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El plan de Sánchez para Catalunya atasca el pacto de financiación de Díaz con el PP

La presidenta de la Junta convoca a todos los líderes de la oposición para formar un frente común andaluz que sirva de contrapeso al independentismo, pero sus rivales le afean sus discrepancias con Ferraz sobre la crisis territorial

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , momentos después de presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz tras las vacaciones de verano. EFE/José Manuel Vidal

Susana Díaz ha reabierto este martes el curso político con una estrategia recurrente del socialismo andaluz siempre que en Madrid hay un gobierno del PP: invocar los intereses de Andalucía por encima de los intereses de partido y, acto seguido, convocar a los líderes de todas las fuerzas de la oposición para formar un frente común andaluz que ejerza de contrapeso a las reivindicaciones catalanas. Con ello quiere evitar que la crisis territorial provocada por el órdago secesionista se resuelva con un acuerdo bilateral Gobierno-Catalunya que, dice Díaz, sería perjudicial para Andalucía y para el resto de comunidades infrafinanciadas.

El problema es que la búsqueda del consenso de todo el arco político andaluz implica necesariamente abrir dos líneas de confrontación: una contra el independentismo catalán y otra contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a quien Díaz exige una mejor financiación para su comunidad y le reprocha una deuda de ingresos atrasados superior a los 5.500 millones de euros. La dificultad de lograr ese pacto andaluz con sus adversarios estriba en que el discurso de Susana Díaz sobre el problema catalán no convence a Podemos ni a IU, mientras que el proyecto de España plurinacional de Pedro Sánchez para mediar en dicho conflicto no agrada al PP, por mucho que en las últimas horas el líder socialista se haya alineado con Rajoy frente al independentismo.

Con este paso, la presidenta de la Junta intenta arrebatar a Catalunya el monopolio del debate territorial, poniendo el foco en la “infrafinanciación” de Andalucía, la región peor parada en el reparto de fondos del Estado, junto a Valencia y Murcia, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un prestigioso centro de investigación patrocinado por empresas del Ibex 35. En 2009, la diferencia entre la comunidad que más recursos recibía y la que menos era de 489 euros por habitante, mientras que en el ejercicio pasado esa brecha se había duplicado hasta los 818 euros.

En los próximos días, Susana Díaz recibirá en San Telmo, por este orden, a los agentes sociales -los líderes sindicales y de la patronal- y posteriormente a los dirigentes del PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida para tratar de consensuar una postura unitaria respecto a las necesidades de financiación de Andalucía. Estas conversaciones son el paso previo a la creación de una mesa de trabajo en el Parlamento, donde se sentarán las cinco formaciones políticas. Todos los grupos han aceptado participar en el foro, pero todos guardan serias dudas de que esta propuesta sea algo más que un acto de autoreivindicación de Díaz, tras su derrota en las primarias del PSOE.

La estrategia de Pedro Sánchez, para resolver la crisis territorial en Catalunya puede “dificultar” el plan de Susana Díaz de sellar un pacto con el PP

La iniciativa parte con un claro hándicap: la muy improbable colaboración del PP andaluz para exigir a Rajoy más dinero. Por dos razones: la más conocida es que los populares achacan los problemas de financiación de Andalucía a la mala gestión de recursos propios que hace el Gobierno de Díaz, y no a la falta de inversión estatal. Como ejemplo, señalan la devolución de los fondos para políticas activas de empleo (la Junta paralizó durante años los cursos de formación a parados tras la apertura de una investigación judicial por fraude) o la renuncia a las competencias sobre el polémico impuesto de sucesiones y donaciones, una tasa estatal cedida a las comunidades, que Andalucía se resiste a eliminar porque dice que grava a los que más tienen.

La razón menos difundida, y que admiten miembros del Ejecutivo andaluz, es que la estrategia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para resolver la crisis territorial en Catalunya puede “dificultar” el plan de Susana Díaz de sellar un pacto con el PP y el resto de fuerzas para mejorar la financiación de esta región. El PSOE andaluz, la federación más potente del partido, desconoce la letra pequeña del proyecto de Sánchez para Cataluña, que se hará pública el próximo lunes.

