El Gobierno de Aragón quiere subir 14 millones al año el recibo del agua de los zaragozanos

ZARAGOZA.- El recibo del agua ha abierto un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que se niega a pasar al cobro el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) del ejecutivo autonómico. El consistorio considera injusta su aplicación, ya que elevará el 14 millones de euros anuales el recibo del suministro de los habitantes de una ciudad que hace más de dos décadas que depura sus aguas residuales por cuenta propia, y cuyo municipio paga un canon a la Administración central por devolver al Ebro los caudales que procesa la estación de la Cartuja.

El ICA, que comenzaría a aplicarse en Zaragoza el 1 de enero con una bonificación del 60% que dejaría la recaudación en esos 14 millones y que hasta el año pasado se llamaba “canon de saneamiento”, tiene como objetivo financiar el costoso Plan de Depuración de Aguas Residuales que, ocho años después de su lanzamiento, el propio Gobierno de Aragón se ha visto obligado a revisar ante su insostenibilidad económica y su ineficacia ambiental: varias empresas han renunciado a sus contratas de modelo alemán que sobre el papel iban a generar inversiones de mil millones de euros, cientos de pueblos continúan sin tratar sus aguas y los vecinos de municipios que sí lo hacen asumen un recibo que llega a sextuplicar los costes, como ocurre en Jaca, que paga 2,4 millones por un servicio de 400.000 euros.

A ese plan, y al impuesto concebido para financiarlo –llamado “canon de saneamiento” hasta el año pasado-, siempre carecieron de la piedra angular, que era la participación en el sistema de Zaragoza, donde se encuentran más de la mitad de los hogares aragoneses. Sin embargo, los equipos de gobierno de la capital siempre se han negado a participar por un motivo: la ciudad se pagó sus dos depuradoras –terminó de financiarlas en 2013-, costea su mantenimiento y, además, paga un canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La Ley de Medidas Tributarias que están tramitando las Cortes de Aragón prevén que cada titular de un contador doméstico de agua pague un “componente fijo” de 5,095 euros mensuales -61,14 al año- más uno variable de 61,4 céntimos por cada metro cúbico consumido. Eso, en una ciudad que se ha marcado como objetivo bajar de los cien litros diarios por habitante, supondría en torno a otros 1,8 euros mensuales por vecino.

“El ayuntamiento no puede recaudar ese impuesto, porque los zaragozanos ya pagan por el saneamiento y por el vertido”

“Igual es el Gobierno de Aragón el que tiene que pasar ese recibo, y tendrá que buscar un censo para hacerlo”, señalaron fuentes del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que compararon la situación provocada por ese tributo con “el catastrazo de Montoro”, en el que los ayuntamientos se ven obligados a facturar a sus vecinos las consecuencias de la revisión de los valores que efectúa el Ministerio de Hacienda.

En ZeC dudan de que la comunidad pueda obligar al consistorio a pasar al cobro ese tributo. “El ayuntamiento no puede recaudar ese impuesto, porque los zaragozanos ya pagan por el saneamiento y por el vertido”, señalaron fuentes municipales, que se preguntaron “¿Cómo vamos a tener que pagar los zaragozanos por contaminar si ya lo hacemos para depurar y por verter?”

El enfrentamiento por el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas se suma a otros tres de tipo económico que el ayuntamiento de Zaragoza tiene abiertos con el Gobierno autonómico PSOE-Cha. Uno gira en torno a la deuda de más de 50 millones que el municipio reclama a la comunidad por asumir desde hace años servicios que la segunda no prestaba, otro se centra en los casi 15 millones anuales que el ejecutivo lleva dos ejercicios sin aportar para mantener el tranvía de la capital y el segundo tiene como eje la creación de una ley que garantice la sostenibilidad financiera del consistorio mediante una aportación de 50 millones anuales.

El ejecutivo autonómico sostiene en el proyecto de ley que “resulta evidente la necesidad de ampliar la afección del impuesto” a las actuaciones “relativas al abastecimiento” y no solo al tratamiento del agua, con lo que amplía sus afectos. Y, a renglón seguido, indica que la capital, “dado que conserva su autonomía de gestión y financiera” en cuanto a la depuración del líquido residual, resulta “neutra para el sistema general”, por lo que se trataría de “una situación plenamente equiparable a la de los municipios carentes de sistemas de depuración”. Y le aplica la menor de las bonificaciones previstas para esos casos.

El impuesto deben pasarlo al cobro los ayuntamientos y las empresas que gestionan redes de abastecimiento para después entregar los fondos al Instituto Aragonés del Agua (IAA), el cual, por otro lado, ha privatizado la gestión de tributo por 6,5 millones de euros para los próximos cuatro años.

El equipo de gobierno de ZeC considera “injusta la pretensión del Gobierno de Aragón de repercutir sobre los habitantes de la capital aragonesa el coste de las inversiones del Plan de Saneamiento, a través del Impuesto sobre Contaminación de Aguas”.

Su concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, que sostiene que la capital debe ser solidaria con el resto de la comunidad pero no “a costa de llevar a cabo una gran injusticia con Zaragoza”, reclamó al Gobierno autonómico que aclare cuál ha sido el destino de los ingresos relacionados con el Plan de Depuración que el IAA ha recibido en los últimos años y cómo se han gestionado sus inversiones. “Queremos saber a qué va destinado este dinero y cuál es la situación real del Instituto Aragonés del Agua”.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha anunciado ya su intención de “replantear la situación [del plan] sobre unas bases más realistas” para retomar el plantemiento inicial: “construir las plantas depuradoras mediante contratos de obra y buscar nuevas alternativas de procesos que generen menos controversia social y ayudas económicas de instancias estatales y europeas”.