El presidente de HM Hospitales admite ante la jueza que sólo los residentes con seguro privado pudieron esquivar los 'protocolos de la vergüenza'

El presidente del grupo HM Hospitales, Javier Abarca Cidón, confirmó este martes ante la jueza de Leganés que investiga una de las dos causas abiertas sobre las muertes en las residencias durante el covid lo que ya había declarado ante la Asamblea de Madrid el 9 de octubre de 2020: que no se trasladaron contagiados desde los centros de mayores a los hospitales privados de su grupo. Así lo ha explicado el abogado de las asociaciones de familiares de las víctimas, Carlos Castillo. “No se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia para atender a las personas mayores que estaban en las residencias”, resumió Castillo el testimonio del presidente de HM al término de las declaraciones judiciales.

Juan Abarca acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en calidad de testigo, al igual que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; el asesor de Isabel Díaz Ayuso Antonio Burgueño y las dos querellantes que han conseguido abrir esta causa, Carmen López y Ana Cristina Gómez. El día 17 declararán, como investigados, los ex directores generales de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del hospital Severo Ochoa de Leganés.

Ésta es la segunda causa judicial abierta sobre las 7.291 muertes en las residencias durante la primera ola del coronavirus. La primera está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y en ella están imputados tanto Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo como el asesor Antonio Burgueño. En ambos procedimientos se dirime si la exclusión de los mayores de la atención hospitalaria constituye un delito de discriminación en la prestación sanitaria.

“No es cierto”, contestó Abarca Cidón a los periodistas que le preguntaron, a la entrada del juzgado de Leganés, si sus hospitales sólo habían atendido a residentes con seguro privado en esos primeros días de la pandemia en que los protocolos de la vergüenza impedían el traslado de contagiados desde los centros de mayores a los hospitales públicos. Cuando los periodistas le recordaron que eso era precisamente lo que había declarado en la Asamblea de Madrid, el presidente de HM Hospitales volvió a negarlo: “Nunca dije eso”.

Sin embargo, Juan Abarca había sido inequívoco en su testimonio ante la comisión de investigación madrileña en 2020: “Los pacientes siempre venían a través del hospital público. O sea, no venían los pacientes de la residencia, sólo nos venían cuando eran pacientes de aseguradoras y los traían las ambulancias de las aseguradoras”. Incluso dio una cifra exacta. HM Hospitales atendió a 149 residentes que tenían seguro privado.

También reveló entonces que, en las reuniones diarias, “incluyendo sábados y domingos, que responsables de su grupo mantenían esos días con la Consejería de Sanidad, “se ponían a [su] disposición todas las camas que había libres, tanto de UVI como de planta, de los hospitales privados”. Desde el 12 de marzo de 2020, tres días antes de que se declarase el estado de alarma, la Comunidad de Madrid había creado un “mando único de la sanidad”, que Díaz Ayuso no dudó en calificar de hecho “histórico”. A sus órdenes quedaron 102 hospitales, los 34 públicos y también los 68 privados. “Funcionaríamos [sic] como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”, presumió la presidenta en la Asamblea de Madrid el 29 de abril.

Esa total puesta a disposición la ha reiterado HM Hospitales en un comunicado que difundió tras la declaración de su presidente ante la jueza de Leganés. Es más, el grupo privado deja claro que carecía de “capacidad de decisión sobre la derivación” de pacientes desde las residencias. Esa decisión, quién era trasladado y según qué criterios, la habían tomado antes los geriatras de enlace de cada hospital siguiendo las directrices establecidas en los protocolos de la vergüenza sobre el nivel de dependencia y discapacidad de los mayores. Los geriatras de enlace fueron una figura creada durante la pandemia, y eran quienes autorizaban, o no, a las ambulancias a acudir a las residencias para trasladar a los contagiados al hospital.

El grupo de Juan Abarca explica también que atendió a pacientes del sistema público, tanto con seguro privado como sin él. Y cifra en un 25% los enfermos sin seguro privado que fueron atendidos en sus hospitales durante la primera ola del covid. “HM Hospitales recibía a los pacientes de la sanidad pública que se le remitían desde las Urgencias de los hospitales públicos, sin que tuviéramos constancia o instrucción de que hubiera ningún tipo de filtración o restricción para la atención”, detalla el comunicado.

Para públicos y para privados

Estos mayores fueron de los pocos que consiguieron ser trasladados desde sus residencias a un hospital público. En marzo sólo fueron 74 diarios, mientras que la media diaria de derivaciones antes de estallar la pandemia ascendía a 120. Es decir, en lugar de multiplicarse por culpa del virus, se redujeron respecto a un mes normal sin especiales urgencias sanitarias. Algunos de estos pacientes fueron los que terminaron en hospitales privados. Pero directamente, desde las residencias hasta los hospitales privados, no hubo más que para quienes habían pagado un seguro privado, tal y como había reconocido el propio Juan Abarca ante la Asamblea de Madrid hace casi cinco años.

Las explicaciones de HM Hospitales apuntalan, por tanto, la existencia de dos circuitos: uno para los residentes sin seguro privado y para los hospitales públicos; otro para los hospitales privados y para los mayores que tenían un seguro privado. Sólo a los primeros se les aplicaron los protocolos de la vergüenza; a los segundos se les permitió el acceso a los hospitales privados sin restricciones.

“Nominado”, pero no nombrado formalmente

Antonio Burgueño, ex director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, declaró ante la jueza que fue “nominado” como “mando único sanitario”, tras una reunión en la que participaron, además de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Hacienda, Javier Lasquetty. Pero nunca fue nombrado “formalmente”, según ha relatado tras la declaración el abogado de las asociaciones de víctimas.

En ese momento, la Fiscalía solicitó que se suspendiera la declaración de Burgueño como testigo, ante la posibilidad de que sea citado en el futuro en calidad de investigado, a lo que accedió la jueza.

“Claro componente discriminatorio”

El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero recalcó ante los periodistas a la salida del juzgado el “claro componente discriminatorio” de los protocolos de la vergüenza. “Si además eso constituye un delito, le corresponde decidirlo al juez”, sostuvo. Reyero, que dimitió en octubre de 2020 después de una larga pugna con el resto del consejo de gobierno de Ayuso para conseguir la medicalización de las residencias –anunciada pero nunca puesta en práctica– y la derivación de los mayores contagiados a los hospitales, reiteró que los protocolos fueron firmados por Carlos Mur. “Tendrán que ser otros o las propias personas de la Consejería de Sanidad quienes tendrán que decir cuál fue su proceso de elaboración”, apuntó. También recordó cuando advirtió a Enrique Ruiz Escudero y al propio Carlos Mur de que, si esos protocolos se aplicaban, “las personas moririán de forma indigna”. Además, les avisó de los “problemas legales” que podían acarrearle al Gobierno de Díaz Ayuso.

Finalmente, declararon ante la jueza las dos querellantes. Carmen López ha contado que su madre, fallecida en el hospital Severo Ochoa el 1 de mayo de 2020, sólo fue trasladada desde la residencia Parque de los Frailes después de que mintiera a la geriatra de enlace –imputada en esta causa– diciéndole que la enferma podía caminar, cuando en realidad utilizaba un andador.

Ana Cristina Gómez reprodujo la conversación que había mantenido con una médica del hospital de Leganés. Ella le indicó que su tía, con deterioro cognitivo y en silla de ruedas, no podía ser enviada al Severo Ochoa “teniendo en cuenta sus patologías previas, su movilidad, esperanza de vida y grado de dependencia”. Falleció en su residencia el 9 de abril.