VillarejoLa Policía identifica a un comisario que recopilaba datos de clientes del BBVA que luego usaba Villarejo

El caso Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional ya tiene imputado al grueso de la cúpula policial que regía en la época en la que Jorge Fernández era el ministro del Interior, pero la investigación sigue arrojando nombres, como el de un comisario que se desempeñaba como Jefe de Sección Operativa en la Comisaría General de Información y que según un intercambio de correos electrónicos que obran en el sumario, habría recabado de dos empleados del BBVA datos personales de clientes que después utilizaría en sus negocios el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Según un oficio de la Unidad de Asuntos Internos adscrita a la causa al que ha tenido acceso Europa Press, el intercambio de mensajes ha sido aportado al juzgado por la propia entidad financiera, que fue requerida por la Audiencia Nacional a presentar cuánta documentación tuviera a su alcance sobre los trabajos que Villarejo estuvo realizando para la anterior presidencia durante cerca de una década y que se ha topado con una serie de emails en los que un empleado proporcionaba datos privados de clientes a petición del inspector jefe C.R., no imputado hasta ahora.

En un informe que Villarejo habría cobrado, constaban datos de movimientos bancarios en el BBVA

Esos correos sin embargo, no eran de interés para la pieza del caso Villarejo relativa a los "trabajos" que ejecutó para el BBVA, sino para la línea de investigación denominada Iron, sobre el espionaje que acometió sobre el despacho de abogados Balder IP por encargo de Herrero y Asociados, un bufete de la competencia que le contrató para que averiguase si la otra firma le estaba robando clientes.

En el informe que Villarejo presentó a este bufete y por el que habría cobrado, de acuerdo a la investigación, al menos 600.000 euros, constaban además de listados de tráfico de llamadas, datos de movimientos de cuentas bancarias en el BBVA del despacho al que estaba espiando, los mismos que recaba este comisario por email directamente de dos trabajadores de la entidad financiera que le responden desde sus cuentas corporativas.

En uno de ellos, fechado el 14 de octubre de 2013, C.R. dice al empleado del BBVA que "a la Comisaría General le interesa conocer la salud financiera de la empresa Balder IP" y proporciona como señas el CIF, el número de la oficina del banco donde tienen cuenta abierta y el nombre de los posibles apoderados. Una empleada de la entidad le responde al día siguiente facilitándole el saldo exacto de la cuenta y del depósito a plazo que tiene el despacho de abogados, sin más detalles.

Dos semanas más tarde, C.R. vuelve a insistir y solicita "conocer respecto de la cuenta que mantiene la sociedad Balder IP si desde junio a diciembre de 2012 se anotó algún ingreso o transferencia fuera de lo común" dejando "esa valoración" sobre lo que está fuera de lo común a su "criterio". Le pregunta si puede "ver los movimientos" en el ordenador del empleado "y tomar nota".

Para la comisaria y para "Enrique"

En esta ocasión encabeza el mensaje con la frase "tu amigo Enrique me tiene loco con este asunto". La unidad policial que ha analizado los emails deduce que se trata de Enrique García Castaño, también investigado en la causa y que entonces era superior jerárquico de C.R. como comisario principal de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional.

La respuesta inicial es un "hablamos mañana", pero el 4 de noviembre, el empleado del BBVA le reenvía el correo que ha preparado la otra trabajadora del banco con un listado que recoge las transferencias, los ingresos en efectivo y los giros desde el extranjero que ha registrado la cuenta del despacho de abogados en el periodo referido.

Es el mismo listado que apareció en uno de los registros en casa de Villarejo, dentro de un pendrive codificado lo que a juicio de la unidad investigadora, "viene a acreditar que dicha solicitud trae causa no de una investigación de la Comisaría General de Información sino del proyecto Iron para el que Herrero y Asociados contrató a cambio de precio los servicios de la estructura solitaria investigada cuyo titular real es Villarejo".

Los investigadores relacionan este documento con otro hallado en el mismo pendrive, una hoja de word en la que con el título "Gestiones BIG 8.11.2013 mandado y fax" recoge una serie de requerimientos de información que Villarejo le habría hecho o le iría a hacer a Enrique García Castaño, pues se presume que BIG era el mote que le había puesto. Consta en esas anotaciones, la de recabar "todos los movimientos de BBVA de Balder desde 31-5-2012 hasta 31-12-2012".

"Dos de vuestras clientas"

No obstante, C.R. no sólo pidió y consiguió información sobre Balder. En la misma cadena de correos aportada al juzgado el policía pregunta al empleado del banco además por "la salud financiera y los datos personales" de dos mujeres, madre e hija, de las que proporciona nombre completo y DNI y a las que se refiere como "dos de vuestras clientas". Le responde el mismo empleado con el saldo de la cuenta, la dirección y los teléfonos móviles de ambas.

La defensa de García Castaño ha solicitado que se investiguen los correos y llamadas durante su paso por la Comisaría General
de Información

Él pide después más detalles, como "el origen de las transferencias por pago de factura", advirtiendo de que en este caso "no importa solicitar los datos a la oficina". La empleada del banco le da la información, que incluye el pago de una pensión y el nombre de quien hace esos giros.

La defensa de García Castaño ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue todos los correos electrónicos recibidos y enviados por este comisario, así como su tráfico de llamadas durante su paso por la Comisaría General de Información para conocer si existían encargos de las empresas de Villarejo que justificasen esta recopilación de información dado que aseguran que no pasó por las manos de su patrocinado.

Algo similar ocurre con los listados de llamadas de teléfonos que Villarejo ofreció a estos y otros clientes y que de acuerdo a las compañías telefónicas requeridas por el juzgado, no habrían salido de sus empleados pues en unos casos, se monitorizan todos los accesos a información y no consta que se hubieran consultado esos números y en otros, si se hizo no queda registro porque periódicamente esos datos se borran. Solicitan que atendiendo al formato de los listados, se averigüe de qué fuente procedieron.