Los presupuestos también se le atragantan al PP: tres comunidades siguen con las cuentas de 2024 y tres las aprobaron con cesiones a Vox

"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que, cuando un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones". Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta y otras "medidas transformadoras" durante la rueda de prensa con la que ha arrancado, ahora sí, el curso político. Lo hace, dice, porque es una cuestión "de sentido común". El popular considera que "si un Gobierno no tiene respaldo suficientemente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir". 

Moncloa trabaja todavía con los presupuestos de 2022. Pedro Sánchez convocó elecciones hace dos años y lleva otros tantos sin alcanzar los acuerdos necesarios para desbloquear las cuentas del Estado. "Los presupuestos son un instrumento, no un fin. El fin es crecer. (...) Los vamos a presentar, vamos a pelear porque se aprueben. (...) Si nos tumban los presupuestos, seguiremos con los que tenemos", ha deslizado el presidente durante su entrevista de este lunes en el Telediario de La 1 de TVE. 

Este escenario lo situaría al borde de la salida, siempre según la propuesta del líder de la oposición. La idea solo se aplicaría a nivel estatal, tal y como ha explicado el líder del PP. Si llegase a extenderse fuera de las Cortes Generales, Sánchez no sería el único en esta tesitura. El retrato a nivel autonómico también es complejo. La Generalitat de Catalunya lleva sin renovar sus cuentas anuales desde 2023. Salvador Illa, no obstante, tomó posesión como president en 2024, es decir, no lleva realmente dos años con el gasto bloqueado. Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón, ambos barones del PP, también tendrían que renunciar a sus puestos y convocar elecciones si no consiguen aprobar los presupuestos de 2026. ¿El motivo? Castilla y León y Aragón se rigen todavía por las previsiones de 2024. Si no logran sacar adelante las cuentas de 2026, superarían la frontera de las "dos prórrogas presupuestarias". Y lo mismo le ocurriría a María Guardiola, aunque esta última presentó en febrero un decreto ley de medidas fiscales para maquillar la no actualización del gasto público.

Génova también ha sido crítica con las posibles cesiones de Moncloa a sus socios de investidura. "Si se aprueban los presupuestos será porque los socios le van a sacar lo que no podemos ni imaginar", advertía hace no mucho Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP. Lo que los populares no mencionan es que sus presidentes autonómicos tuvieron que rendirse en hasta cuatro comunidades y abrazar las exigencias de la extrema derecha. País Valencià, Murcia e Illes Balears tienen presupuestos actualizados porque sus presidentes pactaron recortes en materia migratoria o lingüística y tumbaron las leyes de Memoria Democrática. ¿Cómo está la situación en cada uno de los territorios? ¿Cuántas comunidades tienen asegurados sus presupuestos para 2026? ¿Qué avances sociales pueden correr peligro?

La garantía de las mayorías absolutas

Las preguntas son infinitas. Y las respuestas, todavía escasas. Las únicas que realmente tienen garantizado que todo va a salir según lo previsto son aquellas en las que los gobiernos autonómicos tienen mayoría absoluta. Galicia, por ejemplo, tiene previsto entregar su proyecto presupuestario "antes del 20 de octubre" para aprobarlo definitivamente antes de que termine el año. La Xunta presumía este verano de haber puesto en marcha la elaboración de sus nuevas cuentas "mientras que el Gobierno central" seguía "con prórrogas". Esta es la misma tesis que defienden desde Andalucía. "La Junta trabaja en las cuentas de 2026 mientras España carece de presupuestos desde 2023", declaró recientemente la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Moreno Bonilla. La Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha también arrancan el curso con la tranquilidad de que sus presupuestos recibirán el visto bueno de los respectivos parlamentos. 

