PP y Vox convierten la Agencia Valenciana Antifraude en un ariete contra la oposición

La dimisión del que fuera Comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, provocada por la revelación de que habría falsificado su currículum, ha vuelto a poner encima de la mesa algunos aspectos polémicos de la actuación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), responsable de la investigación al político socialista. 

José María Ángel, alcalde de l’Eliana (Camp de Túria) entre 1997 y 2015, así como secretario autonómico de Seguridad y Emergencias durante los gobiernos de Ximo Puig, es una figura veterana dentro de las filas del PSPV-PSOE. Curiosamente, después del cambio de signo político de la Generalitat, en 2023, se mantuvo en su cargo hasta septiembre, por lo que estuvo durante varios meses a las órdenes del Consell de Carlos Mazón. Vox, a quien le correspondía ocupar el cargo según el pacto de coalición suscrito con el PP, no encontraba un perfil para sustituirlo.

Después de la DANA, y de la gestión del gobierno de Mazón, la figura de Ángel creció dentro de su partido. Ángel se había responsabilizado de la gestión de Emergencias durante los dos últimos gobiernos progresistas en el País Valencià. La actuación de la Generalitat durante la DANA que azotó a la comarca de la Vega Baja en 2019, cuando sí que se actuó con prevención —el CECOPI para aquella emergencia se constituyó un par de días antes de la llegada de la tormenta, por ejemplo— ejercía de modelo alternativo.

Así, Pedro Sánchez nombró a José María Ángel como Comisionado del gobierno para la DANA y, por otro lado, en febrero de 2025, en el congreso del PSPV–PSOE, que llevó a Diana Morant a la secretaria general del partido, Ángel ocupó la Presidencia. 

Sin embargo, después de que explotara a mitad de este julio el caso de la joven diputada del PP, Noelia Núñez, que declaraba en el currículum títulos universitarios que no poseía, la lupa se focalizó sobre la formación de los cargos políticos. Y, entre otros, se dirigió hacia Ángel. 

En concreto, Ángel declaraba que era Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València y que acabó los estudios a comienzos de la década de 1980. Ello le valió para acceder a un puesto de funcionario en el Archivo General de la Diputación de València. Sin embargo, estos estudios ni siquiera existían en aquella época en la Universitat de València.

El caso saltó a la luz pública porque partió de una investigación de la AVAF. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción investiga si Ángel se valió de su supuesto título universitario para percibir un salario por un nivel superior al que le correspondería en la institución. El caso planteó una pregunta evidente: ¿por qué se abrían pesquisas sobre hechos de hace cuatro décadas y por qué se resolvían tan rápidamente?

Pasar página de la corrupción

La AVAF fue un organismo creado en 2016 a raíz de una de las primeras leyes que aprobó el primer gobierno progresista en la Generalitat de PSOE y Compromís, en 2015. Aquella primera legislatura estuvo marcada por la voluntad de pasar página respecto a una época anterior del PP marcada gravemente por la corrupción.

Joan Llinares, técnico cultural, exdirector del IVAM de València o del MNAC de Barcelona, así como del Palau de la Música Catalana después del escándalo de Fèlix Millet, fue su primer presidente, en 2017. Se mantuvo en el cargo hasta mayo de 2024, cuando el PP, con el apoyo de Vox, reformó la citada ley de prevención de la corrupción de la cual dependía la AVAF.La reforma pactada por PP y Vox eliminaba la capacidad de la Agencia Antifraude de elaborar informes para la Fiscalía Anticorrupción, una condición que había sido clave para el procesamiento de Zaplana en el caso Erial. Además, la elección del presidente dejaba de requerir una mayoría cualificada: bastaba con mayoría absoluta.

Y la persona elegida para el cargo también resultaba polémica: Eduardo Beut, muy vinculado, precisamente, a Eduardo Zaplana. Exdelegado de la Agencia Tributaria, fue nombrado en 2002 conseller y vicepresident de la Cartera de Participaciones Industriales, una empresa conjunta de la CAM y de Bancaixa —principales cajas de ahorros valencianas, que quebrarían y desaparecerían unos años después—. La misma empresa dirigida por Beut se disolvería tres años más tarde, después de fracasar.

