El PP se agarra al mantra de la okupación para explicar el problema de la vivienda pese a que los datos lo desmienten

El precio de los alquileres y de la compraventa de viviendas en España no deja de subir y el Partido Popular defiende a capa y espada un diagnóstico: los okupas. Aunque el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya constatado una disminución de unos datos ya de por sí bajos, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha abonado a la teoría de la okupación y la inquiokupación como problema y solución de la emergencia habitacional que sufre España. 

El pasado viernes, el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial publicaba datos actualizados y el número total de desahucios ha descendido en un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024. Además, durante el segundo trimestre de 2025 se registraron únicamente 487 procedimientos en toda España relacionados con la ocupación ilegal de viviendas, una reducción del 23,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Cuca Gamarra, actual vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, aseguraba este lunes en una entrevista en Radio Nacional que, si los precios de la vivienda están disparados, es por el miedo a la okupación: "La clase media española, que ha ahorrado y ha depositado todos sus ingresos en una segunda vivienda, no la pone en el mercado por miedo", declaraba la diputada. La tesis popular es que los precios suben porque hay poca demanda. "Ante la inseguridad jurídica no hay vivienda en el mercado del alquiler" y "el pequeño propietario no se arriesga", defendía Gamarra este lunes. La única solución que la dirigente del PP ofrecía durante su intervención para paliar los problemas en el mercado de la vivienda pasaban por acabar con la okupación. 

En una encuesta del CIS publicada en marzo se desveló que la okupación solo preocupa al 1,6% de los españoles, pero el PP ha decidido de hacer de esta cuestión su batalla particular, adoptando así postulados habituales de Vox. Como en materia migratoria, los de Feijóo miran hacia la extrema derecha. 

Gamarra no hizo ninguna mención a que España sea el país de Europa con más sociedades anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) o a la ampliación de suelo público. En cambio, el Observatorio del Alquiler aseguraba en un análisis del mercado nacional que la caída de la oferta (un déficit de más de medio millón de viviendas según el Banco de España) se debe, fundamentalmente, al "auge de alternativas diferentes a los arrendamientos de larga duración, donde los propietarios optan por otras opciones para sus inmuebles, como los alquileres turísticos y de temporada", tal y como concluye un informe publicado a comienzos de 2025. Donde el Partido Popular dice ver miedo a alquilar una casa, los expertos constatan una realidad ajena a las emociones que consiste en explotar el mercado en su versión más rentable.

Para Feijóo el problema de la vivienda son 25.000 personas

Pero esa misma tesis fue defendida por Feijóo durante la semana anterior. El líder del PP, al ser preguntado por la cuestión de la vivienda, reducía el problema a la okupación y la inquiokupación (dejar de pagar el alquiler) y sostenía que el aumento de precios estructural es porque 25.000 personas en toda España no pagan el alquiler: "Donde más ha subido [el precio] es donde ha bajado la oferta de pisos de alquiler. El 40% de las okupaciones de vivienda ilegal en España se producen en el área metropolitana de Barcelona. 25.000 personas no pagan la renta, la  inquiokupación. Si no acabamos con eso, no habrá viviendas en alquiler. Demos seguridad jurídica", demandaba el líder conservador en una entrevista en Antena 3. El dato de las 25.000 personas, extraído de una noticia de El Español, no aparece publicado en ningún otro lado.

En las últimas apariciones públicas, los populares se han olvidado por completo de otras propuestas que solían defender en sus programas electorales y documentos políticos. Ya en la ponencia política publicada el pasado mes de junio, el PP daba mucho espacio en sus medidas para la vivienda a la okupación y ocupaba uno (el más grande) de los tres epígrafes al respecto: "Nuestra prioridad es devolver la seguridad jurídica a la propiedad privada y acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y haciendo que el desalojo sea inmediato", podía leerse en su documento aprobado durante el XXI Congreso Nacional.

Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda, desmonta ese tipo de afirmaciones. "Solo responden a un pánico creado artificial e interesadamente, una alarma social que responde y trata de salvaguardar el negocio del miedo que tributa al servicio de los intereses económicos de determinados actores que se dedican al "inmobiliario" como son empresas de alarmas de seguridad, empresas que se dedican a la “desokupación” y que, en muchos casos, actúan bordeando la legalidad. El problema no es la oferta, es de desvío fraudulento de la oferta. Como es mucho más rentable poner un piso turístico ilegal o fraccionarlo por habitaciones, pues es ahí donde va la oferta", apunta.

Una ley para echar a "okupas"

Tanta es la preocupación por la okupación, que el Partido Popular aprobó en el Senado una ley para reformar la ley y que cualquier ocupación de una vivienda se resolviera por la vía rápida con un desahucio en menos de 48 horas. Esa normativa es una de las tantas que los populares han aprobado en la cámara alta y que no ha llegado nunca a tramitarse porque ha quedado congelada en la Mesa del Congreso de los Diputados. 

Aunque las entidades sociales piden una intervención del mercado de la vivienda, Isabel Díaz Ayuso fue explícita hace unas semanas en un foro de BlackRock organizado en la capital: "No vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta, se ha demostrado fallido. Paraliza el mercado, siempre, siempre. Vamos a defender la propiedad privada como un principio", zanjaba. Todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular han bloqueado la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, un derecho reconocido a las autonomías en la última ley de vivienda. Mientras, la última medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la crisis consistía en un teléfono de ayuda para la vivienda que ha recibido fuertes críticas.