El PP usa la mayoría absoluta en el Senado para ir al choque contra otras instituciones

El último bastión de Alberto Núñez Feijóo es el Senado. El Partido Popular dispone allí de una mayoría absoluta que se ha convertido en un inesperado vecino ruidoso del Congreso de los Diputados. Los populares han transformado la Cámara Alta, un órgano históricamente desatendido por la ciudadanía y los medios, en un generador de titulares y polémicas que se utilizan para confrontar contra el Gobierno de PSOE y Sumar.  

Será el Senado el lugar donde Pedro Sánchez comparezca en comisión de investigación por el caso Koldo y será también allí el lugar desde donde la derecha recurra al Tribunal Constitucional si el Gobierno no presenta en un mes los Presupuestos Generales del Estado. El uso del Senado ya ha traído al PP alguna derrota en los tribunales, pero eso no ha frenado a la formación, que mantiene su estrategia en busca de desgaste, desafección y polarización.

Además de las cuatro comisiones de investigación creadas gracias a la mayoría absoluta conservadora (una sobre la DANA, otra sobre el apagón, otra sobre el caso Koldo y una cuarta sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas), los de Feijóo han intentado elevar la autoridad del Senado para equiparar su poder legislativo al del Congreso de los Diputados. De este modo, denuncian desde hace tiempo un llamado "conflicto de atribuciones" entre las dos cámaras. Los populares sostienen que el Senado es ignorado por sistema en todas las modificaciones que hace de leyes aprobadas en la Cámara Naja y que las normativas propuestas por el PP desde ahí nunca llegan a tramitarse en el Congreso. Desde el Partido Popular hablan del "congelador de Armengol" para definir la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, que mediante un sistema basado en ampliar los plazos de enmiendas a las leyes, guardaría, según los populares, en un cajón los proyectos de ley que el PP presenta a través del Senado. 

Fuentes de la Presidencia del Congreso responden ante la ofensiva legislativa del PP: "Llevan así dos años, intentando equiparar cámaras, cuando la Constitución es muy clara en las competencias de cada una", recuerdan. Desde el equipo de Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, reducen las aspiraciones del Partido Popular y aclaran que "el Senado es una cámara de representación territorial y de segunda lectura", por mucho que los de Feijóo intenten llevar a cabo una pugna entre iguales de ambos órganos. 

Las 31 "leyes Feijóo"

En total, son 31 iniciativas aprobadas por el Partido Popular en el Senado que, al enviarse para su tramitación al Congreso de los Diputados, han quedado guardadas entre prórrogas para plazos de enmiendas. Entre ellas, desalojar viviendas "okupadas" en 24 horas, bajar el IVA a las peluquerías o incluir la despoblación como elemento central en todas las leyes que se aprueben. "La realidad es que en toda legislatura se organizan los temas con el orden que decide la mayoría parlamentaria", explican las fuentes de la Presidencia de Armengol. El PP intenta controlar la agenda del Congreso a través del Senado, pero de momento no parece surtir efecto. Cuando este órgano ha quedado en manos del Partido Popular (Ana Pastor fue la última responsable popular) la denuncia y crítica desde los socialistas era similar, puesto que se congelaban iniciativas que proponía el PSOE. "Quien implantó el sistema de prórrogas fue el PP con la presidencia de Ana Pastor, y les iba muy bien siempre que tengan el Gobierno y la mayoría ellos", recuerdan con ironía las fuentes socialistas consultadas.

Además de estas tres decenas de iniciativas, conocidas en el partido como las leyes Feijóo, el conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso se ha aireado en un total de seis ocasiones y ha llegado al Tribunal Constitucional, de momento, en cinco ocasiones. 

Boicot del Senado a la ley de amnistía

El Partido Popular ya intentó a través del Senado demorar la aprobación de la ley de amnistía, pero entonces el Tribunal Constitucional medió y paró los pies a la derecha. Los senadores populares aprobaron una reforma del artículo 133 del Reglamento para que la Cámara Alta eligiese cómo tramitar una proposición de ley procedente del Congreso y evitar así que se tuviera que hacer obligatoriamente por la vía rápida en un plazo de 20 días. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la maniobra el pasado mes de marzo y se recordó al Senado que la Constitución reduce los dos meses con los que cuenta el Senado para vetar o enmendar las iniciativas aprobadas por el Congreso a 20 días cuando el proyecto se declare urgente por el Gobierno o el Congreso.

El PP ya aireó entonces la idea del conflicto de atribuciones y el 10 de abril de este año alegaron que el Gobierno estaba llevando a cabo una "reforma constitucional encubierta" y que el Congreso estaba dejando sin efecto el papel que tiene el Senado en ese tipo de iniciativas. Sin embargo, después de que el Constitucional tumbara la reforma del artículo 133, el PP se rindió y dejó de presionar para que se reconociera en este caso un choque entre Congreso y Senado.

Presos de ETA

En octubre de 2024, el PP aprobó en el Senado un conflicto de atribuciones con el Congreso por no considerar como veto el voto en contra de la mayoría del pleno del Senado a la ley de antecedentes penales que permite que algunos presos de la banda ETA computen sus tiempos de prisión en otros países de la Unión Europea. Actualmente, el Constitucional tiene admitida a trámite el conflicto, elevado al órgano por el Senado. "El pleno del Senado votó en contra de esa ley y consideramos que el voto en contra del pleno del senado a una ley es un veto a esa ley", interpretan fuentes populares en el Senado. "Cada vez que denuncian se llevan un rapapolvo del TC", advierten fuentes de la Mesa de la Presidencia del Congreso, como recordatorio, pero también como augurio. 

Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia 

Otra de las batallas del Senado con mayoría conservadora fue la denuncia pública por modificar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia mediante corrección de errores. Aprobada en febrero del 2025, con una modificación se introdujeron complementos de destino de jueces y fiscales y en el PP consideran "que solo una ley puede modificar una ley" y se oponen a que "se legisle mediante corrección de errores". El Senado planteó conflicto de atribuciones y el Tribunal Constitucional también lo admitió a trámite.

La ley de Cadena Alimentaria

En marzo de 2025, el Senado recurrió al "mutilar" desde el Congreso una enmienda que el PP tramitó en la Ley de Cadena Alimentaria. Tal y como recuerdan desde el Partido Popular, la Cámara Alta introdujo enmiendas que no fueron recogidas cuando se aprobó la normativa. "Esas enmiendas se tienen que debatir y votar en el Congreso porque si no es hurtar los derechos de los senadores y de los españoles", denuncian desde el PP. Desde el Congreso recuerdan que las funciones del Senado durante el proceso de aprobación de una ley es dar una "segunda lectura" y no incorporar texto. El Constitucional admitió a trámite este conflicto de atribuciones.

Ley de Navegación Aérea

El último conflicto tuvo lugar este octubre, por la aprobación de la Ley de Navegación Aérea. Una vez más, el Senado introdujo una enmiendas que el Gobierno retiró al publicarse el texto aprobado. "Esas enmiendas se tienen que debatir y votar en el Congreso", sostienen los populares. El PP pretendía incorporar  una partida presupuestaria en la ley de 1.200 millones para pagar la bonificación de las tasas aéreas para residentes en Baleares y Canarias, y Ceuta, Melilla, cuando el texto aprobado en el Congreso no contemplaba esta inversión. El Gobierno vetó la enmienda por afectar a sus previsiones de ingresos y gastos, aprobó el proyecto sin este apartado y el Senado registró un nuevo conflicto de atribuciones que el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir.