El PP finalmente votó a favor –no así Vox– de incluir a Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, después de haberlo dejado fuera de la lista de afectados por la ley que amplía los suelos regables –entre 750 hectáreas que admite el Gobierno andaluz y 1.900 que asegura WWF– en la comarca, según indicaron a Público fuentes parlamentarias. Hasta ahí llegó la rectificación de Juan Manuel Moreno Bonilla: el resto de expertos, como el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, del CSIC; agricultores legales críticos con la norma, y las ONG ecologistas SEO/BIRDLife y Ecologistas en Acción, quedarán finalmente fuera.

El PP ha cambiado, según las fuentes parlamentarias, a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, por Delibes. Esto no implica que le retiren la invitación, según las fuentes, pero como ella ha dicho que no iba a ir, citan a Delibes, aseguran. Ribera, cuando fue convocada, publicó un tuit en el que decía: "Agradezco la invitación de PP y VOX. Lo que pienso, lo que me preocupa y lo que hay que hacer para defender a los andaluces, fresas españolas y Doñana lo conocen. Los ministros no comparecemos en parlamentos de CCAA. Cedo mis 10 minutos a Delibes o a Eloy Revilla. Seguro que aprenden más".

Los partidos de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante) intentaron que el PP, que en este asunto, por ahora, está haciendo caso omiso de las advertencias de la ciencia, la Comisión Europea y la Unesco, incluyesen en aras de la "pluralidad" a más voces que la de Delibes, pero no fue posible. El listado de comparecientes quedará, por tanto, muy escorado y estará repleto de grupos y personas favorables a la reforma, que en ningún caso reflejan consenso alguno. Entre ellas, eso sí, el próximo martes asomarán Delibes, WWF y algún sindicato.

Cuando se tramita una ley, en este caso la que pretende ampliar los suelos regables, la Cámara da una audiencia a todos los afectados por la norma –el concepto que recoge el reglamento es "interesados"– para que expongan su punto de vista.

Rodillo parlamentario

Moreno ha venido impulsando a las bravas, aplicando el rodillo parlamentario que le da la mayoría absoluta, esta norma y ha renunciado a darse tiempo para buscar los consensos que hoy no existen, como quedó demostrado en la última reunión del Consejo de Participación, donde están todos los que tienen algo que decir sobre Doñana, y a cuyo cónclave fue arrastrado el Gobierno andaluz –se celebró a petición de WWF–.

Para aprobar el plan de la fresa de 2014, hoy vigente y que ha sido avalado por los tribunales de justicia, fueron necesarios años y resolver más de 3.000 alegaciones. Así, la norma de Moreno no solo va en la dirección contraria a la que marca la Comisión Europea –España tiene ya una condena por no cuidar los acuíferos–, sino que rompe con un equilibrio, aun precario, al que costó llegar para cambiarlo por la aprobación de una ley especial que solo beneficia a unos cientos de propietarios y que genera una incertidumbre muy grande en los mercados europeos a los que se exporta sobre todo –por valor de más de mil millones de euros– la fresa y la frambuesa que se cultivan en la zona. Aunque los diputados alemanes renunciaran este lunes a visitar Doñana, como tenían previsto desde hace tiempo, en este tiempo electoral y de máxima tensión, la preocupación no se ha extinguido.

La norma, además, nace, en cierto sentido, coja, porque cuando se apruebe, de lanzarse tal y como se presentó, en su redacción original, será recurrida en el Tribunal Constitucional, o bien por el Gobierno, si sigue el PSOE en él, o bien por un grupo de diputados y senadores, si gana las elecciones la derecha. Para sus críticos, además de ir en contra del sentido común en un momento de escasez y sequía, de crisis climática, y con la Unesco y Europa en contra, es una norma ilegal porque invade competencias estatales: se aprobará sin informes de la Confederación del Guadalquivir. PP y Vox argumentan por el contrario, que se trata de un asunto urbanístico, una recalificación de suelos, que no afecta a los acuíferos ni a los derechos de agua.