El Gobierno acumula en el Congreso 29 leyes propias a la espera de una mayoría que las respalde

El Gobierno de coalición tiene una misión en septiembre que es la misma que tuvo el septiembre pasado. Descartada la posibilidad de hacer de la mayoría de investidura un bloque sólido, el Ejecutivo sí necesita recoserla para sacar adelante un buen número de leyes que ya ha aprobado el Consejo de Ministros y que quedarán en papel mojado si no logra una mayoría parlamentaria suficiente que las respalde. Si Pedro Sánchez quiere apuntalar ese grado de cumplimiento del 45% de sus compromisos del que habló en el balance del pasado lunes, debe trabajar para que hasta 29 proyectos de ley pasen de las Referencias que publica el Consejo de Ministros al BOE.

El Ejecutivo considera compromisos cumplidos —toda vez que ya ha hecho todo lo que está estrictamente en su mano— aquellos proyectos de ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros, han sido remitodos a la Cámara Baja y han empezado su tramitación o lo harán en algún momento. Sin embargo, son leyes que todavía no están aprobadas. Necesitan del aval de una mayoría parlamentaria que siempre es difícil de aunar.

Por el momento, el Congreso ha aprobado ya desde que empezó la legislatura un total de 42 iniciativas legislativas (la reforma del artículo 49 de la Constitución, 23 leyes y 18 Reales Decretos-ley). Fuentes de Moncloa explicaron a Público que el Gobierno no tiene una única estrategia para llevar a votación las distintas leyes, conscientes de "lo compleja que es en esta legislatura la aritmética". Algunas veces prefieren negociar con anterioridad con los grupos y no llevar una ley hasta que tiene los apoyos más o menos asegurados. Otras se decantan por forzar las votaciones precisamente para presionar. "Si quieren votar en contra a medidas correctas, que la gente lo vea", dicen.

Entre los proyectos de ley que el Gobierno tratará de sacar adelante en el Congreso en los dos años que restan de legislatura —además de otros que estén por venir y de proposiciones de ley que están promoviendo los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar— tiene especial cartel la reducción de la jornada laboral que persigue Yolanda Díaz, pero en el montón de carpetas que se van acumulando hay otras leyes como la que obligará a los lobbies a ser más transparentes, la de Economía Social, la reforma del acceso a la carrera judicial o una con la que el Ejecutivo busca reforzar la prevención del consumo de alcohol entre los la población menor de edad.

Una ley en la recta final

Una de todas esas leyes se encuentra ya en la última fase de la tramitación parlamentaria antes de someterse a la votación final de la Cámara Baja. Es la Ley de Movilidad Sostenible, que el Gobierno esperaba llevar a Pleno antes del verano, pero que mantuvo en el cajón al avisar Podemos de que no contaba con sus votos. Se trata de un proyecto de ley que ha precisado de una gran negociación parlamentaria por todas las enmiendas registradas por los distintos grupos parlamentarios.

Siete leyes en estado avanzado

Otras siete leyes se encuentran en este momento en fase de ponencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya han superado el período de enmiendas, es decir, que los grupos han registrado sus enmiendas y se han votado. En la ponencia, un grupo reducido de diputados conformado por las mismas mayorías que el arco parlamentario redacta un informe que es el que se debatirá, posteriormente, en la comisión parlamentaria, de donde, a su vez, emana un dictamen que es el que se somete a votación de forma definitiva en el Pleno del Congreso.

Entre esas normas se encuentran la Ley de Economía Social; la trasposición de una directiva europea para afianzar la transparencia en las condiciones laborales; la creación de una Oficina de Derechos de Autor o de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero —que trabajaría para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes—; una ley para modernizar la Administración Pública; otra para regular los servicios de atención al cliente y asegurar su calidad y una última, que es de las más polémicas: la reforma de las carreras judicial y fiscal.

El Ministerio de Justicia quiere introducir, a través de esta ley, una prueba escrita anónima para el acceso a la carrera judicial, la grabación de los exámenes orales para reforzar la objetividad de los mismos o una nueva composición de la Comisión de Ética Judicial. Los jueces y fiscales fueron tres días a la huelga por su descontento con la reforma.

19 leyes encalladas en la fase de enmiendas

Por otra parte, hay casi una veintena de leyes que se encuentran navegando en la fase de enmiendas, un período que puede ir ampliándose cuando lo decide la mayoría progresista de la Mesa del Congreso y que en algunos casos parece proyectarse hasta el infinito. Son leyes que no suelen presentar expectativa de acuerdo y cuya tramitación se eterniza, pero que en muchas ocasiones esconden procesos de negociación discretos.

El ejemplo paradigmático de ese limbo es la Ley de Familias, que lleva ya 54 ampliaciones del plazo de enmiendas. También varadas en una situación similar se encuentran dos proyectos de ley que reforman el Sistema Nacional de Salud, el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (con el principal objetivo de descarbonizar la economía y proteger al consumidor), otro para que las empresas divulguen cuál es su contribución a la sostenibilidad medioambiental u otro de reindustrialización (con el foco en la atracción de las inversiones extranjeras).

Tres cuartos de lo mismo ocurre con un proyecto de ley para proteger los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, la iniciativa para proteger a los menores en los entornos digitales, otra para prevenir el consumo de los mismos de bebidas alcohólicas o la archiconocida reducción de la jornada laboral, que acumula ya siete ampliaciones de su plazo de enmiendas al no alcanzar, de momento, un acuerdo Sumar con Junts per Catalunya, que sigue decidido a tumbar la iniciativa.

Otra de las leyes que todavía no han conseguido superar el proceso de enmiendas es una que contempla obligar a que se celebren debates electorales y a que las encuestas publiquen el método y los datos con los que se han elaborado. En la misma situación se encuentran el Proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Crédito, una reforma para hacer más eficaz la la legislación en materia tributaria, y otra reforma, en este caso por partida doble, de las leyes de dependencia y discapaciadad. Con ella, el ministerio de Pablo Bustinduy quiere mejorar tanto los servicios que se prestan en ese ámbito como las prestaciones.

Este es un caso menos extremo, toda vez que la ley ha entrado hace poco en el Congreso y solo se ha ampliaco una vez su plazo de enmiendas.

Además, la ley con la que el Gobierno quiere forzar a los lobbies a cumplir una serie de normas de transparencia, dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y otra iniciativa para modificar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y modernizar el sector náutico en España también se encuentran congeladas y sin noticias de que vayan a llevarse pronto a Pleno.

Dos leyes recién remitidas al Congreso

Por último, hay dos proyectos de ley que acaba de remitir el Consejo de Ministros al Congreso y que por el momento es difícil predecir el grado de entusiasmo con el que los recibirá el resgo de los grupos. Una de ellas es la Ley de Información Clasificada, elaborada para sustituir la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno explica que esta norma deberá compatibilizar la clasificación de información sensible con el derecho a la trasparencia de la ciudadanía. De salir adelante la ley, se establecerá por primera vez en España un sistema de desclasificación automática.

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El otro es el proyecto de ley de gobernanza y de ordenación de  los medios de comunicación. Se trata de un cajón de sastre que incluye en sí misma reformas de varias leyes. En cualquier caso, los grandes objetivos de la iniciativa son incrementar la protección de los usuarios de los medios de comunicación en el espacio digital en cualquiera de sus dimensiones (los propios medios, redes sociales, proveedores de red, servicios de alojamiento, etcétera) y aumentar el nivel de rendición de cuentas de los medios de comunicación en lo referente a su propiedad y también a la financiación pública que reciben.