El PP se salta sus estatutos y sigue sin expedientar al senador Baltar, condenado por conducir a 215 km/h

El Partido Popular sigue sin abrir expediente a su senador Manuel Baltar, expresidente de la Deputación de Ourense, pese a que ya han pasado más de de 15 semanas desde que el Tribunal Supremo lo condenó por un delito contra la seguridad vial. El 23 de enero de 2023, la Guardia Civil lo había identificado  como el conductor de un vehículo oficial de la institución que circulaba a más 215 kilómetros por hora por la A-52, que une Vigo con Madrid.

Los estatutos del PP, que Alberto Núñez Feijóo pretende reformar en el congreso que la formación celebrará el próximo julio, obligan a abrir expediente sancionador a cualquier cargo que sea objeto de sentencia firme por la vía penal, y, en su caso, a sancionarlo con la suspensión de militancia e inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades orgánicas o de representación, por un período en ambos casos de entre cuatro y seis años.

Lo cierto es que el PP no sólo no ha expedientado ni sancionado a Baltar sino que le ha premiado con un escaño por designación autonómica en el Senado, es decir sin necesidad de refrendo directo en las urnas, y con la presidencia de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta. Esa condición sobrevenida de aforado permitió al expresidente provincial del partido en Ourense retrasar más de veinte meses un juicio que para cualquier ciudadano de a pie no se habría demorado más de 15 días.

El expresidente de la Deputación de Ourense cobra en el Senado un sueldo bruto de 70.000 euros anuales –45.988,74 euros como senador de base y otros 23.932,60 euros por presidir la citada comisión–. Además tiene cubiertos los gastos de transporte para asistir a reuniones oficiales, por las que se le abonan dietas de hasta 120 euros al día, y un abono de taxi por valor de otros 3.000 euros.

Sin respuesta

Público ha preguntado al presidente del Comité de Garantías del PP, Juan Antonio Monago, si se ha abierto expediente disciplinario a Baltar, pero, como en otras ocasiones, el responsable de ese organismo ha derivado la cuestión a la dirección de comunicación de la ejecutiva de Feijóo, que al cierre de este artículo no había respondido a la cuestión. Tampoco el senador quiso confirmar a este diario si había sido expedientado o no.

El artículo 31.C de los estatutos del PP considera infracción muy grave de su régimen disciplinario "la condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" de militantes y altos cargos. El artículo 18.8.a del mismo texto establece también que la dirección está obligada a incoar expediente infomativo "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado".

En el caso de Baltar eso sucedió dos días después de que fuera identificado por los agentes de la Dirección General de Tráfico circulando 95 km/h por encima del máximo legal de la A-52, y 15 km/h sobre el límite a partir del cual un exceso de velocidad pasa de falta administrativa a delito tipificado en el Código Penal.

Un mes después del incidente, la jueza de primera instancia citó a Baltar para la vista oral, que se retrasó hasta el 13 de enero de este año tras su aforamiento y el traslado de la causa al Tribunal Supremo. El reglamento del PP indica que el expediente informativo que debería haberse abierto en cuanto el partido tuvo conocimiento de los hechos tendría que haber sido transformado en expediente disciplinario con el señalamiento del juicio, y resuelto una vez dictada sentencia.

"Cuando sea oportuno"

Desde que el Supremo falló condenando a Baltar, Público ha preguntado hasta en tres ocasiones al PP por qué no se le ha abierto expediente. La ejecutiva de Feijóo no ha respondido, salvo por un mensaje del pasado 28 de enero en el que sus portavoces indicaron que el Comité de Garantías analizaría el caso "cuando sea oportuno". "En cuanto haya algo que comunicar, os lo decimos", explicaron entonces.

El PP ha rechazado reprobar a Baltar en el Parlamento de Galicia, alegando que su actuación no supuso "situación de riesgo alguno" y que fue condenado "por un delito de peligro abstracto", como se conoce en la jerga penal a las conductas dolosas que atentan contra la seguridad de las personas pero que no concluyen en lesiones efectivas.

"Baltar puso en riesgo la vida de los usuarios de la vía por la que conducía, y también parece un peligro para Feijóo, que no se atreve a aplicarle las medidas reclama a otros"

Para el senador socialista Rafael Rodríguez Villarino, que fue portavoz del PSOE en la Deputación de Ourense en la última legislatura de Baltar y quien denunció en numerosas ocasiones el uso irregular que hacía de los vehículos oficiales así como las irregularidades en el pago con dinero público de las sanciones por exceso de velocidad que acumulaban, el PP hace "una interpretación errónea interesada" del concepto de los delitos de naturaleza abstracta para sostenerlo en el escaño.

"Esos tipos delicitvos se refieren a conductas lesivas para un bien jurídico sin que sea necesario que deriven en un daño concreto. Pero que tengan un resultado específico no significa que no sean delictivas" explica. "Baltar puso en riesgo la vida de los usuarios de la vía por la que conducía y por eso le condenaron. Era un peligro para todos y por lo que parece también sigue siéndolo para el PP y para Feijóo, que no se atreve a aplicarle las medidas que contemplan los estatutos de su propio partido y la ejemplaridad que sí reclama a otros", señala Rodríguez Villarino.

"Indecente

La senadora del Bloque Nacionalista Galego, Carme da Silva, considera "absolutamente indecente" que Baltar se mantenga en su escaño, y sostiene que la conducta por la que fue condenado "es extremadamente grave". "Si conduces a 215 km/h estás poniendo en riesgo la vida de los demás, y no se trató de un hecho aislado porque ese mismo día, poco antes y en la misma autovía, ya le habían cazado a más de 170", recuerda.

A juicio de Da Silva, Feijóo utiliza el Senado "como un chiringuito" para proteger a Baltar, y lamenta que el Partido Popular no mantenga con él las mismas exigencias que reclama cuando se trata de casos similares que afectan a cargos de otros partidos. En ese sentido, sostiene que en el de Baltar no hay excusa posible: "Su expediente ya lo abrieron los agentes de la DGT y lo cerraron los jueces del Tribunal Supremo".