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Los progresistas del Constitucional respaldarán la ley del aborto y no aceptarán ninguna restricción

El juez conservador Enrique Arnaldo, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, aún no ha entregado el borrador. Pero el bloque progresista ya ha adelantado que no permitirá cualquier elemento que limite la norma.

(I-D) El juez Ramón Sáez Valcárcel; el juez Enrique Arnaldo; el juez César Tolosa; la magistrada Laura Díez; el juez Juan Carlos Campo Moreno; la jueza María Luisa Segoviano; la jueza Concepción Espejel; la jueza María Luisa Balaguer Callejón; la jueza In
(I-D) Imagen del primer Pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a 24 de enero de 2023. Alberto Ortega / EUROPA PRESS

El sector progresista del Tribunal Constitucional dará su visto bueno a la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho. En el pleno del órgano de garantías que se celebrará previsiblemente el próximo 7 de febrero, los magistrados debatirán el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010 contra la norma. 

El bloque progresista, que conforma la mayoría en el tribunal, pretende sacar adelante una sentencia sobre esta materia de manera consensuada, pero sin ceder y, por lo tanto, que se condicione el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

No obstante, el juez conservador Enrique Arnaldo, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, aún no ha entregado el borrador. Pero los progresistas ya han adelantado, según recoge el diario El País, que no permitirán cualquier elemento que restrinja el derecho.

La norma —recogida en el BOE como Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo— permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin necesidad de justificación. Después de ese periodo, el aborto sólo es posible en casos de riesgo para la salud o vida de la mujer, malformaciones fetales graves o situaciones de violencia sexual. 

La legislación también garantiza el acceso a información y servicios de salud relacionados con la salud sexual y reproductiva y establece la obligación de garantizar la confidencialidad y protección de la privacidad de la mujer en todo momento.

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