Las regiones con gobiernos de coalición

Es parecida la situación en las comunidades con gobiernos de coalición. Y también en las que se han constituido gobiernos gracias a la abstención de terceras formaciones. El PP de Cantabria, sin ir más lejos, presentó el pasado mes de julio las normas para la elaboración de los presupuestos de 2026. Este es uno de los primeros pasos antes de la elaboración del anteproyecto y de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. La abstención del PRC de Miguel Ángel Revilla, clave el año pasado, volverá a ser necesaria para dar luz verde a las previsiones de la popular María José Sáenz de Buruaga. La foto cambia sustancialmente en Euskadi, Navarra, Canarias o Asturias. Los partidos que han favorecido cada una de las cuatro investiduras están dentro de los correspondientes Ejecutivos.

El PNV y los socialistas vascos han confirmado que su proyecto presupuestario de aprobará el 28 de octubre en el Consejo de Gobierno. El año pasado los dos partidos cerraron un acuerdo para sacar adelante unos presupuestos de 15.728 millones de euros. También Asturias publicó el pasado 6 de agosto las normas que rigen la confeccion de las cuentas autonómicas. Adrián Barbón se ha comprometido dos semanas después a reforzar además los fondos para la prevención y la gestión de incendios forestales. Lo esperable es que los presupuestos vuelvan a salir adelante con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, cuya diputada lleva toda la legislatura integrada en el Grupo Mixto.

Navarra aprobó las cuentas de 2025 con los síes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la marca de los morados en la Comunidad Foral. EH Bildu, por su parte, decidió abstenerse. Las previsiones autonómicas superaron entonces los 6.000 millones de euros. La aritmética parlamentaria no ha cambiado, por mucho que la derecha y la extrema derecha intentaran durante los últimos meses trasladar a la región el impacto del caso Cerdán. Canarias parece ir ligeramente más avanzada. El Gobierno de Fernando Clavijo publicó a finales de julio la orden que marca el comienzo de la elaboración de los presupuestos para el año 2026. "Es una garantía y un símbolo de la estabilidad del Ejecutivo regional", celebró entonces la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Coalición Canaria gobierna en el archipiélago con el apoyo del Partido Popular. 

Las que han pagado el peaje de la extrema derecha

El País Valencià, Illes Balears y Murcia cerraron 2024 con las cuentas prorrogadas, fruto de la incapacidad de sus dirigentes para sacar adelante unas nuevas previsiones de gasto. La supuesta ruptura de las relaciones con Vox, durante el verano de 2024, frustró sus planes iniciales. "Es bastante complicado [negociar con la extrema derecha]", confirman a Público fuentes solventes del partido en una de las comunidades donde los populares dependen de los de Santiago Abascal. Los tres Gobiernos autonómicos, eso sí, tuvieron que realizar importantes cesiones al partido ultra para conseguir la aprobación definitiva de sus cuentas. 

En el País Valenciá fue donde primero llegaron a un acuerdo. Mazón aprobó los presupuestos de 2025 en el mes de mayo, cinco meses después de lo previsto. Vox celebró públicamente el resultado de las negociaciones. El PP se comprometió a fomentar el regreso de personas migrantes a sus países de origen y terminó de comprar una política negacionista de la crisis climática y la violencia machista, además, impulsó una serie de recortes a la promoción del valenciano. El Govern tiene previsto presentar un nuevo proyecto, esta vez "en los plazos habituales", y poder aprobar las cuentas del próximo ejercicio "antes del 31 de octubre", tal y como confirman a Público desde la Conselleria de Hacienda y Economía. "El calendario está en marcha, la negociación posterior es otro tema", insisten las mismas fuentes. Lo previsible es que los populares vuelvan a tejer una alianza con la extrema derecha, que no ha avanzado aún sus líneas rojas. 

