Una de las atribuciones del Tribunal Constitucional (TC) es no tener que dar explicaciones sobre el retraso en la resolución de los recursos que le llegan. Teniendo esto en cuenta, se calcula que son en torno al centenar los asuntos que aguardan sentencia. Algunos incluso más de una década, como el recurso del PP por la ley del aborto de 2010, que el próximo 7 de febrero se abordará, por fin, en el tribunal.

El plan del nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desencallar los asuntos más delicados desde el punto de vista político desvela que muchos de ellos, bajo el criterio de los últimos presidentes conservadores, han dormido el sueño de los justos por temor a que su resolución pudiera acabar afectando al partido afín. 

Y un ejemplo perfecto es el citado recurso del PP contra la actual ley de plazos, que está a punto de llegar a su final, pues el Senado tramita una nueva norma más beneficiosa para las mujeres. La difícil postura de los conservadores en un asunto con amplia aceptación social, como el derecho al aborto, está detrás de la tardanza de casi 13 años para que el Constitucional tome cartas en el asunto.

Conde-Pumpido ha señalado para febrero y marzo los recursos que el TC tiene que resolver en primer lugar: para el primer pleno de febrero (7,8 y 9) se resolverá el recurso del aborto, con ponencia del conservador Enrique Arnaldo; para el segundo pleno de febrero (los días 21, 22 y 23) se deliberará sobre otra conquista social largamente esperada, la eutanasia, recurrida la ley, que entró en vigor en junio de 2021, por el PP y Vox. El ponente será el propio Conde-Pumpido.

Y para el primer pleno de marzo (los días 7, 8 y 9) el pleno del TC resolverá el recurso del PP contra la ley de educación en vigor, conocida como ley Celaá por la ministra que la impulsó. La ponencia será a cargo de la nueva magistrada Laura Díez. 

Interés constitucional por el escaño de Rodríguez

Los recursos de amparo presentados en febrero de 2022 por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la pérdida de su escaño y la condena del Supremo por propinar una patada a un policía en una manifestación años atrás serán los siguientes en la lista, según prevén fuentes del TC, pero sin fecha aún. Estas fuentes estiman que el presidente podría señalar el segundo pleno de marzo para uno de los recursos de Rodríguez. 

Rodríguez fue privado de su acta de diputado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el 22 de octubre de 2021, tras una polémica condena del Supremo, días antes. 

De la ponencia sobre el recurso por la condena se encargará la magistrada María Luisa Segoviano, mientras que sobre la pérdida del escaño será ponente María Luisa Balaguer. 

El hecho de que María Luisa Segoviano haya sido hasta su reciente jubilación  vocal de la Junta Electoral Central (JEC) podría complicar su ponencia por una probable recusación de Alberto Rodríguez, ya que la magistrada fue quien expidió la credencial de diputada a Fátima González en sustitución de Rodríguez, que González no aceptó finalmente. Es decir, que Segoviano podría estar 'contaminada' para proponer una sentencia en el caso de la condena del exparlamentario de Podemos. 

La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional indicó hace meses que la retirada del escaño de Alberto Rodríguez vulneró su derecho fundamental a ocupar un cargo público y a no ser apartado de él si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, por lo que aboga por reestablecer "íntegramente" ese derecho. Y en este punto se abre otra incógnita porque la Fiscalía recrimina a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, haber optado por la retirada del acta de diputado. Hay que recordar que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, le insistió a Batet para que tomara esa medida. 

Y Meritxell Batet es pareja de Juan Carlos Campo, nuevo magistrado del Constitucional y exministro de Justicia, por lo que se atisba una nueva abstención de este magistrado tras la anunciada en los recursos de Vox, PP y el diputado popular Alberto Casero por la decisión de Batet de dar por bueno el resultado de la votación sobre la reforma laboral pese a la insistencia de Casero en que su error al votar, y con ello lograr que la norma quedara aprobada, no se debió a un fallo humano. 

La mayoría progresista, mermada por las recusaciones

No se espera que la nueva mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, con siete votos a cuatro, vaya a ser un camino de rosas. En el pleno del próximo martes se visibilizará la cascada de recusaciones y las primeras abstenciones de los magistrados progresistas recién llegados. 

Juan Carlos Campo ha propuesto su abstención también en el recurso de Vox contra la ley del 'sólo sí es sí', cuya admisión a trámite se estudia en dicho pleno. Campo era el ministro de Justicia cuando se redactó la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, a la que incluso puso pegas desde el punto de vista técnico pero que acabó defendiendo. 

Por su parte, la magistrada Laura Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia, con el ministro Bolaños, ha decido abstenerse en el recurso que presentaron PP y Ciudadanos contra la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas, del que Conde-Pumpido le había encargado la ponencia.

La decisión de Díez sobre su abstención está motivada porque firmó el pasado verano dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, en calidad de vicepresidenta del órgano, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma. 

La senda de las abstenciones y las recusaciones en el nuevo TC también señala al propio Conde-Pumpido por su cargo de fiscal general del Estado en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Como tal, participó en la redacción del informe preceptivo del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la ley del aborto de Zapatero, cuyo recurso se va a estudiar ahora.

El derribo de la Isla de Valdecañas

En el mismo pleno se abordará la recusación del magistrado conservador Ricardo Enríquez por parte de los Ayuntamientos extremeños de El Gordo y Berrocalejo en el contexto del recurso de amparo que las dos corporaciones, la Junta de Extremadura y varios propietarios presentaron contra la sentencia del Supremo que obliga al derribo completo y no parcial del complejo residencial tipo resort conocido como Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) por delito medioambiental.

Antes de resolver el recurso, el TC debe estudiar si la recusación de Enríquez está fundamentada. El pasado mes de diciembre, el pleno del Constitucional aprobó por seis a cinco la admisión a trámite del recurso de amparo. Entre los magistrados que votaron en contra se encuentra Enríquez, que en un voto discrepante adujo que los recurrentes no tenían razón al invocar la lesión de su derecho a un juez imparcial. 

Según Ricardo Enríquez, los denunciantes habían tenido que alegar que dos de los magistrados del Supremo que firman la sentencia del derribo podrían estar 'contaminados' antes de que la sentencia se promulgara y no después, como han hecho en el recurso de amparo ante el TC.

Los recurrentes han denunciado que los magistrados Inés Huerta y Wenceslao Olea Godoy debían haberse inhibido, ya que ambos habían fallado en contra de la Isla de Valdecañas con anterioridad, tanto en el Supremo, en el caso de Inés Huerta, como en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el caso de Olea, en el largo proceso judicial que inició la organización Ecologistas en Acción.