MADRID.- El Partido Popular quiere citar como testigos en el juicio del caso Gürtel a los policías e inspectores de Hacienda que investigaron la supuesta existencia de una caja B en dicho partido, pero no solicita que comparezca ningún alto cargo o exalto cargo político que acredite que no se lucró de la trama corrupta.

Así figura en el escrito de defensa presentado por el PP ante el auto de apertura de juicio oral dictado por la Audiencia Nacional para la primera época de la trama Gürtel, sumario que ha sido instruido el juez Pablo Ruz, cuando estaba destinado en el juzgado central de instrucción 5.

El escrito es breve, ya que sus argumentos ocupan poco más de un folio. En él, el PP rechaza sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo por las campañas electorales que la trama financió en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La defensa del PP pide que comparezcan como testigos para ser interrogados tres policías que elaboraron los informes de la Unidad de Delincuencia Económica Financiera (Udef), dos funcionarios de la Oficina Antifraude (Onif) y un funcionaro del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Sin embargo, el PP no presenta ningún alto cargo del partido o exalto cargo que atestigue que no se benefició de la trama corrupta, como podría ser el entonces secretario general de esta formación, Ángel Acebes, de quien dependía el entonces tesorero que se sentará en el banquillo. Tan sólo pide que se cite a Carlo Lucca de Mignani, jefe del departamento de Auditoría Interna de esta formación política.

El abogado del PP Jesús Santos sostiene que "la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento se aparta radicalmente" de la descrita por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama al partido 328.440 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía Anticorrupción reclama al partido 328.440 euros en concepto de responsabilidad civil

El ministerio público entiende que el PP se lucró por los supuestos delitos cometidos por sus exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid) Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, cuyas campañas y actos electorales financió la trama de la red Gürtel.

El instructor, Pablo Ruz, fijó para esta formación una fianza de 236.864 euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles por un beneficio ilícito, según consta en el auto de apertura de juicio oral que cierra la fase de instrucción de este sumario centrado en la primera época de la trama Gürtel.

En la vista oral se sentarán en el banquillo 40 personas por las actividades de la trama Gürtel en su primera época (1999-2005).

Entre los acusados figuran los tres últimos extesoreros del PP: Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, así como Alberto López Viejo, exconsejero del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid; ex alcaldes, un ex senador, ex concejales, funcionarios y empresarios.

Las empresas de la trama Gürtel trabajaban para el PP en la organización de mítines, actos electorales, comidas y otros eventos. Al mismo tiempo, pagaban comisiones a políticos populares a cambio de adjudicaciones, según las investigaciones.

El juez Ruz considera partícipes a título lucrativo al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato, para la que fijó una fianza de 28.467 euros y que hoy ha presentado su escrito de defensa en el que tilda de “sexista” la percepción de que ella se beneficiara con las dádivas que recibía su exmarido, Jesús Sepúlveda. Mato ya dimitió por esta razón de su cargo político en el Gobierno.

El juicio se celebrará previsiblemente en 2016. El tribunal estará presidido por Concepción Espejel, junto con dos magistrados más. Espejel es la presidenta de la sección y tiene una buena relación con Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuando presidió la Audiencia de Guadalajara hasta el punto de que Cospedal le impuso la medalla de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción en la justicia. Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

En esta sección que juzgará el caso Gürtel se encuentran además el exportavoz del CGPJ Enrique López, quien fue designado por el PP para dicho cargo y, posteriormente, como magistrado del Tribunal Constitucional hasta que cesó por ser descubierto conduciendo ebrio una moto.

Otros de los magistrados que podrían formar parte del tribunal son Julio de Diego y Ángel Hurtado, así como José Ricardo de Prada, el único miembro progresista y asociado a Jueces para la Democracia.

Esta primera pieza separada se centra en operaciones que atañen a Madrid y las localidades de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, con las campañas electorales y los actos financiados por la trama de Gürtel en los que participó incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La pieza también aborda los negocios de la trama y de esta época en Castilla y León y en Estepona (Málaga).