El Govern de Illes Balears llegó a un pacto con Vox en julio de 2025, tras más de seis meses con las cuentas prorrogadas. El PP había decidido antes de terminar 2024 retirar su proyecto presupuestario para no asumir los "chantajes inaceptables" de la cúpula nacional de los de Abascal. El giro de guion llegó en pleno verano y supuso importantes retrocesos en cuestiones migratorias, climáticas y lingüísticas. Los populares también se comprometieron a derogar la Ley de Memoria Democrática, pese a haber alcanzado previamente otro pacto con los partidos de izquierdas para mantenerla en vigor. "La derogación está registrada en el parlament y solo falta que la incluyan en el orden del día. La tumbarán este otoño", denuncian las asociaciones memorialistas del archipiélago. Vox volverá a ser indispensable para sacar adelante las cuentas del próximo año. 

El escenario es similar en la Región de Murcia. Los presupuestos se aprobaron también en julio de 2025, gracias a la abstención de la extrema derecha. El PSOE denunció entonces "cesiones" como el cierre de los centros para menores migrantes y la eliminación de los programas de integración social. López Miras también abrazó otras medidas como la eliminación de las subvenciones que reciben los sindicatos y el distanciamiento de las políticas verdes europeas. El PP intentará este año respetar los plazos y no tener que prorrogar las cuentas de 2025. 

Y las que tienen las cuentas caducadas

Distinta es la situación de Castilla y León, Aragón o Extremadura. Y también la de Catalunya. La primera de las comunidades está gobernada en solitario por el Partido Popular. Mañueco y la extrema derecha rompieron relaciones en 2024, pero no hubo convocatoria electoral y los votos de Vox siguen siendo necesarios para sacar adelante cualquier medida. La Junta tiene previsto buscar apoyos y aprobar antes de que termine el año los presupuestos para 2026. Así lo confirman a Público fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, desde donde también recalcan que "la primera carga está hecha" y que siguen pendientes de conocer el techo de gasto no financiero. El resultado de la ronda de contactos, no obstante, dependerá de las voluntades políticas, precisa el Ejecutivo de Castilla y León. El PSOE, por su parte, ha tendido su mano y ha pedido en varias ocasiones "dejar de perder el tiempo". Mañueco tuvo que firmar hasta cuatro prórrogas presupuestarias en las últimas seis legislaturas.

Aragón también ha tenido que ampliar los presupuestos de 2024 y, a mitad de año, descartó pactar con la extrema derecha para poner el foco directamente en las cuentas de 2026. Al menos, eso es lo que refleja la versión oficial. Jorge Azcón llevará este mes al parlamento su propuesta de techo de gasto para poner en marcha los posteriores trámites y buscar los apoyos necesarios en la cámara autonómica. "Buscaremos las mayorías correspondientes a las urnas de 2023", recalcan a Público desde el PP de Aragón. Esa mayoría es la que conforman la derecha y la extrema derecha. "No barajamos otro escenario que el de aprobar presupuestos en 2026", insisten las mismas fuentes. Las posibles cesiones son de momento un misterio. 

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Samuel Martínez

Extremadura tiene una hemeroteca algo más compleja. El PP y Vox llegaron en un primer momento a un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2025. El pacto, no obstante, saltó por los aires en diciembre de 2024. María Guardiola, habida cuenta de que sin el apoyo de Vox no podría sacar adelante los presupuestos, retiró el texto de sede parlamentaria. Los populares buscaron entonces el sí del PSOE, pero tras varios acercamientos, las dos formaciones decidieron paralizar las conversaciones. Como alternativa, Guardiola decidió presentar un decreto ley de medidas fiscales y prorrogar paralelamente las cuentas. El precio a pagar por este paquete tributario fue la derogación de la Ley de Memoria de Extremadura. Catalunya, por último, lleva dos años con los mismos presupuestos, habida cuenta de que los catalanes tuvieron una cita con las urnas de por medio. El Govern, eso sí, concedió un suplemento de crédito a las cuentas de 2023. La reunión de este martes entre Salvador Illa y Carles Puigdemont tal vez permita desencallar las negociaciones y caminar, por fin, hacia unos nuevos presupuestos, tanto en Catalunya como en el Estado.