Dimite el comisionado del Gobierno para la DANA por la investigación sobre su plaza de funcionario

El comisionado para la reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre, José María Ángel Batalla, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo tras la polémica sobre la titulación con la que accedió a una plaza de funcionario hace 43 años. El Gobierno ha anunciado que su sustituta será Zulima Pérez Seguí, hasta ahora coordinadora del comité de expertos para la reconstrucción. Ángel, quien también abandona la presidencia del PSOE en València,  ha lamentado haber sufrido un "ataque injustificado" que le ha causado un daño personal "enorme".

La semana pasada trascendió que la Fiscalía Anticorrupción está investigando una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude, que en mayo le remitió un informe que asegura que el comisionado habría falsificado el título universitario que presentó en 1985 a la Diputación de València para optar a una plaza de funcionario en esa institución. Ese título le habría permitido acceder a un nivel de carrera y a un salario superiores a los que le habrían correspondido por su nivel de estudios.

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fechado este jueves y al que ha tenido acceso EFE, el hasta ahora comisionado insiste en que nunca ha falsificado ningún documento y "jamás" se ha valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto" en la función pública. Además de su cargo como delegado del Gobierno para la reconstrucción, para el que fue designado el pasado 10 de diciembre, Ángel ocupaba la presidencia del PSPV-PSOE tras el congreso que aupó en febrero a la secretaría general autonómica a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. 

"Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor", expone el comisionado en su carta, en la que explica que se jubila y que va a dedicarse a defender su "honestidad y honor".

Acceso "de forma legal y reglamentaria"

Ángel insiste en su misiva a Torres que ha quedado "aclarado y documentado" su acceso "de forma legal y reglamentaria" a su puesto de funcionario de la Diputación y su posterior reclasificación, y  que se le ha sometido a "un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica".

Según expone, desde que fue nombrado comisionado se han producido "reiteradas actitudes de inquina" hacia él, con el único objetivo de" intentar socavar, dañar y manchar" una trayectoria de servicio "diligente y transparente" que hasta entonces "había sido "siempre respetada".

"No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea"

Ángel cree que ha "acreditado fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos" y que se le está acusando de conductas "muy graves sin ningún tipo de prueba" y sin que se haya podido defender en el procedimiento de la Agencia Antifraude.

"No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea", señala, para reivindicar que ha servido a la ciudadanía "con entrega, con respeto y con una idea firme", la de que "lo público es sagrado, porque es de todos". También destaca que tras más de 40 años dedicando su vida al servicio público, puede asegurar que "esta es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día, con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad".

Por ello, "frente al ruido, la sospecha o el oportunismo", Ángel dice quedarse "con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse [...] y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente", asevera. 

Zulima Pérez Seguí

Zulima Pérez Seguí, que sustituirá a Ángel como comisionada para la reconstrucción, coordinaba hasta ahora al comité de expertos creado por el Ejecutivo para gestionarla y era asesora en la Secretaría de Estado de Política Territorial. Fuentes del Gobierno han informado de que su nombramiento se hará efectivo el próximo 26 de agosto en la primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis veraniego.

Doctora en Derecho con mención internacional por la Universitat de València y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Miguel Hernández, ha sido profesora también en distintos másteres y diplomas en el ámbito de la participación, la protección civil y la gestión de emergencias, y profesora colaboradora del Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Experta en relaciones intergubernamentales, federalismo y planificación estratégica, ha participado asimismo en la gestión de diferentes crisis y en la redacción de los diferentes planes de recuperación, compaginando su carrera académica con la gestión pública. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en diferentes administraciones, y en la Generalitat Valenciana ha sido secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

También ha desempeñado los cargos de subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y de directora general de Coordinación del Diálogo Social en la presidencia de la Generalitat entre 2015 y 2023.