MADRID.- Mariano Rajoy ya no le teme a unas terceras elecciones. Aunque todo el Partido Popular insiste -de forma oficial- en que no sería bueno para España que se diera escenario, los conservadores saben que ya no tienen nada que perder, sobre todo, después de la crisis del PSOE y de los resultados obtenidos en Galicia y Euskadi el 25-S.

Por ello, en caso de que la nueva dirección del PSOE decida que sus diputados deben abstenerse para facilitar una investidura del actual presidente en funciones, ya no serán los socialistas quienes puedan imponer condiciones a los conservadores, sino al revés. 

Como ya informó Público, el actual Ejecutivo en funciones no permitirá que un PSOE dividido como el actual exija derogar sus reformas estrella. Entre ellas quedaría descartado dar macha atrás en la reforma laboral, la ley mordaza o la ley Wert y, por supuesto, entregar la cabeza de Rajoy como moneda de cambio es impensable para los populares, que no sólo no se ven en disposición de no ceder, sino de exigir.

Entregar la 'cabeza' de Rajoy como moneda de cambio es impensable para los populares, que no sólo no se ven en disposición de no ceder, sino de exigir

De hecho, aunque la posibilidad de llevar a los españoles a las urnas por tercera vez ha sido denigrada por el propio Rajoy ("Seríamos el hazmerreír de Europa", ha opinado en infinitas ocasiones), el PP está ahora dispuesto a utilizarlo como amenaza para seguir gobernando a cambio de unas condiciones "mínimas".

Sus encuestas internas les ofrecen unos resultados de 150 escaños el 18-D (fecha en la que se producirían los comicios de aprobarse la reforma de la ley electoral propuesta por ellos mismos), por lo que no están dispuestos a entregarse al PSOE. Es más, no sólo no van a claudicar, sino que van a exigir a los socialistas -siempre que éstos muestren su disposición a negociar una abstención, cuestión que aún no está clara entre sus filas- que garanticen la estabilidad de su Gobierno.

Es decir, el PP no sólo pedirá al apoyo pasivo de, como mínimo 11 diputados socialistas (los que necesitaría que se abstuvieran en una segunda votación para ser elegido si se tiene encuenta que Ciudadanos y Coalición Canaria seguirían apoyándole), sino el compromiso del PSOE de que apoyará sus Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otras reformas de calado.

Con ello, Rajoy ganaría la seguridad de permanecer en Moncloa hasta, por lo menos, el 2018, ya que el Ejecutivo actual no puede ya, por ley, aprobar unos PGE para 2017 y se vería abocado a la prórroga de las cuentas actuales. Sí sería posible, una vez investido Rajoy, aprobar reformas económicas como la actualización de los sueldos de los funcionarios y las pensiones, cuestiones que también el PP intentará asegurarse con el PSOE y que, en efecto, ya se estaban negociando con anterioridad al estallido de la crisis interna en Ferraz.