El Partido Popular ha querido sumarse al "estupor" de Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, que definió así su sentir en un auto judicial tras recordar que el exministro José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado en el Congreso a pesar de estar imputado por presunta corrupción. Esta misma palabra la utilizó este jueves Alberto Núñez Feijóo al acudir en Madrid a un desayuno de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Llegó a utilizar el concepto hasta en tres ocasiones. "Seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del Gobierno en todas las votaciones es el tercer estupor", relataba, contabilizando estupores. 

Fuentes oficiales del Partido Popular han asegurado a Público que la formación no tiene por ahora ningún plan para reformar las leyes y quitar el acta a un diputado que esté inmerso en un proceso de corrupción. A su vez, reconocen que tampoco definen un límite para decir basta y que un diputado deba, de manera forzosa, entregar su acta. Los populares se defienden y contraatacan asegurando que no tiene sentido buscar esos límites, puesto que el Gobierno nunca ha hecho dimitir a nadie. "Debería haber dimitido la ministra de Igualdad por las pulseras o Irene Montero por la ley del solo sí es sí", sostienen desde Génova, que critican al Gobierno por no hacer caer a "nadie" a lo largo de siete años.

Durante la jornada del jueves no solo compareció públicamente Feijóo. También lo hizo Alicia García, portavoz del PP en el Senado y la encargada de citar al presidente Pedro Sánchez a testificar en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. La decisión, tomada tras el último informe de la UCO en el que los populares quieren ver una posible financiación ilegal del PSOE, tampoco fue acompañada de ninguna propuesta para evitar que Ábalos siga entre los cargos representativos del Congreso de los Diputados. 

Tal vez, porque el PP tiene su propio conflicto interno con un senador. Jose Manuel Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Orense, sigue en el cargo a pesar de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a pagar una multa por conducir a 200 kilómetros por hora. Baltar ni ha sido cesado del partido ni expulsado del grupo. "Lo de Baltar ya está resuelto, se trató en el Senado y, por tanto, no tengo nada que decir", se defendía García durante su intervención frente a los medios.

Cómo funciona la ley actualmente

El Reglamento de la Cámara del Congreso de los Diputados es claro sobre la situación de un diputado, que solo puede ser suspendido "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta" y en el momento en el que "una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria". 

Además, la Constitución Española reconoce que tendrán "inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito" y que "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". 

Sin previsión de cambiar el reglamento del Congreso

En las filas socialistas no sentó bien el comentario del juez en el auto que mostraba "estupor" porque Ábalos siga siendo diputado. El vicepresidente de segundo del Congreso, el socialista Alfonso Gómez de Celis, ha rechazado que esté sobre la mesa una reforma del Reglamento del Congreso. "Que se presente a unas elecciones y proponga los cambios legislativos", declaró De Celis desde la Cámara Baja, refiriéndose al juez Leopoldo Puente.

"Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes, no necesitamos que opinen sobre ellas", afeaba la referencia en el auto también el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. "En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, a los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando; pero hacen huelgas en contra de leyes incluso sin haberse aprobado o hacen declaraciones como la de este juez ayer", añadía López. 

Por parte del Gobierno se manifestó en el mismo sentido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Cada poder tiene que intervenir en su ámbito", advertía la también ministra de Hacienda.