Una de las primeras decisiones que tomó Beut al mando de la Agencia Antifraude fue, precisamente, cesar a dos perfiles que se habían caracterizado por la investigación de la corrupción durante los gobiernos del PP: Teresa Clemente, que ocupaba el cargo de directora adjunta, y Gustavo Segura, que era director de investigación. Clemente y Segura colaboraban con la Fiscalía Anticorrupción. 

El PP echa el freno a Antifraude

Ahora bien, uno de los aspectos que más han llamado la atención en el caso de la investigación de la AVAF sobre el currículum de José María Ángel es la celeridad con la que la ha llevado a cabo: tan solo unos veintinueve días. Se trata de un plazo que se podría calificar perfectamente de inédito para una institución de la que, si bien no hay estadísticas de plazos oficiales, sí que se pueden delimitar en una duración habitual de más de un año para cada investigación.

Llama también la atención la diferencia clara entre la actividad y la resolución de los casos investigados durante los últimos años por la AVAF, tal como se desprende de la Memoria del ente para 2024, el último ejercicio. En 2017, primer año —no completo— de actividad del ente, Antifraude resolvió 34 investigaciones, el 97%. En 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, se puede decir que se mantiene la misma tendencia, con las siguientes cifras: 189 y 98%; 163 y 97%; 215 y 95%;  344 y 96%, y 374 y 83%.

Pero en 2023, primer año del nuevo gobierno de PP y Vox, vemos un punto de inflexión claro. De hecho, hasta entonces, la AVAF no declaraba en sus memorias tener investigaciones pendientes. En ese primer ejercicio del gobierno conservador quedaron pendientes el 21% de los expedientes (118 en total).  Se resolvió tan solo un 65% de las investigaciones (361), un porcentaje considerablemente menor que en años anteriores. En 2024, con el nuevo gobierno y la nueva dirección ya consolidados, la tendencia se acentúa con el 51% (290) de las investigaciones pendientes de tramitar y tan solo se resolvieron un 40% resueltas (223). Además de pendiente y resueltas, existen otras categorías sobre el estado de los expedientes que completan el porcentaje hasta llegar al 100%: seguimiento, investigación, interrupción y análisis.

Más de un año sin noticias de AVAF sobre Mazón

El 6 de mayo de 2024, Isaura Navarro, diputada de Compromís en las Corts, registró en nombre de su grupo una denuncia en la AVAF por el uso partidista de la publicidad y la información institucionales por parte de Carlos Mazón. Según la denuncia de Navarro, “Mazón tiene como práctica habitual usar sus canales personales para difundir mensajes a la ciudadanía que, al ser claramente publicidad institucional a la luz de la normativa, deberían ser difundidos por medios públicos o soportes adecuados de acuerdo con la legislación vigente”. 

En este sentido, la diputada de Compromís denuncia que “se usan espacios institucionales públicos, micrófonos de la Generalitat, señalética de la Generalitat y demás medios sufragados con dinero público para su producción, mientras que su difusión se realiza a través únicamente de las redes personales del Sr. Mazón para su promoción personal y la de su partido”.

Además de los ejemplos aportados en la primera denuncia, Navarro realizó una ampliación de la denuncia a la AVAF el 25 de enero de 2025 con, entre otros ejemplos, un par de publicaciones de Mazón en su canal de Instagram con vídeos en que entregaba personalmente llaves de viviendas para afectados por la DANA. 

La denuncia de Compromís por el supuesto uso fraudulento de Carlos Mazón de medios de publicidad institucional para su promoción personal lleva, por lo tanto, más de un año y tres meses en manos de la AVAF, sin que se haya actuado al respecto. 

Para Navarro, “ante la opción de desmantelar la Agencia como hicieron en Baleares o utilizarla para sus intereses”, en el PP “optaron por lo segundo” y, así, “cambiaron la ley para colocar a un zaplanista que está dispuesto como ya se ha visto a convertir un organismo de lucha contra el fraude en un instrumento de uso partidista”.

