VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora "inédita" en la política y presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción, con sentencia firme, para pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa que ha comenzado asegurando que el pasado martes fue un día "bochornoso y negro", que no le gustaron "las imágenes y los delitos" que se les imputan a los detenidos e investigados ─antes imputados─ y que su sentimiento es de "rabia e indignación".

Ha agregado que ahora se abre la oportunidad de construir un PPCV "sólido, honrado y decente" en el que se destierren los comportamientos y las personas que "no han estado a la altura de la honradez" tanto del partido como del conjunto de los valencianos". En este sentido, ha explicado que tras consultar a los presidentes provinciales y obtener su "total apoyo" desde el PPCV se han preparado dos iniciativas "contundentes" porque "si alguien está cansado de estas noticias son los militantes del PP", que están "hartos".

Una de las iniciativas es la de interponer una demanda por la vía civil de reclamación por los daños causados al PP por parte de los cargos que sean condenados, con sentencia firme, por corrupción, quienes "se han aprovechado del PP y de la confianza e los votantes". Ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen.

Bonig, que ha señalado que cuenta con el apoyo "total y absoluto" de la dirección nacional para llevar a cabo esta medida, ha asegurado que la primera persona contra la que se actuará será al exconseller Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación. Según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, "hay que dar un paso más" y que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes".

Otra de las medidas que el PPCV va a poner en marcha para luchar contra la corrupción es proponer a la dirección nacional que amplíe las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que tenga facultades de auditoría interna, y las denuncias de militantes que lleguen al partido por conductas irregulares sean investigadas por profesionales independientes.

Preguntada sobre cómo se valorará económicamente el daño causado a la imagen del partido, la dirigente ha explicado que se pueden establecer "criterios" pero que el juez será el encargado de determinarlo en el proceso. Ha indicado, al ser cuestionada sobre si se presentará una demanda contra el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, que cumple pena de prisión por prevaricación y falsedad documental. Este caso, según ha dicho Bonig, se está valorando aunque el problema reside en que hay un plazo de un año desde la sentencia para presentarla y cree que ya se ha superado, mientras que en el caso de Rafael Blasco sí hay plazo.

También ha indicado que si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el diputado Gerardo Camps son finalmente investigados "seremos igual de contundentes, ya lo dijo Rajoy, pero a fecha de hoy no están ni citados en calidad de testigos o investigados, ni tampoco detenidos, y ha pedido respeto por la "presunción de inocencia". Preguntada sobre si ha hablado con Mariano Rajoy y si hay preocupación en torno a los últimos acontecimientos del caso Imelsa, Bonig ha indicado que no ha hablado con el presidente del Gobierno en funciones pero "preocupación es evidente que hay" porque al PP le preocupa la corrupción.

Asimismo, ante la pregunta de qué ha fallado en el partido para que se produzcan estos casos, ha dicho que tanto en el PP como en otras formaciones "los organismos de control no han funcionado" y ahora "hay que aprender de los errores" y ser "muy exigentes en la selección de personal" y tener órganos internos de fiscalización que funcionen porque esta es "la mejor garantía para preservar la honorabilidad de mucha gente que está en política para servir".

Bonig también ha recalcado, respecto a las cuentas del partido, que se presentan a Madrid y después son auditadas por el Tribunal de Cuentas, y ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de que sea una auditoría externa quien se encargue de hacerlo.