción de plantas en otros núcleos despoblados –o esporádicamente ocupados en verano- como Huertas de Muro, La Muera, Bestué, Muro de Bellos, Buesa y Ceresuela , contempla una partida de 116.026 euros para la depuradora de Morillo de Sampietro, una localidad sin tendido eléctrico cuyos dos únicos habitantes –llegados hace menos de una década- se abastecen de una fuente.

El Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, que incluye entre sus objetivos hacer de la zona oscense de la cordillera “la primera Zona de alta montaña en Europa con una depuración completa de sus aguas residuales”, forma parte del fallido plan autonómico de tratamiento de caudales impulsado por el Par durante su Gobierno de coalición con el PSOE, cuya ejecución y financiación llevan tiempo levantando críticas y despertando recelos.

La inviabilidad económica del programa, que entra automáticamente en fase de revisión con cada cambio de Gobierno autonómico y cuya rescisión de concesiones ya le ha costado varios millones de euros a la comunidad, ha llegado a triplicar el precio del agua en algunas zonas y llevó el año pasado al ejecutivo a implantar el llamado Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que extenderá esa subida a toda la comunidad, para tratar de cuadrar las cuentas.

En el caso de Zaragoza, cuyo consistorio ha abierto varios frentes judiciales contra el tributo tras haber destinado 324 millones en 25 años a tratar sus aguas residuales, la factura que anualmente pagan sus 350.000 familias y empresas subirá más de 14 millones de euros, lo que llevó a Podemos e IU a llevarlo ante el Tribunal Constitucional.

La financiación de las actuaciones en el Pirineo también se encuentra bajo la lupa de varios colectivos como la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón), que dentro de unas semanas estrenará en Zaragoza un documental sobre el Plan de Depuración, y también de algunos partidos políticos, como Podemos e IU.

Dos diputados de la formación morada, el zaragozano Pedro Arrojo y el oscense Jorge Luis, han solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que explique “la oportunidad y grado de ejecución de las obras de interés general de las depuradoras del Pirineo aragonés con fondos asignados en principio por el ministerio”, así como “el desvío de dichos fondos a otras obras” y, especialmente, “los nuevos listados de obras en el ciclo integral del agua en municipios de Aragón que han acabado incluyendo plantas de tratamiento de purines”.

Medio Ambiente suscribió en 2007 un convenio por el que aportaba 142,6 millones de euros que el Gobierno de Aragón debía destinar a pagar las depuradoras del Pirineo, una actuación pendiente desde que en 1993 el ejecutivo central la incluyó, vía decreto, en un paquete de obras de ejecución urgente para la reactivación de la economía en plena crisis postolímpica.

Los diputados sostienen que, tras optar la comunidad por ejecutarlas mediante un sistema de concesión de obra con el que las empresas que las construían las explotarían durante periodos de 22 a 25 años, “esos fondos fueron destinados a múltiples obras que no eran de interés general del Estado”.

Una década después, la mayoría de las plantas siguen sin construir, aunque los vecinos de esas localidades se ven obligados a pagar el ICA. El plan inicial preveía que las constructoras efectuaran en toda la comunidad una inversión cercana a los mil millones de euros que incluiría la instalación de más de un millar de plantas y colectores antes de 2015. Hoy funcionan un centenar de las 131 previstas en el llano, y apenas una veintena de las casi 300 programadas en el Pirineo.

La RAPA y organizaciones como Ecologistas en Acción sostienen que la privatización de la depuración ha situado el coste de tratar cada metro cúbico de agua residual en 1,5 euros, “lo que supone diez veces más que en Navarra y La Rioja”.