Dudas sobre la Declaración de Barcelona

Lo poco que conocen se desprende de la Declaración de Barcelona, el acuerdo que las ejecutivas del PSOE y del PSC sellaron el pasado mes de julio. Los socialistas andaluces discuten ese pacto porque dicen que se aparta del amplio consenso logrado por todas las federaciones del partido en la Declaración de Granada (2013), el documento que propone una reforma de la Constitución y avanza hacia el modelo de España federal.

La dirección federal, así como el PSC, aseguran que no hay discrepancias entre el acuerdo de Barcelona y la Declaración de Granada, esto es, que “no hay incompatibilidad entre la España plurinacional que propugna Sánchez y la igualdad entre territorios que defiende Díaz”. Pero en el PSOE andaluz están todas las alertas en rojo, porque temen que Sánchez haga suyas (aunque matizadas) algunas de las 46 exigencias que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planteó a Rajoy en abril del año pasado.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (i), acompañada del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios (d) y el resto de consejeros, momentos antes de presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz tras las vacaciones de verano. EFE/José Manuel Vidal

Por ejemplo, el PSOE recuperaría el compromiso de Rubalcaba para desarrollar el Estatuto catalán, tras ser cercenado por el Tribunal Constitucional, y se comprometería a pagar la deuda del Gobierno con Cataluña por el incumplimiento de la inversión estatal para este territorio que reconoce dicho Estatuto. La reivindicación es la misma que puede articular el Ejecutivo de Andalucía, dado que su propia Ley Orgánica también blinda un porcentaje de inversión estatal equivalente a la población andaluza que se ha incumplido reiteradamente desde la etapa de Zapatero. La deuda arrastrada por este déficit inversor supera los 2.300 millones de euros.

Díaz se ha parapetado en el traje institucional cuando le han preguntado si considera que la apuesta de Pedro Sánchez por la plurinacionalidad “da alas a los independentistas”, como denuncia el PP. Pero ha recordado que su posición de partido al respecto ya se la planteó personalmente a su secretario general en el Congreso del PSOE-A, el pasado julio. La andaluza le advirtió entonces de que no le hiciera elegir entre su lealtad al partido y su compromiso con Andalucía, porque necesariamente se inclinaría por lo segundo. El entorno de Díaz afirma que no hay “predisposición a mantener viva la gresca con Ferraz”, porque, dicen, “no beneficia a ninguno de los dos”. Pero sí admiten “preocupación” por que las propuestas de Sánchez para desbloquear la situación catalana perjudiquen indirectamente a Andalucía. “Si vemos un riesgo real, no nos callaremos”, avisan.

Por su parte, Podemos e IU comparten la idea del PSOE andaluz de que los Presupuestos Generales “marginan y maltratan” al territorio andaluz, pero acusan a la presidenta de instrumentalizar ese “agravio” con esta región, y por tanto son reticentes a sumarse al frente común liderado por Susana Díaz. Ambas formaciones ven debilitada a la sevillana tras su fracaso en las primarias socialistas, le reprochan haber relegado a un segundo plano la gestión de su comunidad, y esperan aprovechar esa debilidad para arrebatarle la hegemonía del discurso de izquierdas y de la defensa de Andalucía.

Todo el escepticismo y los recelos de la oposición no han disuadido a Susana Díaz para que arranque el curso con una ronda de contactos que se materialice en una foto de los cinco grandes partidos andaluces, más sindicatos y empresarios, ejerciendo de contrapeso a las presiones de Catalunya contra el Estado, ya sea a través del órdago secesionista, o de alternativas políticas que impliquen dádivas financieras a esta comunidad autónoma en detrimento de otras. “Espero generosidad de todos los partidos y creo que habrá consenso, porque nos jugamos el mantenimiento de los servicios públicos del Estado de bienestar para los próximo diez años”, dice.

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