“Porque —continúa Navarro— no hay otra explicación posible a que una denuncia hecha hace más de un año, ante la descarada vulneración por parte de Mazón de la ley de publicidad institucional, no hayan movido ni un papel, cuando se trata de una vulneración que se está produciendo ahora cada día, y no hagan nada para que deje de utilizar los medios públicos para su lamentable promoción personal”, una actitud que contrastaría, en cambio, con que “tarden 29 días en tramitar una cuestión curricular de hace 40 años y que hacen pública de manera inmediata, destrozando la vida de esa persona [en referencia a José María Ángel]”.

Compromís, de hecho, también ha protagonizado recientemente la apertura de una investigación de la AVAF sobre el supuesto uso fraudulento que habrían realizado tres cargos gubernamentales de la formación valencianista durante los ejecutivos anteriores. La investigación, sin embargo, resolvió finalmente que no se había producido fraude alguno. Para Navarro, la situación actual de la AVAF es la de una institución “prácticamente desmantelada”.

El cobro irregular de sueldos en Benidorm

Por su parte, José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE en las Corts, también ha incidido en esta presunta doble vara de medir de la AVAF. En concreto, Muñoz ha contrapuesto los 29 días que ha durado la investigación sobre el currículum de José María Ángel con los dos años que lleva abierta una denuncia de su partido contra el marido de la portavoz del PP en Benidorm (Marina Baixa) por la percepción presuntamente indebida de salarios públicos.

La denuncia ante la AVAF se refiere a 15.200 € en horas extra entre 2019 y 2022 que habría cobrado un policía local, marido de Lourdes Caselles, portavoz del PP y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Benidorm. 

Muñoz, así mismo, ha ironizado con que “no deja de ser sorprendente que sepamos cosas del año 1983, pero no sepamos nada de qué hizo Mazón el 29 de octubre de 2024” y se ha mostrado indignado con el hecho de que la AVAF no investigue la actuación de Mazón durante la DANA. Para el portavoz socialista, el PP “usa las instituciones valencianas para perseguir a los adversarios políticos y a la oposición”. 

El concierto de la semana taurina de Algemesí

También son casi dos años de silencio, los que lleva una denuncia que Més Algemesí (coalición entre Compromís y ERPV en esta localidad de la Ribera Alta) registró el 30 de octubre de 2023. El 2 de noviembre se abrió expediente, el 8 del mismo mes se acusó recibo y, desde entonces, el proceso continúa abierto, sin que los denunciantes tengan conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna gestión.

De hecho, el 5 de abril de 2025, Més Algemesí, ante la falta de novedades, registró una nueva petición de información sobre el estado de su denuncia. Con el mismo resultado: el silencio.

La denuncia de Més Algemesí se refiere a una supuesta irregularidad cometida por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Algemesí, formada por concejales de PP y Vox. En concreto, durante la Setmana de Bous (toros) de 2023, se realizó, en una plaza de toros portátil con capacidad para 4.000 personas y que cedió el ayuntamiento, un espectáculo titulado “Tributo a Estopa”, organizado por una sociedad mercantil limitada llamada Semana Taurina de Algemesí Sociedad Limitada, y para el cual se cobraba una entrada de 18 €, que gestionaba dicha sociedad. El ayuntamiento, sin embargo, abonó 16.115,89 € a la misma sociedad por la realización del evento.

La denuncia de Més Algemesí considera que “con esta decisión, el ayuntamiento asume un coste que tendría que asumir la sociedad mercantil”, quien “hace negocio con el espectáculo a costa del dinero público”.

Después de estar esperando sin noticias casi dos años, desde Més Algemesí han visto “con asombro y también con preocupación el trato desigual que da la Agencia Antifraude a las denuncias”. 

Josep Bermúdez, portavoz del colectivo, en este sentido, afirma que “la doble vara de medir es indignante”, ya que “si la denuncia afecta a un político o institución contrario al signo político del Consell, máxima celeridad”, pero “si afecta a un ayuntamiento del mismo signo político, máximo silencio”. 

En este sentido, la diferencia de actuación lleva a Bermúdez a ironizar que “la propia AVAF es en sí misma un fraude; no económico, pero sí moral y democrático, que es peor”.